Ajuste con costo político

La fuerte poda de los gastos estatales exhibe que frente a la demora en el crecimiento, que desnudó la fragilidad del pronóstico del equipo económico, el Presidente está convencido de que la única opción era mantener, e incluso profundizar, el rumbo marcado en diciembre, esto es, mantener el déficit fiscal dentro de las normas legales, como señal de confianza a los mercados. Necesita ganar la de los argentinos: según la agencia Mori & Asociados, casi un 80% cree que la economía está estancada o en retroceso.

¿Tenía el gobierno otra alternativa que cortar severamente asignaciones entre los empleados públicos para obtener los recursos que no conseguía la recaudación, que determinó el virtual despido del recaudador de impuestos, Carlos Silvani, un cuadro del FMI?

En teoría, sí, como lo expusieron legisladores de la Alianza, entre ellos el senador radical Leopoldo Moreau y el diputado socialista Jorge Rivas, partidarios de que las empresas de servicios volvieran a aportar a las cajas de jubilaciones la parte empresarial, una dispensa que les entregó en 1994 Domingo Cavallo. Se argumentó entonces que era para favorecer su competitividad, pero como son actividades no transables, esa poda les significó ganancias extraordinarias adicionales.

Con aportes patronales iguales a la mayoría de las empresas hubiera evitado reducir los sueldos. ¿Obvió el gobierno ese camino porque hubiera sensibilizado a los mercados y al FMI? El gobernador bonaerense, Carlos Ruckauf, que ve con simpatías esa opción, niega enfáticamente que el Fondo se hubiera siquiera mosqueado. ¿Cree el equipo económico lo contrario? En apariencias sí, aunque cuando explica su decisión ortodoxa, señala que prefiere que las empresas privatizadas (telefónicas, ferroviarias, eléctricas, gas, etc.) se comprometan a invertir los generosos beneficios extra, porque no desconocen que si la economía no crece, en pocos meses se replanteará otra vez la crisis de las cuentas fiscales.

En diciembre, bajo el aura de su reciente asunción, el gobierno de la Alianza se animó a hacer aprobar un impuesto importante para ingresos personales que no afectaron a los más modestos pero tampoco al núcleo más concentrado de la economía productiva y financiera.

«Fue el primer impuesto de carácter progresista», se ufanó el ministro de economía, José Luis Machinea. No obstante afectó el consumo, lo que se verificó, pero no dañó sustancialmente el respaldo político de los grandes afectados, las capas medias urbanas. Por lo menos en la Capital Federal, el resultado electoral a favor de la Alianza el 7 de mayo, demostró que pudo más la confianza en el Presidente, el temor a un fortalecimiento de Domingo Cavallo, que la mano que el gobierno le puso en los bolsillos.

Cuesta explicar que la reducción de los sueldos a los empleados públicos que ganan más de mil dólares mensuales, pueda entenderse como «progresista».

Reivindicación del progresismo

Las autoridades se molestan ante esta mirada, por otro lado verificable por la fuerte oposición, no solamente sindical, que generó el nuevo ajuste. Argumentan: que junto a esa poda, se aumentaron las partidas para la acción social; que se bajaron a la mitad las jubilaciones de privilegio; que habrá podas en las dietas legislativas o que se desregulan las obras sociales, un viejo baluarte de los sindicatos, para permitir que las empresas médicas prepagas (es decir, privadas) puedan competir con aquellas, pero por vía de una reglamentación que aún no se conoce, permitiría garantizar un servicio médico universal de buen nivel.

Efectivamente, la desregulación puede anular algunas de las cajas negras con que se financian desde los sindicatos a corrientes internas del peronismo, especialmente. Pero si se privilegiara la competencia, podría «chilenizarse» la atención de la salud, donde hay una medicina para pobres, para capas medias y para ricos.

«No le permitiremos porque se fijaran normas muy claras para el capital privados y habrá recursos suficientes para asegurar una prestación universal igualitaria», dicen a coro en la Alianza. ¿Será por los mismos motivos que el FMI ha venido reclamando la desregulación de marras? ¿O al organismo financiero le importa un negocio de millonario?

El nuevo programa de ajuste, presentado en vísperas de la misión auditoría del FMI, fue saludado por los grandes empresarios y el gobierno consiguió una victoria cuando la Suprema Corte de Justicia aprobó una acordada permitiéndole reducir los sueldos, sin que se entienda ello como una violación a la seguridad jurídica, a la que se aferran los grandes intereses cuando simplemente se mencionan o estudian, por caso, gravar las transacciones bursátiles y otros beneficios.

El recorte coincidió con una marcha que habían organizado la CGT del camionero Hugo Moyano y la Confederación de Trabajadores Argentinos (CTA) del estatal Víctor de Gennaro, contra el FMI, «pero no contra el presidente de la Rúa». Estaba escrito: se transformó en un mitin de envergadura contra el ajuste y sus implementadores. Sobre ese descontento y movilización significativa, convergieron fuerzas muy heterogéneas, oportunistas de la derecha peronista, menemistas, de partidarios de Domingo Cavallo, fascistas, grupos eclesiales con la visión antiglobalización del Papa Juan Pablo II, junto a más de una docena de diputados de la Alianza disconformes con el rumbo económico y social y toda la gama de la izquierda.

Proyecto frustrado

Para el gobierno, esa heterogeneidad y un discurso del camionero Moyano convocando a no pagar los impuestos, ahogó en la cuna la posibilidad que del mitin de Plaza de Mayo surgiera una alternativa política y desde ese ángulo, se tranquilizó. Cree que el accionar de la CGT disidente se orienta a generar un escenario favorable a la devaluación, de la que nadie habla en público, excepto algunos asesores del sindicalista, como el economista Domingo Curia, un peronista de viejo cuño, veterano en fustigar la convertibilidad.

Otro traspié del proyecto, en él estuvo la mano del cardenal Francisco Primatesta, por medio de un laico que en su nombre habló en el mitin, fue el rechazo del Episcopado a ese compromiso. La mayoría de la Iglesia, preocupada por el malestar social, oscila entre un acuerdo con el gobierno para ser el canal del asistencialismo sin corrupción y de contención de los jóvenes o el de recluirse en sus meditaciones y ministerio. La cúpula eclesial le ha reclamado a de la Rúa pruebas de buena voluntad, como una amnistía para los extranjeros indocumentados. Solamente una minoría está dispuesta a participar de un movimiento opositor.

Con todo, el descontento que generó el ajuste, aun entre aquellos no afectados, puede convertir a la huelga general del próximo viernes en una expresión de protesta fenomenal, donde convergerán intereses diferentes: el de los agraviados por la poda salarial o los millones que entraron en la zona de desconfianza sobre el futuro (que pese a todo representan la CGT-rebelde y la CTA) con el oportunismo de la CGT que dirige Rodolfo Daer, la principal afectada por la desregulación de las Obras Sociales. «Despues del paro, esta coincidencia se desparrama», prevé, optimista, el gobierno.

Por lo pronto, un sector importante del peronismo comenzó a operar al finalizar la semana para quitarle efectividad a la huelga y a establecer acuerdos con de la Rúa. El justicialismo carece de un liderazgo reconocido: Carlos Menem ha quedado en minoría y no tiene peso. La conducción real está en manos de los 14 gobernadores de esa tienda política, donde sobresalen, sin sacarse ventajas aún, el bonaerense Carlos Ruckauf, el santafesino Carlos Reuteman y el cordobés José
Manuel de la Sota.

En principio ellos están dispuestos a pactar con de la Rúa, porque también necesitan del gobierno nacional y no quieren estar ausentes cuando, como estiman, habrá cambios ministeriales. No piensan en un gobierno de coalición; por ahora solamente han desplegado un programa basado en una tregua política (que por un año no se hable de candidaturas, un mensaje que impacta en Menem) y un «shock» productivo donde no está muy claro cuál sería el origen de los fondos.

Los gobernadores peronistas buscan acordar

De hecho estos gobernadores no atacan el ajuste, más allá de alguna declaración circunstancial, pero no tienen toda la influencia necesaria como para alinear a los senadores nacionales. Es en la cámara alta donde el gobierno, de la Rúa personalmente, busca un acuerdo estable, pero la fragmentación, los celos y algunos errores del oficialismo, lo vienen impidiendo.

Desde un sector económico que supone que hay tantas tensiones dentro de la Alianza que llevará a su ruptura, el mantenimiento de la ortodoxia requerirá un cambio de amistades políticas por parte de de la Rúa. La dinámica política y económica, creen, motivaría que el Presidente se acerque más a los gobernadores del PJ de los grandes distritos pero también hacia el ex ministro de economía a Domingo Cavallo. El ex ministro de economía tenía un proyecto que su derrota electoral diluyó: ejercer presión para desplazar al Frepaso.

De la Rúa, que necesita del mantenimiento de la Alianza, no quiere confrontación con el ex ministro de economía. En realidad el Presidente es reacio a los enfrentamientos y algunos de sus amigos no verían mal que Cavallo fuera sumado a la comitiva presidencial cuando de la Rúa se encuentre con Bill Clinton. «El límite es Cavallo», recuerda una y otra vez, el caudillo radical, Raúl Alfonsín y hasta ahora le hacen caso.

¿Está la Alianza camino de la ruptura? No es lo que se ve, pese a las críticas que el rumbo económico ha provocado entre diputados del Frepaso y también de la UCR. En reuniones de bloques, tanto de toda la sociedad, como separadamente, los gritos de disconformidad fueron tan duros en uno y otro sector. La diferencia más fuerte es que los legisladores frentistas críticos respaldaron el mitin de Plaza de Mayo.

Hay más descontentos: Alfonsín, guarda tanto silencio que elude la mayoría de los compromisos, tiene en sus ojos la mirada mas crítica con el rumbo actual, pero no hará nada para dañar la imagen del Presidente.

Lo que más lo abruma son las presiones que cree vienen de un sector económico e ideologizado de los EEUU, con personeros locales del fuste de Menem, a favor de la dolarización, con lo que se asesinaría al peso, se quebraría el Mercosur y el resto de soberanía financiera (que es escaso ahora). Para Machinea, no habrá moros en la costa, mientras no se desafinen las cuentas fiscales.

Tensión interna, no división

Dentro del gabinete, las divisiones entre políticos y economistas, son hoy más instrumentales que de fondo. Ni Carlos «Chacho» Alvarez ni el ministro del Interior, Federico Storani, dos símbolos del progresismo en el Frepaso y en la UCR, han objetado la línea general adoptada, aunque han logrado algunas concesiones de los ortodoxos, en ocasiones, más impolíticos que malvados. Hay una excepción: el jefe del gabinete, Rodolfo Terragno que desearía impulsar su modelo productivo y no encuentra eco y hasta, a veces, le acarrea disgustos. Hay y habrá forcejeos, dentro y fuera del gobierno.

Casi ningún legislador del Frepaso, ni siquiera el más critico y furioso, está pensando en la formación de un bloque independiente. «Chacho» Alvarez mantuvo una muy dura reunión con legisladores bonaerenses que le recriminaron la falta de diálogo, tener que aceptar decisiones verticales, pero que entienden que son parte de un gobierno donde hay un Presidente cuyas inclinaciones ideológicas no son sorpresivas. Se trata, ahora, de que de la Rúa no se deslice más allá de lo tolerable para el progresismo de la coalición que está entre los dos socios.

El radicalismo atraviesa por el mismo desierto de discusión con el jefe del gobierno. Además, de la Rúa es reacio a dar explicaciones por sus acciones, no quiere dejar estar presente en la más mínima de las decisiones (lo que hace que se demoren y creen sensaciones de parsimonia) y sobre todo, reta a sus colaboradores que hablan con el periodismo. No hay periodista al que el Presidente le abra el corazón y aunque lo disimula, le disgustan las críticas. Alguna vez, Jean-Jeaques Rousseau advirtió que él escribía sobre política, porque «si fuera príncipe o legislador, no perdería el tiempo diciendo lo que es necesario, lo haría o me callaría». Por eso, el periodismo pregunta y habla.