El presidente Kirchner inicia hoy su período constitucional

El período que va desde el 25 de mayo a ahora, es de «yapa» o, mejor dicho, completando el período de Fernando de la Rúa que dimitió el 20 de diciembre de 2001, en medio de una vorágine económico-social y política que abrió un período de casi anarquía que Eduardo Duhalde logró encauzar hasta el acto comicial que puso a Kirchner en la casa Rosada.

También hoy ingresa el nuevo tercio del Senado Nacional y la mitad de los integrantes de la Cámara baja, con muchos legisladores que en los días de las conmociones sociales no se animaban a caminar por las calles concurridas, temerosos del ensordecedor grito de «que se vayan todos».

No fue así: de todas maneras el ingreso de Kirchner implica el de una renovación inconclusa, pero de todas maneras, interesante. Las expectativas ciudadanas siguen siendo muy fuertes con un índice de popularidad para el Presidente de porcentaje muy llamativo.

Pero hoy además se cumplen 20 años del día en que el radical Raúl Alfonsín jurara como presidente, iniciando uno de los períodos más prolongados, a pesar de los numerosos avatares ocurridos, de estabilidad institucional desde el golpe de Estado de 1930.

Las instituciones constitucionales se han recuperado pero la democracia es restringida por la cada vez más amplia brecha entre ricos y pobres y la falta de equidad social, reconoció Alfonsín cuando ayer habló con los corresponsales extranjeros, entre ellos, el de LA REPUBLICA, interesados por un balance de una época en que lo tuvo como uno de sus protagonistas.

La gran deuda es la justicia social, repitió una y otra vez el ex mandatario que no obstante no dejar de observar críticamente su propio pasado, sigue defendiendo dos asuntos muy controvertidos. Uno, las leyes de impunidad, que supone permitieron salvar las instituciones ante las amenazas militares para defender a acusados de derechos humanos cuando debían ir a los tribunales.

Tiene en su favor el haber impulsado apenas asumió, los procesos a los responsables del terrorismo de Estado, que, condenados casi todos de por vida, fueron indultados por Menem.

Ahora piensa que hay otras condiciones y aunque no cree que sea legítima la derogación por el Parlamento de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, no pondrá ningún obstáculo para que la Corte Suprema dicte, como se supone, que son inconstitucionales y se abran los tiempos judiciales que correspondan.

Alfonsín apoya a Kirchner con críticas

De hecho, varias cámaras federales dan por válidas esas nulidades y ahora casi un centenar de oficiales, casi todos jubilados, tienen reabiertas las causas frustradas en los años 80.

En cierta manera, el impulso de Kirchner para que se deroguen esas leyes así como para que se renueve la Corte, es como tomar la posta que comenzó Alfonsín y luego se frustró. ¿Pudo el entonces presidente cambiar la historia apoyándose en las fenomenales manifestaciones de masas de esos días? El no creyó, claro; optó por la negociación.

El otro punto que Alfonsín defiende es su acuerdo con Carlos Menem para reformar la carta magna en 1994. Fue el Pacto de Olivos que para la mayoría de los ciudadanos es hoy una mala expresión. El dice que no, que evitó el desbarajuste institucional, porque el riojano avanzaba con sus mayorías parlamentarias a imponer una reforma con el solo fin de conseguir la reelección presidencial. «En cambio se consiguió que se incluyeran reformas progresistas», lo que es real, aunque muchas de ellas sólo figuran en la letra, no en la realidad. En los dos casos, explica Alfonsín, su norte fue salvar las instituciones democráticas.

Tiene buena mirada, no exenta de crítica con los casi siete meses del actual mandatario tanto en política externa,  las negociaciones sobre el ALCA o con el FMI  como interna  la renovación del más alto tribunal (donde los senadores de su partido, el Radical, marcharon por otro sendero)  y tiene confianza en que irá mejorando la situación social, aunque ve críticamente cómo accionan algunos grupos piqueteros.

Pero tiene un recelo que no oculta con Kirchner por su negativa a hablar (o negociar) con los partidos políticos. Teme que sea una concepción dañina para la democracia la ausencia de ese diálogo o que se considere a los partidos, que para la carta magna son los canales de participación, como «corporaciones».

Se guarda en ampliar sus dudas sobre estas y otras «desprolijidades» en defensa de la República pero, con todo, apoya con optimismo al Presidente y le desea que sea exitoso. *