Argentina: Diputados aprobó la nulidad de las leyes de impunidad

Hubo dudas previas sobre si el bloque de diputados del peronismo aceptaba debatir «por insanablemente nulas» las leyes de impunidad, sea por reflexiones jurídicas, sea por mezquindad: no darle el «triunfo» a la izquierda y el ARI, que motorizaron lo que ayer se sancionó.

Pero una fuerte presión del presidente Néstor Kirchner unificó al sector mayoritario que permitió iniciar un debate sobrefogoneado por la diputada Patricia Walsh, de la Izquierda Unida, con el respaldo de legisladores del espacio progresista, con Elisa Carrió en primer lugar.

¿Qué hizo el presidente para terminar con las ambigüedades? Firmó la noche del lunes un decreto por el cual Argentina adhiere a una convención internacional que obliga a los Estados miembros a declarar imprescriptibles los delitos de lesa humanidad sin importar la fecha en que hubieran sido cometidos.

En este criterio, el gobierno envió un proyecto de ley para darle rango constitucional a esa norma, lo que fue aprobado también anoche al igual que reformas al Código Penal que permitan aplicar el tratado internacional.

La convención sobre imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad fue firmada por la Argentina en 1970 y aprobada por ley en 1995. Sin embargo, el Poder Ejecutivo eludió luego el cumplimiento de los requisitos establecidos para que el tratado entrara en vigor. Su misión original era permitir las extradiciones de criminales de guerra nazis. Y de eso se trata hoy: de los nazis argentinos, de esos métodos utilizados por la dictadura que provocó 30.000 desaparecidos.

El ministro de Justicia, Gustavo Béliz, explicó el sentido de esta posición: «Con esta medida, el presidente está dando una señal inequívoca a los otros poderes del Estado sobre su firme voluntad en el sentido que no haya obstáculos para la Justicia que permitan la impunidad».

El tratado, que empezará a regir como ley dentro de 90 días, a partir de que ese instrumento sea depositado en las Naciones Unidas, impone a los adherentes cambiar toda norma que impida el juzgamiento de los acusados de delitos de lesa humanidad y obliga a eliminar cualquier traba a eventuales pedidos de extradición. Con todo un espacio de juristas sostiene que la medida quedará sometida a la interpretación de los jueces y, en especial, de la Corte Suprema.

 

Se abrirán procesos

De lo que se trata, además, es darle a este país un marco legal que permita el juzgamiento de los militares y civiles requeridos por el juez español Baltasar Garzón Real para que sean procesados en Madrid por delitos de lesa humanidad.

Kirchner, entre las más diversas señales para cerrar el capítulo de la impunidad, derogó el decreto que firmó Fernando de la Rúa que rechazaba in límine cualquier reclamo de extradición por delitos de esta naturaleza. Es decir que el presidente presionó a los sectores más recalcitrantes a aceptar el desafío: extradición o juzgamiento en el país.

Las decisiones de Kirchner no fueron sólo dirigidas al Parlamento, sino también a la Suprema Corte de Justicia, donde está planteada la inconstitucionalidad de las leyes del perdón.

Pero nada será automático ya que será el Poder Judicial el que interprete la validez de la nulidad y de la convención. La idea de adherir a la convención fue del senador peronista-kirchnerista, Jorge Yoma, que ya había intentado, sin éxito, que el Estado adoptara esa medida en 1998 y en 2000, es decir por oposición de Menem y de De la Rúa.

Días atrás los radicales hicieron suya esa idea, con la que buscaron justificar su oposición expresada ayer en el recinto de anular las leyes del perdón.

¿Su argumento? Que era una postura declarativa o que el Parlamento no puede derogar retroactivamente efectos de leyes que dictó en otra oportunidad, porque viola la división de poderes al inmiscuirse en una decisión en la que solamente tienen facultades los jueces.

Carrió demolió esa argumentación. Entre otros conceptos reivindicó la facultad del Parlamento para derogar leyes impuestas en situaciones excepcionales como las mencionadas, aprobadas bajo la coacción de un levantamiento militar en 1987. «El tribunal de Nürenberg fue excepción porque el nazismo fue excepcional, como lo fue también el terrorismo de Estado», subrayó la líder del ARI.

Un viejo dictamen de la Corte Suprema  recordó la legisladora  que aprobó la vigencia de las leyes del perdón, no ingresó en definir su constitucionalidad porque los supremos tuvieron en cuenta la grave situación político-militar que a juicio de Carrió hoy no existe.

Y dijo más: que aunque fuera sólo fuera declarativa la nulidad, ella tendrá un poderoso efecto político sobre los jueces y sobre la Comisión Interamericana de Justicia, a la que se apelará en última instancia si los supremos argentinos se niegan a cerrar el largo capítulo de la impunidad.

El espacio de la derecha también se opuso a las nulidades pero votó a favor de darle estatus constitucional a la Convención sobre imprescriptibilidad y a las reformas pertinentes para aplicarla al Código Penal.

Ahora falta que el Senado, acaso en dos semanas, le dé a todo forma de ley: todo indica que será aprobado también en ese ámbito. Con el actual escenario jurídico-político, muchos juicios de quienes se ampararon en las leyes anuladas podrán ser abiertos.

Nada es sencillo. Por caso: la carta magna establece que la ley penal no puede aplicarse en forma retroactiva. También otorga la facultad al presidente de indultar a condenados, mientras que, según cómo se entienda, la Convención a la que ahora se adhiere con rango constitucional pondría en duda la validez de esas gracias a favor de los comandantes de la dictadura aprobadas por Carlos Menem en 1990. El debate fue seguido en las calles mediante pantallas gigantes y por millones de argentinos por TV. Día histórico, dijo más de un legislador, y es verdad.

Pero es otro hito de un largo camino que en la víspera, tomó aliento. Y mucho. *