La anulación de las leyes de impunidad, ¿tendrá efectos jurídicos?

Es un mérito le reconocieron sus colegas al finalizar el debate de la cámara baja, la madrugada de ayer. Es cierto que encontró respaldos, más de 30 legisladores acompañaron su reclamo para realizar una sesión especial sobre este asunto trascendental, que estuvo a punto de naufragar, pero que reflotó finalmente con una votación anulatoria avasallante por la concurrencia de varios factores.

La decisión del presidente Néstor Kirchner de apurar la ratificación de la Convención que declaró imprescriptibles los delitos de lesa humanidad, resultó fundamental para abroquelar al peronismo de la Cámara baja y para darle a la nulidad un espacio más amplio por lo que dice el Tratado y porque a artículos del Código Penal se incorporaron esas disposiciones.

Va de suyo que las organizaciones defensoras de derechos humanos crearon las condiciones para que jamás se bajara el reclamo, aún en momentos mucho menos propicios que el viento de cambio que parece recorrer la Argentina. La diputada es hija de Rodolfo Walsh, el gran periodista y escritor asesinado en marzo de 1977, horas después que despachara urbi et orbi su famosa carta dirigida a la Junta Militar. Allí denunciaba la existencia de miles de desaparecidos y el pleno funcionamiento de los campos de concentración, es decir, el terrorismo de Estado.

Fue, en este sentido el debate, un homenaje al autor de «Operación Masacre». Como lo fue para el recientemente fallecido diputado socialista, Alfredo Bravo, porque él antes que nadie, reclamaba casi semana a semana, la necesidad de debatir la anulación que si el Senado la hace suya, será una rémora del pasado. A Bravo la Cámara baja le debía un homenaje: la diputada Elisa Carrió dijo en el debate del martes que lo ocurrido era un triunfo postrero del legislador que fue maestro y estuvo secuestrado en los tiempos del terror.

Walsh había sido llamada días atrás por el propio Kirchner para hablar sobre estos temas. El propio martes, la diputada de IU supo encontrar consensos con el restos de los bloques parlamentarios; hizo concesiones y llegó a acuerdos, permitiendo así el debate que casi todos lo consideraron histórico.

Si la izquierda actuara siempre de esta manera, tratando de encontrar espacios de coincidencias, seguramente recogería más frutos, acorde con el tesón que pone de manifiesto en la lucha. Todo lo contrario hizo el diputado de Autodeterminación y Libertad, Luis Zamora que miró la discusión parlamentaria como una maniobra y sufragó  al igual que la derecha–en contra de la anulación.

Es difícil entender la solitaria actitud del legislador que se presenta como candidato a jefe del Gobierno porteño, en las elecciones del 24 próximo. Las encuestas le venían bien, no para ganar, pero disputando el tercer lugar: ahora, luego de lo ocurrido se verificará si su mensaje lo coloca mejor o peor en la consideración del electorado.

 

El debate jurídico

La impresión que se recoge es que el Senado dará finalmente apoyo a la media sanción de la otra cámara. Lo que se discute si se trata de un gesto declamatorio muy potente para acorralar a la Suprema Corte de Justicia para que declare no constitucionales las leyes de marras, o si tendrá, como sostuvo la mayoría de los legisladores, efectos jurídicos.

Muchos constitucionalistas le niegan esa posibilidad e incluso ponen en duda que puedan aplicarse a los represores amparados por las leyes de impunidad o los indultos, las normas del Tratado ratificado, por entender que cuando ocurrieron los hechos que horrorizaron al país y al mundo, no estaban vigente la imprescriptibilidad.

La batería de argumentos a favor o en contra del valor de la nulidad y de la utilización de los artículos del Tratado que hacen a los casos ocurridos en el país, llenarán páginas de diarios u libros. Los jueces en última instancia dirán quien tiene razón y si la derrota de la impunidad, finalmente se consuma.

Como en todas las cosas, aún las leyes, dependen del aire democrático ( o de otro signo) y de la correlación de fuerzas dentro de los tribunales y en la lucha política y social. Hay una realidad: las leyes ya fueron declaradas inconstitucionales por la mayoría de las cámaras federales (alzada) y de los jueces inferiores depende ya con ese antecedente y la decisión política del Parlamento, llevar al banquillo de los acusados a los responsables de los delitos de lesa humanidad.

Tan era así que un juez federal de la provincia del Chaco, comenzó a juzgar a los militares responsables de un fusilamiento a una veintena de presos políticos en 1977. El hecho con un tribunal superior le retiró la causa por motivos formales y discutibles, no invalida lo expresado, aunque se supone que los magistrados esperarán que la Corte termine por dirimir la controversia en el plano jurídico.

¿Por qué los jueces consideraron inconstitucionales las normas de impunidad? Porque cuando el Parlamento la sancionó en un clima de asfixiante presión castrense sobre actuó sus propias facultades para amnistiar en violaciones a los derechos humanos como lo señala expresamente el artículo 29 de la carta magna.

Carlos Menem indultó a los que pergeñaron y dirigieron la represión. Si esos beneficios no son derogados, podría darse la paradoja que se abran procesos a oficiales de menor rango y los líderes de la masacre  que no tienen procesos por otros cargos como Jorge Videla o Eduardo Massera  puedan zafar del castigo legal.

Queda abierto el interrogante si las disposiciones agregadas al Código Penal a la luz del Tratado que se incorporará a la Constitución cuando lo apruebe el Senado, será idóneo para anular hacia atrás, los indultos de Menem. Veremos. *