Vecinos de Gualeguaychú volvieron a marchar contra UPM

La décimo tercera marcha anual contra la papelera UPM, antes conocida como Botnia, fue organizada por la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú, y convocó a cientos de ciudadanos de dicha ciudad argentina. «Expresamos la defensa del ambiente con nuestro grito: sí a la vida y no al saqueo y la contaminación. Por su parte, el Gobierno uruguayo se desvive por atraer capitales para estas industrias, siendo el cómplice necesario y permanente para llevar a cabo estos emprendimientos letales», dijeron los manifestantes en el discurso que leyeron durante la marcha que se dirigió hasta el Puente General San Martín, paso fronterizo entre ambos países.

El intendente de la ciudad, Martín Piaggio, dijo:  “Ratificamos nuestra visión que compartimos con toda la comunidad, levantando la bandera del medio ambiente. Por eso desde el gobierno municipal queremos invitar a todos a que se sumen a esta marcha donde gritamos al mundo que tipo de vida queremos para todas nuestras familias”.

“Con nuestros aciertos y desaciertos continuamos con la firme convicción de que debemos llevar adelante una política ambiental activa y desde ese lugar es del que gobernamos. Gualeguaychú no va a aflojar es una de las premisas que se escuchan en cada marcha al puente y eso es lo que debemos preservar. Es muy importante el acompañamiento de todos los vecinos, por eso desde la Municipalidad ponemos a disposición recorridos de colectivos para que todos los que no tengan movilidad puedan asistir”, señaló Piaggio, según recoge el diario local El Día.

Historia de las marchas

La primera gran marcha se realizó el 30 de abril de 2005, y recorrió el mismo trayecto hasta el puente fronterizo. Los ambientalistas iniciaron una serie de protestas contra la instalación de una planta de pasta de celulosa, en ese entonces administrada por la empresa finlandesa Botnia, así como de otras compañías similares a la ribera del río Uruguay.

Al año siguiente, el entonces presidente argentino Néstor Kirchner demandó a Uruguay ante la Corte Internacional de La Haya, por haber permitido la construcción de la planta de Botnia sobre un curso de agua binacional. Duranta ese año y el siguiente, el puente estuvo totalmente cerrado por las protestas de las comunidades y los ambientalistas.

Para 2010, La Haya dictaminó que la procesadora no contaminaba el cauce del río, pero que Uruguay no había informado correctamente a Argentina sobre el proceso de instalación de Botnia. En 2016, la Comisión Administradora del Río Uruguay publicó un estudio realizado entre 2011 y 2015, en el que se detectaron elementos contaminantes en la planta y en algunas zonas del río.