Denuncian ante la CIDH la muerte de líderes sociales por paramilitares en Colombia

Al menos 13 organizaciones sociales denunciaron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, capital de Estados Unidos, los asesinatos y las amenazas que sufren los líderes sociales en Colombia.

«El Gobierno de Colombia negó la existencia de grupos paramilitares con el argumento de no concederles un estatus político», afirmó el representante del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, Franklin Castañeda, quien aseguró que la presencia de paramilitares le está costando a Colombia «la paz y la vida».

«Los grupos paramilitares no tienen un estatus político, porque nunca se han enfrentado al Gobierno colombiano», sostuvo Castañeda al tiempo que resaltó que «el paramilitarismo está incrementando su presencia en el territorio colombiano al tratar de ocupar los espacios que está dejando la guerrilla».

#ColombiaEnLaCIDH #QueLaPazNoNosCuesteLaVida
13 orgs denuncian ante CIDH el asesinato de líderes sociales y defensores y defensoras de DDHH.

— Piedad Córdoba Ruiz (@piedadcordoba) 21 de marzo de 2017

Audiencia

Durante las audiencias en la CIDH el Gobierno colombiano no quiso entrar en discusiones sobre los paramilitares durante las audiencias.

El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, afirmó que «la discusión sobre si existe o no paramilitarismo en Colombia no salvará a más defensores de derechos humanos» e insistió en que el Gobierno está trabajando para que no se produzca ni una muerte más de líderes sociales.

Por su parte la vice fiscal general María Paulina Riveros, parte del equipo negociador del gobierno en los Diálogos de Paz de La Habana, expuso en nombre del Estado colombiano las que considera son las causas fundamentales de la violencia contra defensoras y defensores. Entre ellas enumeró la disputa por las rentas ilegales tras la salida de las FARC de los territorios es una de las principales razones, el hecho de que ciertas disidencias de la guerrilla busquen mantener control territorial, la corrupción administrativa, y la falta de creencia en las instituciones estatales. También mencionó a la falta de conectividad de los territorios apartados de los centros urbanos y la violencia como lenguaje transversal a la realidad colombiana.

Por su parte desde las organizaciones denunciantes insistieron con que el Estado no contempla entre las razones la existencia y avanzada del paramilitarismo en Colombia. También criticaron y señalaron de peligroso el hecho de que el Ministerio de Defensa y la Fiscalía insistan en que no existe un patrón sistemático en dichos homicidios.

Las organizaciones esperan que la CIDH inste al Estado colombiano a investigar los asesinatos de 120 líderes y defensores de derechos humanos ocurridos entre el 1 de enero de 2016 y el 20 de febrero de 2017.

Durante las audiencias de Colombia ante la CIDH también se trataron otros temas como la falta de garantías de no repetición en los crímenes contra integrantes de organizaciones sociales y que se inste al Gobierno colombiano a reducir las Fuerzas Armadas y a crear una fuerza pública para la paz, tal y como ha ocurrido en varios países tras la firma de armisticios.