A 18 días de su celebración, el referéndum catalán sigue sumando «trabas» del Gobierno español

La fiscalía de Cataluña ordenó este martes a las fuerzas de seguridad que requisen las urnas y todo el material destinado a la preparación del referéndum unilateral de secesión convocado por el gobierno catalán para el próximo 1 de octubre.

El plebiscito fue previamente prohibido por el Tribunal Constitucional español. Dicho Tribunal también suspendió de forma cautelar la ley de “desconexión” aprobada la semana pasada por el Parlamento de Cataluña, cuyo objetivo es regular la transición en caso de ganar el SÍ en el referéndum.

El pasado lunes se celebró el Día Nacional de Cataluña con una masiva manifestación que respaldó la convocatoria del gobierno local. La policía catalana cifró en un millón de personas la participación.

A pesar de todas las adevertencias y prohibiciones del gobierno central de España el presidente catalán, Carles Puigdemont, reiteró este martes que lo único que puede evitar el referéndum del 1 de octubre es que el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, acepte dialogar para llevar a cabo un referéndum pactado.

“Tenemos un referéndum dentro de 19 días y tiraremos hacia adelante”, afirmó Puigdemont en entrevista con la radio RAC1. “Si el señor Rajoy quiere hablar de esta situación hoy mismo o mañana, estoy dispuesto a reunirme con él y lo he dicho y lo volveré a decir hasta el último minuto”, explicó. Rajoy por su parte volvió a negarse a la posibilidad de acordar un referéndum «simplemente porque va contra la ley».

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— Carles Puigdemont (@KRLS) 13 de septiembre de 2017

Mientras tanto el fiscal Superior de Cataluña, José María Romero de Tejada, convocó al jefe de los Mossos d’Esquadra (policía catalana), Josep Lluis Trapero, y los máximos mandos de la Policía Nacional y la Guardia Civil española, Sebastián Trapote y Angel Gonzalo, respectivamente, para trasmitirles directivas concretas tendientes a evitar el referéndum.

A través de un comunicado el Ministerio Público explicó que la orden afecta a todas las unidas de de la policía judicial, es decir, los tres cuerpos de seguridad, que deben actuar ante cualquier acto ejecutado por autoridades, funcionarios o particulares en connivencia con aquellos dirigidos a preparar y celebrar del referéndum de autodeterminación ilegal.

Ahora los Mossos d’Esquadra deberán decidir si van cumplir las órdenes de los jueces, en virtud de su condición de policía judicial, o si serán leales al gobierno catalán y protegerán la celebración del referéndum. Puigdemont se refirió a esa situación y solicitó que no se involucre a los Mossos, ya que la policía no debe hacer política. De todas maneras sugirió que la policía catalana acompañará al gobierno: “si tienen que elegir entre retirar las urnas y proteger, tendrán sus prioridades”, expresó.

Este miércoles el fiscal general del Estado español, José Manuel Maza, envió una instrucción a los fiscales de Cataluña para que soliciten la citación como investigados (imputados) a todos los alcaldes que han firmado un decreto para ceder locales para celebrar el referéndum y en caso de que no comparezcan, reclamen su detención.

Madrid «por el derecho a decidir»

Este domingo habrá en Madrid un acto convocado por la plataforma ‘Madrileños por el derecho a decidir’ en favor del referéndum catalán.

«El acto del día 17 es una defensa de los cambios políticos que se necesitan para enfrentar al régimen del 78, esto no va de independencia sí o independencia no, sino de democracia sí o democracia no», explicó Elena Martínez, portavoz de la plataforma en la rueda de prensa.

Manifiesto de La Plataforma Madrileños Por El Derecho a Decidir by LARED21 on Scribd

Este martes el juez José Yusty Bastarreche suspendió la realización de dicho acto. Desde la plataforma denunciaron que esa decisión fue una censura que revela la «involución democrática» del país. A su vez defendieron el derecho de autodeterminación de los pueblos.

Según explicaron el acto no podrá celebrarse en un local municipal porque es lo que prohíbe el juez, pero que están haciendo gestiones para su celebración en nuevos locales.

Los portavoces de la plataforma expresaron que «el recurso del PP y la prohibición del juez suspenden un acto administrativo como es la cesión de un espacio público, pero no la celebración del evento».