Europa reclama a genocidas

Videla era entonces titular de la Junta Militar de la cual Massera era el jefe de la Armada y Suárez Mason, el poderoso jefe del Cuerpo de Ejército I.

El caso de esta gran unidad militar, bajo cuya jurisdicción estaba gran parte de los campos de detención, es objeto actualmente de un nuevo proceso, que pudo ser reabierto porque el Parlamento, con respaldo político muy evidente del Presidente Néstor Kirchner, anuló las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, leyes de impunidad, por las que zafaron de ser juzgados centenares de violadores a los derechos humanos.

Los tres requeridos por el tribunal germano están detenidos en su domicilio por lo avanzado de sus edades, aunque Massera vegeta, según las fuentes, en las instalaciones del Hospital Naval. Presos por haberse dictado la prisión preventiva en los casos de apropiación de bebés en cautiverio, delito que no había sido contemplado para las leyes de impunidad o por su participación en el Plan Cóndor.

Fuentes judiciales explicaron que se trata de la primera orden internacional de arresto que dicta la Justicia alemana contra un ex presidente y la tercera en relación con el sumario abierto por la Fiscalía de Nuremberg contra presuntos responsables de las muertes de ciudadanos alemanes durante la represión militar en Argentina (1976-83).

Lluvia de requerimientos

Las órdenes de captura contra Videla, Massera y Mason se sustentan en los numerosos indicios que se encontraron entre éstos y las muertes por asesinato de los alemanes Elisabeth Kaesemann y Klaus Zieschank.

La Audiencia Territorial de Nuremberg ya dictó una orden similar en 2001 contra el ex miembro de la Junta Militar argentina Carlos Guillermo Suárez Mason, por su implicación en el asesinato de la estudiante alemana Elisabeth Kaesemann, hija de un importante teólogo luterano, la que fue vista por última vez en Buenos Aires en la noche del 23 al 24 de mayo de 1977. Como con los requerimientos que hiciera meses atrás el juez español Baltazar Garzón Real, es posible que la justicia argentina responda al pedido germano con que esos casos ahora ya están siendo juzgados en el territorio argentino. Es de hecho parecido al pedido de captura francés contra el ex capitán naval Alfredo Astiz, requerido para volverlo a procesar por el crimen contra dos monjas francesas. O el reclamo sueco, sobre el mismo ex oficial naval, por la desaparición y muerte de una joven hija de un ciudadano de Suecia.

Es una situación especial, algo paradojal, ya que mientras la mayoría de los juzgados federales han declarado inconstitucionales las leyes de impunidad, antes de que sean declaradas nulas, la Corte Suprema de Justicia, por una vieja acordada, las consideró constitucionales.

De todas maneras, porque la carta magna argentina ha convertido como leyes suyas varios tratados internacionales que condenan la desaparición de personas y otras causas que estaban protegidas por las leyes comentadas, es que se aguarda un nuevo fallo del más alto tribunal.

23ª marcha de la resistencia

Horas atrás, el futuro titular de la Corte, Enrique Petracchi, hablando en un acto del Centro de Estudios Legales y Sociales, una de las organizaciones pioneras defensoras de los derechos humanos, comunicó que aún hay resistencias en sectores del más alto tribunal para fijar una fecha donde se abordará la legalidad o no de las leyes mencionadas.

La renovación que ocurre en esa instancia –de hecho ya fueron desplazados dos jueces que conformaban la mayoría menemista y otro esta en capilla en el Senado Nacional–, permite suponer que las leyes mencionadas serán anuladas también en la instancia judicial.

Son noticias que suenan muy bien a los oídos de las organizaciones defensoras de derechos humanos que en la tarde de ayer iniciaron la 23ª Marcha de la Resistencia que culminará esta tarde en Plaza de Mayo y que incluirá un posible encuentro con Kirchner.

Veintitrés años, claro, son más que 20 años de democracia que se cumplen el 10 de diciembre, y recuerdan que las movilizaciones contra la represión surgieron en plena dictadura, motorizadas por las Madres de Plaza de Mayo, hoy divididas.

Las entidades reclamarán al Presidente que se dicten normas o disposiciones que saquen de los tribunales a miles de luchadores sociales, particularmente «piqueteros». Y que se abran todos los archivos sobre la represión ilegal.

Aunque no todas las organizaciones movilizadas miran de la misma manera al gobierno de Kirchner, se le reconoce –sobre todo Madres y Abuelas de Plaza de Mayo– el aporte enorme que ha hecho par ir instalando en la realidad que la impunidad no debería tener futuro. *