Después de la huelga

La huelga ha sido más fuerte que las escasas que en un decenio le hizo el movimiento obrero tradicional a Carlos Menem, a pesar que aplicó «cirugía sin anestesia» en el desguace del Estado y con la apertura y la desregulación económica que sepultó a gran parte de la industria nacional y, como una de sus consecuencias, la masiva desocupación, el debilitamiento de los sindicatos, el desamparo del trabajador en las empresas, el retorno a relaciones de explotación inéditas en la Argentina contemporánea, impuestas por un gobierno de prosapia peronista.

Desde este ángulo, el Presidente se siente desairado y agraviado: acusó a los gremialistas de cómplices de esa política y de haber abandonado en un decenio a los trabajadores. Apeló a que la huelga no se realizara y no fue escuchado; un traspié político tan severo como cuando exhortó por la TV para que los ciudadanos cumplieran con sus obligaciones impositivas y la recaudación apenas si se movió.

No a todo el sindicalismo puede imputársele oportunismo. Hay motivos para que se tensara no sólo la relación oficial con los gremios y, más grave aún, con gran parte del electorado, especialmente con sectores medios que han sufragado por la Alianza y que se sienten decepcionados.

¿Razones para estas fricciones?: la reducción de los salarios que el Estado paga a un sector de sus agentes que siguió a una ley laboral que podría trastrocar el esquema sindical vigente desde los años de fulgor de Juan Perón, la muerte del sindicato único. Así como antes el gobierno quitó a los gremios el control de un fondo millonario de obras sociales y, más tarde, la desregulación de las mismas para permitir que penetre al sistema de salud sindical, el controlado por capitales privados, cada vez más concentrados.

No hay que dar por definitivas estas políticas: pueden ser anuncios para luego negociar con las cúpulas sindicales. Así lo hizo en el pasado el Presidente y su ministro de Trabajo, Alberto Flamarique. Si insiste en esa práctica, volverá a cometer un error, aunque crea que gana tiempo.

El problema está adentro

Heredero de una tumultuosa situación financiera, con un ejército de parados y contingentes de desamparados, el gobierno procedió a dos podas importantes de los gastos públicos y a introducir nuevos impuestos en busca de cumplir con las normas legales sobre el equilibrio fiscal. La idea motriz: con cuentas equilibradas, la Argentina iba a ganar la confianza de los banqueros y, con ello, más inversiones y préstamos menos onerosos.

El esquema quedó dañado por la suba de la tasa de interés decretada por la Reserva Federal y por la devaluación del Euro. Conclusión: la larga recesión sigue su cauce y, para mantener el esquema, se procedió al nuevo ajuste, que nadie puede asegurar que será el último.

La impronta de esos ajustes ha tenido un fuerte sesgo ortodoxo, motorizado por la idea de que imponerle cargas al gran capital o a las poderosas empresas privatizadas de servicios, rebanarían inversiones o espantarían capitales. Esto y sostener que no hay ninguna alternativa que descargar la crisis sobre los hombres comunes, es la que hace crujir las relaciones del gobierno con la mayoría de la sociedad, más allá del oportunismo de un sector sindical.

¿Hay un solo camino? La ministra de Desarrollo Social, Graciela Fernández Meijide, le reprochó a la subdirectora del Departamento Hemisferio Occidental del FMI, Teresa Ter-Minassian, que audita la marcha de la economía, que «el gobierno argentino estaba siendo muy exigido» y que les «parecía que había poca flexibilidad» de parte de ese organismo para contemplar «los esfuerzos que estaba haciendo el pueblo».

«Señora ministra: persigan a los grandes evasores de impuestos», replicó la auditora y citó a las empresas privatizadas y a otras que «han concentrado grandes ganancias y eluden pagar impuestos». De hecho, la funcionaria estaba «mostrando una alternativa a la poda a los sueldos», reflexionó un testigo del encuentro.

Dentro del gobierno de la Alianza no hay voz mensurable que rechace la prioridad de mantener las cuentas en orden, lo que significa atender las normas fijadas por el FMI. Pero el problema no es sólo ese y otro organismo financiero donde hay un debate sobre las consecuencias de las políticas del Consenso de Washington que se aplican, con resultados lamentables en lo social, especialmente, en la mayoría de los países latinoamericanos.

La opción está dentro de la Argentina. Y eso reclama una definición política diferente sobre cuál es el origen de los ingresos para el presupuesto y sobre el papel del Estado para fijar las prioridades de las inversiones. Normalmente esta disyuntiva debería abrir un debate después de la última poda salarial a los estatales. Ocurrió con la irrupción del secretario de Inteligencia del Estado, Fernando de Santibañes, demandando no salir de la ortodoxia.

Un espía ortodoxo

Santibañes es un íntimo del Presidente, poco dúctil para transmitir mensajes que no le competen, además, pero que provocó una fuerte irritación dentro de la Alianza que obligó a De la Rúa a llamarlo a silencio.

El jefe de los espías con sus premoniciones y quejas no exhibió fortaleza. «Sangra por la herida porque le sacaron una pieza del tablero del poder», exageró un funcionario. La pieza: el control de la DGI y la Aduana, que debió dejar uno de sus hombres, Carlos Silvani, desgastado por las constantes críticas del jefe del gabinete, Rodolfo Terragno.

El vicepresidente Carlos «Chacho» Alvarez, en una crucial reunión de los ministros con De la Rúa, logró su respaldo para alejar a quien no quiso o no pudo hacerle pagar los impuestos a las grandes. Y nada más.

El Presidente ha conseguido convencer a los legisladores que frenen su embestida contra Santibañes: varios pidieron esa preciada cabeza del tropel de los ultraortodoxos. En cierto modo, es una «victoria táctica» de los que sospechan que el jefe de los espías es el cerebro de una fuerza de tareas para cambiar las bases políticas del gobierno, diluir al Frepaso, y que es partidario de dolarizar la economía.

Esta última opción es hoy un ejercicio teórico aunque preocupa a hombres como Alvarez, Terragno o Raúl Alfonsín. Más bien, Santibañes se tienta por otro nombre en Economía. La suerte de su titular, José Luis Machinea, está vinculada al éxito que tenga en los próximos meses con índices de crecimiento económico. Hay pimpollos de reactivación, traccionado por las exportaciones, pero ellas no dan más empleos: el índice de mayo dará mas desocupados que los vigilados en octubre: 13,4%.

Si se cumpliera el peor de los escenarios, ¿quién cubrirá economía? ¿Ricardo López Murphy, el ortodoxo ministro de Defensa, quien repitió de otro modo el mismo pronóstico de Santibañes, es decir, que habrá más ajustes? Esto es lo que se piensa en la City y en el sector más concentrado de la economía y probablemente en Wall Street. Y De la Rúa no lo descarta.

El hombre ideal, ausente

El ala gubernamental, que no quiere ese destino, debería poder implementar respuestas al descontento exhibido por la última huelga, apoyarse en ese reclamo y articular, sobre todo en el Parlamento, medidas que tiendan a la reactivación, o sea, al empleo. Alfonsín ha tenido encuentros con dirigentes peronistas buscando esos acuerdos.

El Congreso está en mora con leyes claves para activar las Pymes y poner en esa función el peso del Banco de la Nación, o crear urgentemente el cuerpo de fiscales que tienen que husmear en las cuentas de los grandes contribuyentes, para impedir la espantosa evasión.

Si los progresistas que son m
ayoría en la coalición no consiguen ahora que han sentido un grito duro, articular políticas de consenso con el sector sindical menos comprometido con intereses corporativos (este es el caso de la CGT histórica), deberán tragarse nuevos sapos. Tiene el gobierno a su favor que el peronismo político influyente se hizo el distraído frente a la huelga. ¿Razones?: no ser arrastrados por acciones que no controlan.

De la Rúa cuenta como aliado al sector mayoritario de la Iglesia, abierta a ser el vehículo de negociación para concertar un programa social con actores sociales. El gobierno cree que puede atraer a la oposición para nuevas reglas de acción política. Pero si esto, que no es tanto, queda únicamente en el palabrerío, la desazón se extenderá.

La Iglesia teme por la situación social pero también que otros ajustes lleven a algunos prelados a apostar un proyecto con base en la CGT de Moyano, un camino que los obispos más influyentes rehúyen. Pero, cuidado: en política, como en otras partes, sólo los outsiders tienen ideas nuevas. Acaso por ello, los eclesiásticos desean fortalecer al Presidente, pero le piden también que se aleje de los ortodoxos económicos y defina cómo acaba con el deporte favorito del gran capital: «evadir impuestos o remitir sus ganancias al exterior», sagaz definición de un obispo de primer nivel.

Un gobierno con inspectores de Hacienda de escaso ingenio pero sólidos intereses, puede proclamar que existe un tiempo para el proyecto de sociedad, otro para el cierre del presupuesto.

Medios sin fines, pragmatismo sin fe, sólo hacen la mitad de un programa. ¿Quién tiene la posesión de la otra? Acaso es demasiado tarde para que se encuentre a El Hombre ideal, el que reúna a los dos fragmentos. Hay lo que hay

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