FBI investigará la muerte de la fiscal antidrogas boliviana

Seis agentes del FBI arribaron ayer a Bolivia para apoyar a la Policía local en la investigación del atentado en el que murió la fiscal Mónica Von Borries, el viernes, al explotar su vehículo.

La local radio Panamericana informó que los agentes del FBI arribaron ayer a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, 1.200 kilómetros al este de La paz, donde ocurrió el atentado, e inmediatamente se reunieron con el jefe de la Policía departamental de esa ciudad, Freddy Soruco.

Según las primeras investigaciones de la Policía local, el ministro de Gobierno (Interior) de Bolivia, Alfonso Ferrufino, explicó que la explosión del vehículo de Borries fue causada por «una dinamita gomosa y mecha lenta» colocada debajo de su automóvil, dos minutos y medio antes que la fiscal le diera arranque.

El funcionario también anunció que fueron puestas en libertad las dos personas detenidas, un estadounidense y una peruana, por falta de pruebas.

Von Borries se había ocupado de los casos más importantes en materia de narcotráfico, la lucha contra el contrabando y el tráfico de tierras.

La fiscal había procesado, por ejemplo, al italiano Marco Marino Diodato, quien fue condenado a 10 años de prisión por narcotráfico y que a sólo cuatro meses de cumplir la mitad de su sentencia huyó de una clínica, en enero último, donde era atendido por problemas en el corazón.

Sin embargo el último caso en el que trabajó la fiscal estaba relacionado con el fraccionamiento de tierras para pagar menos impuestos al Estado por parte de un grupo empresarial influyente, compuesto por boliviano y chilenos.

Entre los involucrados están los bolivianos Andrés Petricevic, ex ministro de Transportes (1985-1989) y el diputado Jorge Valdes Añez (ambos del Movimiento Nacionalista revolucionario, partido del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada).

Los chilenos involucrados en la maniobra ilegal son Francisco Pérez Yoma, hermano del ex cónsul de Chile en Bolivia, Edmundo Pérez Yoma, Carlos Urenda Zegers y Francisco Urenda, todos acusados de estafar al Estado en alrededor de medio millón de dólares. El grupo empresarial boliviano-chileno compró 5.167 hectáreas en la región de «Los Pocitos», al norte de la ciudad de Santa Cruz, pagando al Estado la suma de 436 dólares, cuando el precio real era de 580.000 dólares. *