Dictaron prisión preventiva para María Julia Alsogaray

La decisión fue tomada por el juez Rodolfo Canicoba Corral, quien la procesó y le dictó prisión preventiva por malversación de caudales públicos, a raíz de supuestas irregularidades en los arreglos realizados en una oficina cuando era secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano (1992-99).

El magistrado, además, embargó por un millón de pesos (330.000 dólares) a la ex funcionaria, de 60 años, considerada un símbolo de la corrupción menemista.

En la misma causa también fue procesado con prisión preventiva Enrique Kaplán, un ex funcionario de la secretaría medioambiental, ex peluquero que alguna vez cortó el pelo de Menem y de Alsogaray, y a quien el juez embargó por un millón de pesos.

La ex mujer fuerte del gobierno de Menem quedó detenida en una celda menor a seis metros cuadrados, con una pequeña ventana que mira a un pasillo, una cama de una plaza sin sábanas, un roperito, dos sillas, dijeron ruentes judiciales a la AFP.

El baño está a 80 metros y debe compartirlo con una decena de hombres detenidos, mientras está autorizada a salir a un patio dos veces por día y a tener una visita tres veces por semana.

Las figuras que el magistrado imputa a María Julia son «peculado», «defraudación por administración infiel en perjuicio de una administración pública», «incumplimiento de deberes de funcionario público» y «falsedad ideológica», según el fallo.

La arrogante ex funcionaria fue trasladada a la Delegación de Unidad de Investigaciones Antiterroristas (DUIA) de la Policía Federal, en la capital argentina, donde quedó detenida, informó el magistrado.

El delito cometido por la ex funcionaria prevé un castigo de 2 a 10 años, lo que dejó en manos del juez la decisión sobre excarcelación.

Para dictar la prisión preventiva a la rea, el juez tuvo en cuenta la acumulación de 13 causas en su contra, en las que ya tiene cinco procesamientos, entre ellos por enriquecimiento ilícito y evasión impositiva.

El juez también estim que la ex «dama de hierro» de Menem, que frecuentaba a diario la residencia presidencial de Olivos en la periferia norte de Buenos Aires, tiene la capacidad intelectual y un estado financiero tal que impide considerar que «la miseria o la necesidad habría sido la motivación» de esos delitos.

En su apogeo político, Alsogaray llegó a posar para la tapa de una revista de actualidad apenas cubierta con un abrigo de piel auténtica, a pesar de que era la encargada del área ecológica gubernamental.

Antes de hacerse menemista, María Julia había sido diputada nacional por la ultraliberal UCeDé, fundada por su padre, Alvaro Alsogaray, ex capitán del Ejército, y ministro de Economía durante el gobierno de Arturo Frondizi (1958-62).

El expediente de Canicoba Corral se inició en junio de 2000 por una denuncia de la Oficina Anticorrupción, que la acusó de favorecer a «empresas amigas».

Según la investigación, Alsogaray hizo ilícitas contrataciones en forma directa en el marco del Programa de Desarrollo Institucional Ambiental (Prodia), durante su gestión, y por las que habría pagado sobreprecios de por lo menos 200%.

La Justicia determinó que para la refacción de una oficina y la construcción de un entrepiso destinado a asesores de Prodia, se gastaron dos millones de pesos (por entonces equivalente a dos millones de dólares), en pago a «empresas amigas» que no cumplieron un proceso de licitación.

Entre sus causas pendientes, Alsogaray debe afrontar un juicio oral y público, aún sin fecha, por enriquecimiento ilícito, al no poder justificar puntos oscuros en el crecimiento de su patrimonio durante el gobierno de Menem.

Entre otros temas, no pudo explicar el origen de 400.000 dólares que utilizó para comprar un departamento en una costosa zona de Manhattan, en Nueva York.

Antes de ser secretaria de Recursos Naturales entre 1992 y 1999, la multifuncionaria menemista estuvo a cargo del proceso de privatización de la empresa telefónica Entel y de la siderúrgica Somisa, en 1989 y 1990.

En agosto de 2002, fue procesada y embargada en 3,5 millones de pesos, acusada de haber pagado un supuesto sobreprecio de 19 millones de dólares en un contrato que realizó con una ex proveedora de Entel, cuando era su interventora. *