Familiares contra mesa de diálogo en Chile

Santiago, AFP

«Nosotros no estamos de acuerdo con lo que se está gestando», dijo a la AFP la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Viviana Díaz, al conocer que el diálogo entre las partes entró a su etapa final.

Esta posibilidad se acentuó en las últimas horas, mientras la defensa del general Pinochet apeló el viernes ante la Corte Suprema para que revoque su desafuero parlamentario, confirmado el lunes por la Corte de Apelaciones de Santiago.

«Nos parece realmente extraño que cuando la Corte Suprema tiene que ver la apelación de Pinochet para desaforarlo se esté buscando con tanta urgencia una salida por parte de la mesa de diálogo», señaló la dirigenta.

«¿Por qué razón con aquellos que mataron y cometieron crímenes contra la humanidad y no solamente detuvieron, torturaron, asesinaron e hicieron desaparecer a nuestros familiares y nos han mantenido más de 20 años en la incertidumbre, se van a buscar caminos para que entreguen la información a cambio de que no van a ser sometidos a proceso?», preguntó Viviana Díaz.

Pinochet, que enfrenta 113 querellas por los crímenes atribuidos a agentes de su régimen, fue privado de su inmunidad como senador vitalicio en la Corte de Apelaciones, que acogió la «sospecha fundada» de su responsabilidad en 19 «secuestros permanentes» de presos políticos cuyos restos nunca fueron encontrados.

Desde el miércoles pasado, la mesa de diálogo que se instaló hace 10 meses, aceleró sus sesiones de trabajo con el propósito de alcanzar un acuerdo, sobre la base de «un mecanismo» que propuso la abogada Pamela Pereira, en nombre de las organizaciones humanitarias.

Aunque los alcances de la propuesta se mantuvieron en reserva, fuentes consultadas por la AFP indicaron que ella abre un camino para que los militares entreguen información sobre el paradero de 1.198 presos políticos desaparecidos durante el régimen de Pinochet, entre 1973 y 1990.

«Es un procedimiento que tiene en cuenta la sensibilidad de las víctimas, es decir el logro de verdad y justicia, y los intereses permanentes de las Fuerzas Armadas», señaló la abogada, sin entregar más antecedentes.

«Nosotros creemos que la impunidad no ayuda al país. Acá los mecanismos existieron siempre para entregar la información y no entendemos por qué hoy día se les tendría que garantizar una manera de no comparecer ante un tribunal para que entreguen la información», expresó la dirigenta de los familiares de detenidos desaparecidos.

El ministro de Defensa Mario Fernández, que preside la mesa de diálogo, adelantó que el inminente acuerdo se traducirá en proyectos de ley, que el gobierno del presidente Ricardo Lagos someterá a la consideración del Parlamento. «Para que nuestros acuerdos se materialicen son necesarias reformas legales», indicó el ministro. Esas reformas, según trascendió, aceptarían como una «verdad histórica» la muerte de los desaparecidos y establecerían un puente para la entrega de información sobre los lugares clandestinos donde fueron enterrados.