Departamento de Justicia de EE.UU solicita información sobre bienes y cuentas de Eugenio Figueredo en Uruguay

El pasado miércoles el Departamento de Justicia norteamericano presentó cargos con una petición para que las autoridades de Suiza detuvieran a altos dirigentes de la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) y los extraditara a EE.UU por cargos federales de corrupción.

Las acusaciones por “fraude electrónico, blanqueo de capitales, y extorsión”, fueron sobre una decena de funcionarios del más alto rango de la FIFA, entre quienes se encuentra el vicepresidente de Conmebol, Eugenio Figueredo.

Los cargos específicos contra Figueredo son por los delitos de “obstrucción de la justicia, fraude, lavado de dinero, mentir en su solicitud de ciudadanía y en su declaración de impuestos”, según se indica en el documento de la acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

A ello se sumó en las últimas horas un nuevo requerimiento de parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos, esta vez a Uruguay para que brinde información sobre los bienes y cuentas que Figueredo tiene en el país, y también el bloqueo de sus cuentas bancarias.

El exhorto llegó a través de la Autoridad Central de Cooperación Jurídica Internacional, del Ministerio de Educación y Cultura, que la derivó al Juzgado de Crimen Organizado.

La petición está en manos del fiscal Juan Gómez y la jueza Adriana de los Santos.
Según informó El País, Figueredo tiene al menos dos propiedades en Uruguay, una en Punta del Este y otra en Montevideo, sobre la rambla República del Perú.

Pedido de AFIP

Por otro lado, Uruguay recibió también un pedido de información de la Administración Federal de Ingresos Públicos argentina (AFIP) sobre datos de sociedades y cuentas bancarias que tienen en el país los empresarios argentinos Alejandro Burzaco y Hugo y Mariano Jinkis, así como las firmas Torneos y Competencias SA y Full Play SA, a quienes denunció penalmente por evasión tributaria, asociación ilícita fiscal y lavado de dinero.

Datisa S.A, la firma señalada por acordar pagar 100 millones de dólares en sobornos a oficiales de Conmebol a cambio de la firma del contrato para realizar la Copa América 2015 en Chile, la Copa América del Centenario 2016 (EEUU) y dos ediciones de la competencia (2019 y 2023), está registrada en Uruguay.