Acusan a mentor de Hugo Chávez

Caracas, ANSA

«Esto no tiene bases para prosperar, (…) todo el mundo sabe que no puedo ser un bandido, un pillo. Después de 80 años de dignidad, no los voy a manchar», dijo Miquilena en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

«Esto es una emboscada», reiteró Miquilena, de 81 años, en la audiencia pública y oral transmitida en vivo durante tres horas por la televisora Globovisión y algunas radios locales.

El fiscal general, Javier Elechiguerra, dijo al fundamentar su pedido contra Miquilena que «este acto puede ser histórico» e instó a avanzar «sin miedo» hacia un país regido por la «la dictadura de la Ley».

Venezuela «está esperando, de una vez por todas, que haya una manifestación inequívoca de parte de ustedes, ciudadanos magistrados, de que se rompió la estructura de privilegios, que nos ubica a unos por encima de otros», continuó el fiscal.

Elechiguerra reiteró que la audiencia de hoy sólo fue para pedir al TSJ que lo autorice a iniciar averiguaciones contra Miquilena, tras encontrar «indicios» que merecen «ir al fondo» y aclaró que sus alegatos no constituyen «acusaciones».

El máximo tribunal tiene cinco días para decidir si abre un juicio o no contra el presidente del «congresillo», considerado «mentor político de Chávez».

Las investigaciones se procesarían por la presunta vinculación de Miquilena en la calidad de socio con la empresa Micabú, que obtuvo un contrato para imprimir ejemplares de la Constitución aprobada en diciembre pasado.

Asimismo, pesan sospechas de «sobregiro presupuestario» en la contratación de una póliza de seguros para funcionarios policiales, cuando Miquilena fue ministro de Justicia (1999).

Otro delito que podría haber cometido el alto funcionario es el de «tráfico de influencia» y supuestas «declaraciones falsas» de su patrimonio personal.

Elechiguerra, designado fiscal interino por la extinta Asamblea Constituyente que presidió Miquilena, se refirió al actual presidente del congresillo como uno de los «hombres de más poder en el país» y sugirió a los funcionarios públicos «no creer nunca en el poder».

Tras sostener que había compartido sueños de justicia social con Elechiguerra, Miquilena estimó inauditas las sospechas en su contra. El presidente del congresillo dijo al tribunal que está dispuesto a renunciar a su investidura si surgen indicios para enjuiciarlo pero, de lo contrario, clamó que reivindiquen su nombre.

El fiscal aclaró que «no hay nada personal» en la querella y sostuvo que simplemente busca restablecer la confianza en la institucionalidad y la democracia en Venezuela.