Vuelve el caso de los sobornos a senadores

El resonado caso sobre sobornos a senadores nacionales en 2000, un asunto que obligó, «por no ser oído», a renunciar al entonces vicepresidente Carlos «Chacho» Alvarez, regresó con fuerza y al parecer muchos elementos. Las presuntas coimas en el Senado fueron implementadas para aprobar la Reforma Laboral, una exigencia del FMI que el gobierno de Fernando de la Rúa quería cumplir.

Ahora el ex secretario parlamentario Mario Pontaquarto le entregó al juez federal Norberto Oyarbide información sensible que podría comprometer seriamente a senadores, ex senadores y ex funcionarios del gobierno de De la Rúa y al ex mandatario. No hay que ser un lince: funcionarios del gobierno actual y algunos legisladores, del ARI especialmente, estaban detrás de tema y al tenerlo maduro, apuraron su estallido. La legisladora del ARI, Graciela Ocaña, que mucho tiene que ver con esta pesquisa, pidió que el juez prohiba salir del país a varios senadores, algunos de ellos gobernadores peronistas ahora y ex funcionarios. Los datos que Pontaquarto aportó al juez podrían confirmar el pago de sobornos a senadores. El ex funcionario, en declaraciones a la revista TXT, que salió anoche, reconoció la existencia de la maniobra para lograr la sanción de la ley, promovida en el año 2000 De la Rúa y su ministro de Trabajo, Alberto Flamarique hasta entonces hombre de Alvarez. El jefe de Gobierno porteño, Aníbal Ibarra, aseguró a la señal Todo Noticias que recibió esta semana en su despacho a Pontaquarto, afiliado a la Unión Cívica Radical, y el ex secretario le dijo que «estaba dispuesto a declarar cómo fueron los pagos en el Senado». Ibarra dijo que había comentado la situación del «arrepentido» con el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, quien le prometió que el Gobierno va a «apoyar la investigación hasta las últimas consecuencias». *