CONDENA

Tribunal Supremo de EE.UU. decide el lunes si prohíbe aplicar la pena de muerte en todo el país

El máximo órgano judicial de EE.UU. debe resolver para este lunes, que ocurrirá con los sentenciados a muerte que aguardan ser ejecutados, pero que a falta de los inyectables que se usaban –y Dinamarca dejó de fabricar- serán inducidos a morir con otros, los que han fallado ya en tres ocasiones y generado sufrimientos extraordinarios a los condenados.

Un 56% de estadounidenses apoya las ejecuciones de reos, el porcentaje más bajo en casi medio siglo. Hace veinte años la adhesión a la pena superaba el 80%. Foto:  Tommy Woodard.
Un 56% de estadounidenses apoya las ejecuciones de reos, el porcentaje más bajo en casi medio siglo. Hace veinte años la adhesión a la pena superaba el 80%. Foto: Tommy Woodard.

Tres reos a muerte, presos en Oklahoma, han presentado un recurso argumentando que el uso del midazolam, el sedante que el año pasado falló en tres ocasiones, viola la Octava Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que protege a los ciudadanos de «castigos crueles o inusuales». Si el Supremo falla contra este y otros anestésicos similares, los estados deberían volver a métodos abandonados por décadas y que podrían también ser frenados por la Octava Enmienda. Como ejemplo, Tennessee ya reinstauró la silla eléctrica, Utah el pelotón de fusilamiento y Oklahoma la asfixia con nitrógeno.

Estados que abolieron la pena y otros que la sostienen

En el primer semestre de este año hubo 17 ejecuciones en EE.UU., seis menos que en 2014, en un país que lentamente va avanzando en la abolición de la pena. Nebraska a principios de este año se convirtió en el estado número 19 –en un total de 50-en abolir la pena de muerte.

Distintas encuestas nacionales revelan que los norteamericanos son cada vez más favorables a la cadena perpetua en sustitución de la pena capital: un 56% apoya las ejecuciones de reos, el porcentaje más bajo en casi medio siglo. Hace veinte años la adhesión a la pena superaba el 80%.

Amnistía Internacional, publicó que entre 1977 y 2011, más de 1.400 personas han sido ejecutadas a manos del estado en Estados Unidos. Cien de esas personas al menos, padecían enfermedades o problemas mentales graves, tanto desde antes de los delitos por los que fueron condenadas a muerte, como para el momento de su ejecución.

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