Un país sin ley

A pesar de la enorme presencia militar occidental y de los dos años de vida de un gobierno respaldado por Estados Unidos, Afganistán no es más que un país sin ley, advirtió el lunes un alto funcionario de la ONU.

La situación de la seguridad «es muy mala», dijo el representante especial de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) para Afganistán, Lakhdar Brahimi, a delegados afganos en la ceremonia de clausura de la asamblea constituyente llamada Loya Jirga, o gran consejo tradicional, convocado para redactar un proyecto de carta magna.

Brahimi, subsecretario adjunto del foro mundial, criticó implícitamente al gobierno, a la policía, al ejército, a la comunidad internacional y a la Fuerza Internacional de Asistencia en Seguridad, de 4.500 efectivos, por el fracaso en poner fin a la inseguridad del país.

«Existe desde luego lo que leemos en la prensa, oímos en la radio y vemos en la televisión: bombas y explosiones aquí y allá, proyectiles que caen aquí y allá», dijo Brahimi.

«Pero también existe la inseguridad que no aparece en la prensa: el temor que está en el corazón de todo afgano, porque la ley no rige en este país», agregó.

El funcionario, ex canciller argelino conocido por sus comentarios directos, abandonará su cargo en la ONU este mes.

Interrogado acerca de los rumores sobre que Brahimi podría dirigir las operaciones del foro mundial en Iraq, su portavoz Fred Eckhard dijo la semana pasada: «Francamente, no sé si Brahimi está interesado en otro trabajo desafiante en las Naciones Unidas. Creo que siente que ha hecho todo lo que puede por la ONU».

«Estamos especialmente agradecidos por que haya prestado su prestigio y su trabajo duro a favor del proceso afgano», agregó Eckhard.

Las declaraciones de Brahimi se producen en medio de reportes acerca de que la ONU considera reducir sus actividades o incluso retirar a su personal internacional de Afganistán por la creciente inseguridad, así como lo hizo en Iraq el año pasado, luego que su cuartel general fue bombardeado.

En noviembre, la ciudadana francesa Bettina Goislard, de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, fue asesinada a balazos en la oriental ciudad de Ghazni, convirtiéndose en la primera integrante del foro mundial muerta en Afganistán.

El domingo, un socorrista afgano que trabajaba para la organización humanitaria cristiana Shelter for Life (Refugio para la Vida) fue secuestrado en la principal carretera afgana por presuntos militantes del grupo islámico Talibán, que controló el país hasta octubre de 2001 cuando éste fue invadido por tropas estadounidenses.

Washington lanzó bombardeos y envió tropas a Afganistán luego de que el régimen Talibán, fundamentalista islámico, se negó a entregar al saudita Osama bin Laden, acusado por Estados Unidos de pergeñar los atentados suicidas del 11 de setiembre de 2001 contra las torres gemelas del World Trade Center y la sede del Departamento (ministerio) de Defensa.

Rebeldes armados afganos continúan atacando a trabajadores humanitarios y socorristas, a los que acusan de ser aliados de las naciones occidentales que han ocupado el país.

Ante la pregunta de si esos ataques están destinados a forzar la salida de la ONU, el subsecretario adjunto del foro mundial para Operaciones de Mantenimiento de Paz, Jean-Marie Guehenno, dijo en diciembre que «ciertos elementos quieren desalentar cualquier presencia extranjera en Afganistán».

«Es necesario asegurar que tales elementos no cuenten con respaldo de la población, que ya ve los beneficios del trabajo de la ONU en muchos frentes, incluyendo la remoción de minas terrestres y la educación», agregó. *