Asediada por causas judiciales, Cristina Kirchner arrancó su campaña electoral

Usando un formato que ya estrenó en hace unas semanas, en la cancha de Arsenal, bastante semejante a la de Mauricio Macri, Cristina Kirchner lanzó su campaña en Mar del Plata, a 415 kilómetros al sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Unos 1.400 invitados especiales y militantes aplaudieron cada tanto el largo y recurrente discurso en el que Fernández de Kirchner invitó varias veces a personas a que subieran a escenario a contar historias inspiradoras o relacionadas al partido. Se hizo rodear por trabajadores, pequeños empresarios y profesionales que contaron cómo cambiaron sus vidas «para mal» después de la llegada de Mauricio Macri a la presidencia de la República.

Sus invitados, todos marplatenses, hablaron unos cincuenta minutos, mientras que la ex presidenta discursó menos de diez minutos: “Hay una esperanza, y es su voto, que va a servir para parar tanto dolor y sufrimiento -dijo en tono atribulado-, debe ser un voto en defensa propia, un voto en defensa de ustedes mismos”, les pidió la precandidata.

Asediada por la Justicia

La ex presidenta tiene tres procesamientos y dos pedidos de indagatoria en proceso, pero eso no parece representarle un problema moral o legal para seguir con su campaña política.

Kirchner, quien fuera mandataria de Argentina entre diciembre de 2007 y diciembre de 2015, disputa una bancada en la Cámara Alta por la provincia de Buenos Aires, después de haber estado refugiada en la provincia de Santa Cruz, lejos del barullo político de Buenos Aires.

El pasado 23 de marzo, el juez Claudio Bonadío elevó a la Justicia la causa contra Cristina por el tema dólar futuro, luego de la solicitud del fiscal Eduardo Taiano, tipificado como «defraudación contra la administración pública. Está procesada junto con otras 14 personas, entre los que destacan Axel Kicillof, su ex ministro de Economía y autoridades del Banco Central y de la Comisión Nacional de Valores de su mandato. Durante la instrucción, se determinó que la pérdida para el Banco Central por dicha operación fue de 55 mil millones de pesos argentinos.

Kirchner ha sido relacionada en distintas ocasiones al empresario Lázaro Báez y otros funcionarios de su Gobierno, como Julio De Vido y José López. Fue procesada por asociación ilícita, con un embargo de 10.000 millones de pesos. La causa la inició en 2008 la diputada Elisa Carrió, y tuvo pocos avances hasta el año pasado, cuando se reactivó tras una presentación de Vialidad Nacional, en donde trascendió que Lázaro Báez recibió 52 licitaciones por parte del Gobierno K. Dichas adjudicaciones representaron un perjuicio para el Estado de 46.000 de pesos argentinos. Se detectaron sobreprecios del 65%, anticipos de obra que sobrepasaban el 30% (siendo este el máximo por ley), falta de controles estatales y dudas profundas en la calidad de los trabajos.

La empresa inmobiliaria Los Sauces S.A., propiedad de Cristina, junto con sus hijos Máximo y Florencia Kirchner, es investigada por lavado de dinero. Este años, el juez Bonadio los procesó como «jefes de una banda organizada para la devolución o retorno» que «se hacía mediante contratos de alquiler de propiedad a esta empresa». Se les embargaron 130 millones de pesos argentinos a la ex presidenta, así como 100 millones a Florencia.

La empresa tuvo como sus principales inquilinos a Cristóbal López (63% de la facturación) y a Lázaro Báez (23% de la facturación), ambos quedaron procesados por asociación ilícita y lavado de activos.

También están en proceso las causas Hotesur S.A., empresa dueña del Hotel Alto Calafate, en donde se presume hubo lavado de dinero por parte de Cristina, Lázaro y Martín Báez. La compañía está sospechada de inflar sus libros contables, pues algunas veces el hotel aparecía lleno en sus datos de contabilidad, pero físicamente estaba prácticamente vacío. Desde 2008, el alquiler de habitaciones de lujo al Gobierno argentino costó US$2.543.684.

La famosa «Ruta del dinero K» también está en proceso, y Cristina es una de las principales imputadas. El fiscal Guillermo Marijuan fue enfático al asegurar que Cristina Kirchner «no puede negar, bajo ningún punto de vista, los numerosos vínculos que demuestran su inexorable sociedad delictual con Lázaro Antonio Báez”.

Lázaro Báez ya fue procesado dos veces por la causa, pero se presume que Cristina podría haber sido «coautora de lavado de dinero» por tener «responsabilidad decisiva» en los actos gubernamentales que favorecieron a Báez para ganar 52 contratos viales por un total de 46.000 millones de pesos argentinos.

El último proceso que pesa sobre la cabeza de la ex presidenta es el del asesinato del fiscal Alberto Nisman, quien estaba investigando el atentado a la sede de la AMIA, en Buenos Aires. Se ha pedido que se incorpore a la causa los delitos de «traición a la patria» y de «omisión funcional de perseguir delincuentes».