Una huelga generalizada

La huelga fue convocada por las dos ramas de la CGT, la denominada «rebelde» o «disidente» del camionero Hugo Moyano, y por la que encabeza Rodolfo Daer, que hasta hace poco mantenía fluidos diálogos con el gobierno y la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), recientemente reconocida por el Ministerio de Trabajo y que ha tenido bajo el menemismo el perfil más combativo.

De la Rúa está convencido que a las dos CGT los une la desregulación de las Obras Sociales, el sistema médico sindical, que desbroza la competencia con ellas a empresas privadas de salud.

Para las autoridades, la medida impedirá que sigan funcionando «cajas negras» para financiar a líneas políticas o sindicales, casi siempre del peronismo y para los gremialistas y no pocos expertos, la desregulación abre el camino para el dominio de los grandes grupos económicos del sistema de salud.

El oficialismo lo niega y sostiene que la ley que ahora analiza el Parlamento sobre la medicina prepaga (privada) y una reglamentación con las obras sociales desreguladas, asegurará una medicina universal básica, la libre elección del trabajador de su prestadora y obligaciones antidiscriminatorias para estas últimas.

Esta segunda huelga contra el gobierno de la Alianza rompe, por ahora, los últimos lazos del oficialismo con el movimiento sindical. El 31 de mayo, un mitin de envergadura contra el FMI en Plaza de Mayo, donde se convocó al paro de hoy, atrajo a todo lo que no es oficialismo y a un sector de la Alianza disidente con las últimas medidas económicas.

El trasfondo político

Demasiada heterogeneidad como para desafiar, desde la política, al gobierno. Incluso gobernadores de peso de filiación peronista, se despegan de la huelga, pero no más allá de una declaración circunstancial.

Con todo, la medida de fuerza será masiva y en las últimas horas hubo anticipos con paros en el sector público, incluso en los bancos oficiales, y algunos tornillos amenazantes contra el transporte colectivo.

Una declaración del titular de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), Fernando de Sanibañes, asegurando que habrás más ajustes, arrojó nafta a la hoguera. Justificó aún más la desconfianza de los sindicatos, alarmó a los asalariados no comprendidos en la poda de que podrían ser, más temprano que tarde, víctimas de alguna guadaña contra sus ingresos e insufló bronca en las filas de la Alianza.

Conclusión: De la Rúa, después de ordenarle a su jefe de los espías que como el zapatero se ocupe de los zapatos, debió intervenir personalmente para que en el Senado Nacional no se votara una censura contra el funcionario que expresa la más severa ortodoxia económica en la coalición, el cable que la une con el establishment financiero; él fue un banquero importante.

Pero es un viejo amigo personal del Presidente. Se dice que el miércoles circuló por la casa de gobierno un memorándum aconsejando declarar ilegal el paro.

No ocurrió así, pero De la Rúa se ampara en antiguos decretos antiobreros de Carlos Menem para descontar salarios y otras puniciones, con el fin de alentar el presentismo.

También desempolvó una norma que exige a los transportistas, poner en funcionamiento un mínimo de sus unidades.

La creencia oficial es que si el transporte llegara a funcionar parcialmente, se demostraría que muchos argentinos no quieren el paro porque entienden los motivos que tuvo el gobierno para poner en orden las cuentas fiscales, salvajemente desmadradas como herencia del menemismo.

Los observadores independientes creen que la huelga alcanzará enormes proporciones y aunque no modificará las últimas medidas, introducirá a la Alianza en una reflexión de cómo enfocar el día después.