BRASIL

Janot pide a la Corte Suprema que declare inconstitucional la ley de tercerización de Temer

El fiscal general Rodrigo Janot solicitó este martes que se declare inconstitucional la ley de tercerización de Temer. Mientras tanto la Comisión de Constitución y Justicia (CCJ) del Senado votará hoy sobre la reforma laboral impulsada por mandatario.

Janot pide a la Corte Suprema que declare inconsitucional la ley de tercerización de Temer.
Janot pide a la Corte Suprema que declare inconsitucional la ley de tercerización de Temer.

La Fiscalía brasileña solicitó a la Corte Suprema que declare inconstitucional la polémica ley de «tercerización» laboral sancionada en marzo de este año por el presidente Michel Temer.

Dicha ley es defendida por las patronales y duramente criticada por los sindicatos, ya que autoriza a las empresas a contratar trabajadores tercerizados para todas sus actividades, algo que antes solo era permitido para algunas labores muy específicas.

Según la Fiscalía la ley «abre espacio para que miles de puestos de trabajo directo sean sustituidos por mano de obra temporal y empleos tercerizados», los cuales tendrían una «protección social muy precaria».

«Viola el régimen constitucional de empleo socialmente protegido, además de vaciar los derechos fundamentales conferidos al trabajador», explica en su argumento la Fiscalía que advierte sobre el «riesgo social» que representa dicha medida.

La ley de tercialización es solo una del paquete reformas neoliberlaes impulsadas por el Gobierno de Temer «para rescatar» a Brasil de la crisis económica.

A mediados de mayo estalló una crisis política en Brasil que tiene a Temer al borde de la destitución luego de que se divulgara un audio donde aparece avalando un soborno para Eduardo Cunha, preso por corrupción. Esa grabación junto a otras pruebas llevaron a que la Fiscalía General presentara una denuncia formal contra el mandatario por corrupción pasiva, y se espera que en los próximos días también sea denunciado por obstrucción a la justicia y participación en una organización criminal.

Esa crisis paralizó por un tiempo el trámite en el Congreso de otras importantes reformas, como la laboral y la del sistema de pensiones y jubilaciones, que también son fuertemente rechazadas por los trabajadores y la población general, y avaladas por los empresarios.

La Fiscalía brasileña ya criticó el proyecto de ley para modificar el sistema de pensiones, el cual endurece las condiciones para acceder a esa prestación, al afirmar en un comunicado que contiene «violaciones constitucionales» que pueden ser objeto de «procesos judiciales».

Reforma laboral

Este miércoles el Senado Federal brasileño retomará la discusión sobre la reforma laboral que fue aprobada el pasado mes de abril por la Cámara de Diputados y la Comisión de Asuntos Económicos de la Cámara alta.

La reforma sufrió un revés recientemente cuando fue rechazada por la Comisión de Asuntos Sociales del Senado, por diez votos contra nueve pero se espera que el pleno del Senado, donde Temer todavía tiene mayoría la apruebe.

De todas maneras para la oposición la negativa lograda en la Comisión de Asuntos Sociales da esperanza de que pueda ser rechazada complemente. «Fue un balde de agua fría en la base (legislativa) del gobierno», apreció entonces el director del Departamento Intersindical de Asesoría Parlamentaria (DIAP), Antonio Augusto de Queiroz.

En su opinión ese revés presentó ahora un escenario un poco diferente, y evidenció la fragilidad del Ejecutivo tras la crisis política y su ilegitimidad para llevar adelante las reformas.

Por su parte el presidente de la Central Única de Trabajadores (CUT), Vagner Freitas consideró que ese resultado «es una demostración cabal de que la movilización y la presión constituyen el arma más eficaz de la clase trabajadora contra los desmontes sociales, laboral y del sistema de pensiones que Temer y su clase quieren imponer».

El dirigente sindical destacó la importancia de continuar y reforzar las movilizaciones en los estados y municipios, principalmente en las bases de los senadores que forman parte de la Comisión de Constitución y Justicia (CCJ) que votará hoy sobre la ley.

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