Argentina busca no ahondar las diferencias con Irán

La voladura de la sede social se perpetró en julio de 1994 con un saldo impresionante de muertos –86– y decenas de heridos,

El gobierno de Néstor Kirchner busca bajar los decibeles que llegan desde la capital de Irán. En definitiva, la orden de detención contra ex diplomáticos o ex funcionarios de Irán que estuvieron en Buenos Aires en 1994, resulta de un requerimiento del juez competente, Juan José Galeano, que conduce la investigación de la causa originada en el atentado terrorista.

Hasta ahora había sido detenido en Londres por Interpol el ex embajador iraní Hadi Soleimanpour pero el martes lo fue en Bruselas Saied Baghban, un ciudadano iraní que habría ingresado a la Argentina como correo diplomático de la embajada en Buenos Aires en julio de 1994, cuando se produjo la voladura. Fue liberado poco después porque cuenta con inmunidad diplomática, pero abandonó Bélgica con rumbo a Damasco, Siria,

Galeano tiene requeridos a otros cinco ciudadanos iraníes, muchos de los cuales estuvieron en Buenos Aires antes del atentado.

El canciller Rafael Bielsa declaró que su cartera acompañará los pedidos de juez ante Gran Bretaña, como se hará ante cualquier país del mundo para cumplir con la extradición por un atentado terrorista que se ha cometido en la Argentina.

Teherán reaccionó suspendiendo las relaciones económicas y culturales (no hay embajadores desde que Irán entró en la línea de sospecha de ser la impulsora del atentado) pero el Palacio San Martín manifestó que el «Gobierno argentino lamenta declaraciones políticas, absolutamente ajenas a la naturaleza judicial de la causa AMIA», es decir, que no es resorte del Poder Ejecutivo y por ello  ha señalado– «resulta poco comprensible la actitud adoptada por el gobierno de Irán de frenar las relaciones económicas y culturales entre los dos países».

El gobierno adoptó providencias para que se desclasifiquen los documentos secretos sobre las investigaciones de inteligencia e incluso uno de los espías de la Side (Inteligencia estatal), aportó testimonios importantes sobre la manera en que el juez estuvo vinculado con los servicios secretos para orientar la investigación sobre la llamada conexión local en un sentido.

Pero el empeño para esclarecer el atentado no significa que el gobierno reciba sin beneficio de inventario las actuaciones del juez Galeano discutidas por los expertos y las mismas entidades de la colectividad judía. En privado los funcionarios no trepidan en describir como un «mamarracho» tanto la instrucción local como el pedido de extradición.

Pero era de rigor que el gobierno pida a Irán la mayor colaboración con el «requerimiento de la justicia argentina en todo aquello que ayude y esté a su alcance para lograr dichos objetivos».

Después de esta comunicación, ahora las autoridades procuran «subsanar» vínculos con Irán como lo sostuvo el secretario de Políticas Económicas de la Cancillería, Eduardo Sigal. «Esperamos que ellos entiendan que (la detención de Soleimanpour) no tiene nada que ver con una actitud contra el Estado iraní sino, concretamente, con el esclarecimiento de un hecho de terrorismo que está en manos de la Justicia».

Aparentemente el gobierno de Irán le bajó el tono a la tensión generada con Londres porque resolvió no expulsar al representante diplomático de Gran Bretaña en Teherán. «Preferimos no llegar a ese punto», afirmó el vocero Abdullah Ramezanzadeh quien, de todos modos, insistió en que la detención de Soleimanpur –a pedido del juez federal Galeano– «obedece a una conjura de la colectividad judía en la Argentina». Cuando decidió pedir a Interpol las capturas, el juez Galeano manifestó poseer «pruebas suficientes que me convencen de que la actividad y presencia de estos funcionarios en territorio argentino obedece a su presunta participación en la realización del atentado». Baghban es sospechoso, según surge del expediente sobre el atentado, de supervisar la parte logística del ataque. Si bien la parte querellante «no le asigna mucha capacidad operativa» en el hecho, según dijo su letrada, «con Soleimampour formaba parte del grupo que actuó en la Embajada y prestó cobertura en el atentado».

Según el matutino Página/12, los argumentos del magistrado argentino son débiles y podrían ser rechazados por los jueces que analicen los pedidos de extradición.

La pista iraní surgió a poco de perpetrarse el atentado y fue el curso de acción dominante que utilizó la Secretaría de Inteligencia del Estado, Side, entonces conducida por Hugo Anzorregui, el hombre de Carlos Menem en un área sensible. Todo a pesar de que hubo sospechas que llevaban a Siria, pero tanto los análisis de los norteamericanos e israelíes fueron concluyentes contra el gobierno de Irán de esos días.

El Presidente Néstor Kirchner colocó en la Side a un hombre de su confianza, tanto para aportar los elementos posibles al tribunal oral donde se juzga a los presuntos integrantes de la conexión local, como para conocer más a fondo las conclusiones sobre la autoría intelectual del acto terrorista. Los agentes secretos están autorizados a dar testimonios; de hecho, uno de ellos, desnudó los lazos secretos del juez con los espías criollos.

La diplomacia argentina –se puede ver estos días con sus documentos y declaraciones mesuradas– trata de que los tribunales hagan lo que le corresponde y parece querer eludir «comprarse» hipótesis que pueden ser funcionales sobre todo a la política exterior de los EEUU donde Irán está en la mira de Washington como lo estuvo Irak antes de ser invadida.

Kirchner fue el único mandatario que pudo participar de los actos de este año recordando el atentado. Recibió a familiares y entidades judeo-argentinas. Pero no da curso al reclamo de la DAIA, que agrupa a la casi totalidad de las entidades judías en el país, para romper relaciones con Irán. En esta delicada situación para la cancillería, sus diplomáticos analizan la posibilidad de armar un esquema con el que se utilizó para juzgar a los responsables del atentado contra un avión de la compañía aérea norteamericana Panam el 21 de diciembre de 1988. *