Más de 69.000 muertos y desaparecidos en Perú

«La comisión ha encontrado que la cifra más probable de víctimas fatales en los últimos 20 años supera a los 69.000 peruanos y peruanas, muertos o desaparecidos, a manos de organizaciones subversivas o por obra de los agentes del Estado», dijo Salomón Lerner, presidente de la CVR.

Lerner subrayó que «hoy le toca al Perú confrontar un tiempo de vergüenza nacional» al precisar que «las dos décadas finales del siglo 20, es forzoso decirlo sin rodeos, son una marca de horror y de deshonra para el Estado y la sociedad peruana».

Una abrumadora mayoría de limeños cree que la guerrilla maoísta de Sendero Luminoso es principal responsable de la guerra interna que vivió Perú en las dos últimas décadas, según una encuesta difundida ayer.

Un 63,7% de encuestados acusa a la agrupación dirigida por el ex profesor de filosofía Abimael Guzmán y a otros movimientos que apelaron a acciones terroristas, como el MRTA (guevarista) de ser culpables de la violencia política que golpeó Perú entre 1980-2000.

Por el contrario 23,2% cree que el Estado peruano y las fuerzas armadas son responsables de la guerra, que dejó al menos 40.000 muertos y más de 7.600 desaparecidos, según la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR).

También una amplia mayoría (85,4%) de limeños, contra un 11,7%, considera que sí debe conocerse la verdad de la guerra interna que enfrentó a los grupos subversivos contra el Estado.

Precisamente ayer jueves la CVR divulgó su informe final sobre ese período violento de la reciente historia peruana, que se desencadenó en mayo de 1980 con la más importante insurrección armada a cargo de Sendero Luminoso.

El sondeo lo realizó la Universidad de Lima el sábado y domingo pasados en base a 624 personas con un margen de error de 4%. La capital peruana tiene ocho millones de habitantes, poco menos de un tercio la población total del país.

A pesar de tener dos años trabajando en medio de gran despliegue mediático, un 64,9% de limeños asegura estar informado sobre la labor de la Comisión de la Verdad en tanto que un 27,8% dice no estar al tanto de ella.

Otra encuesta de la firma Datum señala que un 54% aprueba la labor de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, mientras que un 38% la desaprueba.

El sondeo de Datum se hizo en Lima sobre una muestra de 407 personas el 23 y 24 de agosto últimos.

La Comisión de la Verdad y la Reconciliación, que ayer presentó el informe final sobre la violencia política en Perú entre 1980 y 2000, está integrada por 12 miembros de organismos defensores de los derechos humanos, académicos y religiosos y recogió 17.000 testimonios.

El informe final de la Comisión, presidida por Salomón Lerner, rector de la prestigiosa Pontificia Universidad Católica del Perú, tiene nueve tomos, dividido en tres partes.

Las partes son «El proceso de violencia, los hechos y sus víctimas», «Las viejas y nuevas violencias y la discriminación de género, racial y étnica», y «La reconciliación y las tareas de la Justicia, recomendaciones y propuestas de reformas institucionales».

A lo largo de dos años de trabajo, la Comisión realizó en diversas ciudades del país decenas de audiencias públicas con víctimas de la violencia, audiencias ciudadanas, asambleas públicas y sesiones institucionales en busca de información.

La Comisión puso en marcha la campaña «Para que no te olvides», destinada a actualizar los datos de las personas desaparecidas durante el proceso de violencia.

El mayor número de víctimas en Perú se registró en el departamento (región) de Ayacucho, ubicado a 550 kilómetros al sureste de Lima y en donde el grupo filomaoísta Sendero Luminoso se alzó en armas el 17 de mayo de 1980.

Cuatro años después hizo lo propio el procastrista Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA)

Integran además el organismo la abogada y ex congresista Beatriz Alva Hart, el sociólogo e investigador Rolando Ames Cobián, el ex administrador Apostólico de la Arquidiócesis de Ayacucho, monseñor José Antúnez de Mayolo, el teniente general (r) Luis Arias Grazziani, experto en temas de seguridad nacional, el ex senador y director ejecutivo de la Comisión Andina de Juristas, Enrique Bernales.

También el antropólogo Carlos Iván Degregori Caso, profesor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y miembro del Instituto de Estudios Peruanos, el presidente de la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza, sacerdote Gastón Garatea Yori, el líder de las Asambleas de Dios, denominación evangélica del Concilio Nacional Evangélico, el pastor Humberto Lay Sun.

Además, la socióloga y ex secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Sofía Macher Batanero, el ex rector de la Universidad San Cristóbal de Huamanga (Ayacucho), Alberto Morote Sánchez, investigador y analista político, Carlos Tapia, y como observador monseñor Luis Bambarén Gastelumendi, obispo de Chimbote y ex presidente de la Conferencia Episcopal Peruana.

La labor de la Comisión tuvo un costo de alrededor de 13 millones de dólares, de los cuales el 55 por ciento fue aportado por el Estado peruano y el resto por la cooperación internacional.

 

«El informe no nos convierte en fiscales ni jueces»

El presidente Alejandro Toledo dijo que el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación sobre la violencia política en Perú entre 1980 y 2000 que recibió ayer jueves «no nos convierte en fiscales ni jueces».

«Hay que dejar que la Justicia haga su trabajo, nadie que no está llamado por ley puede reemplazar a la Justicia, hay que dejar que ellos hagan su trabajo y nosotros el nuestro», dijo en su discurso en el Palacio de Gobierno luego que se le entregaran los nueve tomos de la CVR.

Toledo anunció que «en un plazo prudencial (el gobierno) tomará conocimiento del informe y se pronunciará a partir de algunas consideraciones».

Tales consideraciones son la necesidad de que la Justicia «sin presiones ni interferencias juzgue y sancione» para reivindicar a los inocentes, cumplir el imperativo del Estado a las reparaciones colectivas a los marginados, la lucha frontal contra los remanentes del terrorismo y el fortalecimiento de los derechos humanos.

«No hay reconciliación sin inclusión social de los marginados: esta es nuestra definición de reconciliación», subrayó Toledo, cuyo gobierno agregó ese objetivo al inicial de la entonces llamada Comisión de la Verdad.

Agregó que la reconciliación propuesta «es con los peruanos que creen en la libertad, la democracia y los derechos humanos».

No hay reconciliación con los partidarios del terror, enfatizó Toledo, flanqueado por su esposa, los dos vicepresidentes de la República, el presidente de la CVR, Salomón Lerner, y el obispo Luis Bambarén.

El mandatario llamó a actuar, a partir del informe final presentado hoy, «sin impunidad pero sin venganza», y exhortó a la sociedad peruana a no quedarse anclada en el pasado «para no hipotecar nuestro futuro».

«Grave sería quedarnos atrapados en el pasado», insistió Toledo, quien llamó a superar el rencor y el resentimiento.

Igualmente llamó a debatir el informe sin pretender que sus recomendaciones «sean la vida o la muerte de nuestras propias ideas». Sin embargo, insistió en que el informe de la CVR debe servir «para unir más a los peruanos y no para dividirnos».

Admitió el Jefe de Estado la necesidad de afrontar el carácter estructural de la violencia, en cuanto a eliminar sus causas.

«Que nunca más la historia del terror se repita en nuestra nación», dijo y llamó al país «a dar un salto
al futuro y afrontar con coraje el pasado».

Pidió considerar con serenidad el esfuerzo de los comisionados, «sin prejuicios ni odios personales». *