Río apela "fichaje" de norteamericanos

En tanto, la embajada norteamericana en Brasil protestó en un comunicado por el trato que están recibiendo sus ciudadanos cuando llegan al país.

Temoroso por las pérdidas en el turismo que esos controles pueden causar, el alcalde de Río de Janeiro, César Maia, quería presentar ayer esa apelación, pero se encontró con que los tribunales cariocas recién volverán al trabajo hoy, luego del receso por las fiestas de fin de año.

Maia dijo que la apelación estará basada en dos argumentos. Por un lado, el artículo 84 de la Constitución que, según dijo, indica que «no cabe al Poder Judicial sino al Poder Ejecutivo y al Congreso tomar decisiones que afectan las relaciones internacionales del país».

La otra razón es económica. De acuerdo con Maia, «el fallo es incomprensible ya que Estados Unidos vivió una tragedia terrible, pero eso no tiene nada que ver con la realidad de Brasil. Aquí no hay terrorismo, pero ahora el turista piensa que en Brasil esa situación también existe».

Maia recordó que el principal recurso de la economía de Río es el turismo.

De los 580.000 norteamericanos que, en promedio, visitan Brasil todos los años, 130.000 viajan a Río, en especial para el Carnaval, que este año tendrá lugar a fines de febrero.

En Brasilia, el presidente Lula da Silva siguió analizando si apelará o no el fallo de la semana pasada del juez Julier Sebastiao da Silva, que obliga al gobierno a tomar fotografías y huellas dactilares a los visitantes norteamericanos.

Según el juez, por «un principio de reciprocidad», el gobierno debe adoptar las mismas medidas que a partir del lunes están aplicando las autoridades norteamericanas en relación con los visitantes de Brasil y de todos los países que no necesitan visa para entrar a Estados Unidos.

Voceros del gobierno ya adelantaron que Lula da Silva quiere tomar el miércoles una decisión, pero sus principales colaboradores aparecen divididos.

Por un lado, su asesor para Asuntos Internacionales, Marco Aurelio García, declaró que «la cuestión está siendo analizada por el gobierno, pero tenemos que recordar que en un régimen democrático no se puede desconocer una decisión judicial».

Por el otro, fuentes del Ministerio de Justicia dijeron a ANSA que «el núcleo del caso es decidir si el Poder Judicial puede tomar una decisión que afecta las relaciones internacionales del país. Muchos creen que eso no debería ocurrir».

En la Abogacía General de la Unión informaron que la palabra final debe ser tomada por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

En tanto, continuó en todos los aeropuertos y puertos de Brasil el control especial a los ciudadanos norteamericanos, que en el caso de Río de Janeiro provocaba demoras de hasta 7 horas por la ausencia de personal y de equipamiento moderno.

En el aeropuerto internacional Antonio Carlos Jobim, de Río, la toma de huellas dactilares estaba a cargo de un solo agente de la Policía Federal, que utilizaba el método de la tinta y la almohadilla.

Por la tarde, la Policía Federal tomó en Río algunas medidas para apurar el trámite, como exceptuar a las personas de menos de 12 años y tomar la impresión sólo del pulgar derecho.

La embajada de Estados Unidos lamentó en un comunicado «la manera como fue repentinamente puesto en práctica el nuevo procedimiento de control en Brasil, provocando a los ciudadanos norteamericanos un tratamiento que ha significado largos atrasos de hasta nueve horas en Río de Janeiro». *