El golpe de Estado de Fujimori

Las fuerzas de oposición han llevado a cabo mancomunadamente las jornadas de protesta que se extendieron a lo largo de todo el territorio, con fervor democrático y participación de grandes masas. En la nueva etapa que se abre procurarán coordinar sus acciones para enfrentar a un poder espurio.

1992, Parlamento disuelto

Fujimori ganó las elecciones de 1990 frente a Vargas Llosa. El 5 de abril de 1992 dio un golpe de Estado, clausuró el Parlamento, destituyó a los integrantes del Poder Judicial y declaró caduca por sí y ante sí la Constitución de 1979. En el período inmediato, el Poder Ejecutivo manejó discrecionalmente ambos poderes y fraguó una nueva Constitución, la de 1993, hecha a la medida de Fujimori para permitirle presentarse a la reelección al cabo del mandato.

Así ocurrió en abril de 1995, en que volvió a ganar nuevamente el primer turno, esta vez frente al ex secretario general de la ONU, Javier Pérez de Cuéllar. Ahora bien: la propia Constitución amañada sólo permitía dos períodos consecutivos de gobierno. Sin embargo, Fujimori maniobró para aspirar a un tercer período. El trabajo sucio lo hizo el Congreso, en el cual el gobierno detentaba la mayoría absoluta, el cual votó una retorcida «interpretación auténtica» de la Constitución de 1993 que habilitaba a Fujimori a presentarse a un tercer período, a pesar de que ello violentaba lo establecido a texto expreso por la Carta.

El Tribunal Constitucional dictó un fallo estableciendo, con apego a dicha Carta, que Fujimori no podía presentarse a un tercer período. El Congreso servil destituyó entonces a tres miembros de dicho Tribunal, para dejar la vía expedita al mandamás. La sociedad civil apeló entonces al recurso del referéndum, solicitando se consultara al pueblo sobre la posibilidad o no de un tercer período consecutivo. La misma mayoría incondicional del Congreso dictó una ley que impedía someter al pueblo tal materia, salvo que así lo resolviera… la mayoría del propio Congreso. Enfrentando la protesta generalizada, Fujimori volvió a presentarse.

Los fraudes en cadena

La sucesión de fraudes que signó la campaña electoral subsiguiente tiene pocos precedentes en el mundo. Se denunció y se comprobó que uno de los cuatro grupos que conformaron la alianza oficialista, llamada Frente Independiente Perú 2000, falsificó más de un millón de firmas de electores para alcanzar su registro. Se apeló para ello a truhanes especializados en estos menesteres, crecidos en los vericuetos sombra del poder. La maniobra se descubrió cuando el diario El Comercio de Lima publicó las pruebas documentales y declaraciones de los falsificadores en persona, a quienes sus contratantes (dos candidatos a los primeros puestos del Congreso en las listas oficialistas, apellidados Chuan y Medelius) los querían estafar sin pagarles los meses de trabajo. Y el asunto llegó al extremo de que la autoridad electoral (que en todo el proceso posterior vimos los puntos que calza) no tuvo más remedio que cancelar la inscripción del grupo involucrado. Pero quedó al descubierto la magnitud descomunal de la estafa, que por cierto no se agotó en este escándalo.

Del principio al fin de la campaña, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) demostró no ser otra cosa que un apéndice del gobierno. A pesar de que todas las voces señalaban la ausencia de garantías, se negó a postergar la fecha de la segunda vuelta, reclamada tanto por los candidatos opositores como por el Defensor del Pueblo (ombudsman), Jorge Santistevan, la organización civil Transparencia, la Comisión de Observadores de la OEA y la Comisión Carter, que abandonaron el país para no avalar un proceso que no proporcionaba la más mínima garantía.

Millones de votos truchos

Esto se vincula a otro hecho que, análogamente al de las firmas falsificadas, revela la magnitud del fraude. Vale la pena destacarlo entre el maremagnum de las adulteraciones. Cuando la ONPE divulgó los resultados del primer turno del 9 de abril, aparecieron un millón doscientos mil votos más que votantes. Sobre este hecho incalificable se dieron explicaciones macarrónicas, cuando por sí solo ameritaba que se anulara la votación, al tiempo de demostrar que el sistema de cómputos era absolutamente inservible y debía ser remodelado.

Se resolvió, entonces, de acuerdo con los grupos opositores, formar tres grupos de trabajo, con integración plural, para montar un nuevo sistema confiable. Pero en las vísperas mismas del segundo turno, la ONPE pergeñó su última gran maniobra: sin dar cuenta a nadie y dejando de lado a los representantes opositores, puso en pie un nuevo sistema, que se aplicó el 28 de mayo sin ser siquiera verificado con anterioridad. Esta fue la gota que derramó el vaso.

Un poder ilegítimo

Ya es conocido hasta qué punto los medios de difusión y particularmente los canales de TV ¿ jugaron la carta del oficialismo y borraron completamente a la oposición? Se llegó a extremos caricaturescos: en la noche del 28 de mayo, cuando una multitud desbordaba la Plaza San Martín de Lima levantando la consigna de No al fraude que un tercio de la ciudadanía había estampado en las boletas electorales anulando su voto, los canales transmitían películas y espectáculos ligeros. Correspondencias desde Lima aludían en ese plano a los manejos del poder en cuanto a la compra de publicidad por parte del Estado o las fiscalizaciones tributarias de los medios de comunicación.

De más está decir que el poder alcanzado por Fujimori en estas condiciones carece de legitimidad. Pero esto no parece arredrarlo. Hace casi una década que gobierna al margen del estado de derecho. Ello sitúa en primer plano en Perú la lucha conjunta por la recuperación de la democracia.