Qué dice el tratado

Sin prescripción: declara que los delitos de lesa humanidad (entre ellos el genocidio) no prescriben «cualquiera que sea la fecha en que se hayan cometido».

Adaptación: obliga a los Estados adherentes a modificar su legislación de modo que se cumpla ese precepto. En el caso argentino, el gobierno entiende que se deberían eliminar las leyes de perdón.

Al exterior: los países se comprometen a adaptar sus normas de modo que se haga posible la extradición de los acusados de esos crímenes «de conformidad con el derecho internacional».

Estado legal: el Congreso convirtió en ley la Convención en 1995, pero sólo ayer el Ejecutivo cumplió con el paso administrativo que le permitirá regir desde dentro de 90 días. El gobierno también quiere que el Parlamento le dé rango constitucional. Se requiere el voto de dos tercios de las dos cámaras. *