El Parlamento argentino debate para anular leyes de impunidad

La medida fue adoptada por la Sala Primera de la Cámara del Crimen, que rechazó un pedido de hábeas corpus que había presentado el único civil detenido, el abogado Gonzalo Torres de Tolosa. Para los camaristas, el magistrado español es «juez natural» de la causa contra militares, porque son «delitos contra la humanidad» en los que está en juego «el principio de justicia universal».

Esta disposición judicial que de hecho avala las extradiciones por delitos de lesa humanidad se conoció a horas del inicio del debate por la anulación de las leyes de punto final y obediencia debida que en teoría desbrozaría para que los tribunales puedan juzgar a los amparados a fines de los años 80 en esas leyes y al alto mando castrense de los tiempos de terror, indultados por Carlos Menem, a pesar de haber sido condenados a penas severas.

Por su lado el ex general Jorge Videla impugnó al juez federal Rodolfo Canicoba Corral por «inamistad manifiesta». El magistrado había declarado luego de comunicarle a Videla que podría ser extraditado, que lo halló muy deteriorado.

No es seguro que el debate que se iniciará esta tarde en la cámara de Diputados consiga consenso entre los diversos proyectos presentados, que en sus dichos cada uno apunta al mismo objetivo. Pero por algo hay discusiones sobre uno u otros, porque la calidad de efectividad de lo que se busca no siempre parece que podría llegar a buen término.

El Parlamento como centro nacional de atención estará acompañado por una movilización contra las leyes de impunidad. Alrededor de 200 organismos que van desde los defensores de derechos humanos a los variados grupos de piqueteros, sindicatos, entidades estudiantiles y sociales, han llamado en conjunto a la demostración de esta tarde como otro esfuerzo adicional para que no solamente los legisladores sino también la Suprema Corte de Justicia anulen y/o declaren inconstitucionales esas leyes para posibilitar que los pedidos de extradición tengan como lugar de los juicios a la Argentina.

Se calculan en 2.395 los miembros de las FFAA y de seguridad que quedaron amparados por esas leyes. Es lo que registran los archivos de las organizaciones de derechos humanos. De éstos, 1.600 pertenecen al Ejército pero se estima que no más de un centenar están en actividad.

En 1999, la Argentina acordó con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos promover la búsqueda de la verdad histórica por medio de juicios que no resultasen en sentencias, sino en conocimiento. Nacieron entonces los denominados Juicios por la Verdad, cuyos expedientes podrían ser tomados en cuenta si se reabrieran las causas penales.

 

Un largo camino que se reinicia

De todas maneras, derrumbar el plexo normativo construido por varios gobiernos, durante casi 20 años, no parece ser tarea de un día para otro.

¿Cuál es el estado de la opinión pública? Para la Consultora X, el 61,7 % consideró que el envío a Madrid de los militares que solicita el juez Baltasar Garzón no le traerá mayores problemas al presidente Néstor Kirchner. La explicación parece radicar en otras dos cifras: el 68% de los ciudadanos de la misma zona calificó como «baja» la capacidad de las Fuerzas Armadas para presionar al gobierno, al tiempo que el 74,3% opinó que el Poder Ejecutivo no cedería ante eventuales presiones del sector militar.

Si el Parlamento declara nulas las leyes de marras, como reclama el proyecto de Patricia Walsh o inoponibles como acordó el bloque justicialista y aún más, si se aprobara lo que piden los radicales que se aplique el Tratado que declaró imprescriptibles los crímenes de lesa humanidad, no habrá un solo juicio contra los militares, sino que se abrirán numerosas causas, ante diversos jueces, a lo largo de todo el país. Lo mismo ocurriría si la Corte las declara inconstitucionales.

Hubo algunos procesos en los 80 que llegaron a condena  como la causa 13, contra los comandantes  y otros que quedaron truncos para la época en que se sancionaron las citadas leyes de amnistía. Luego, Menem dictó los indultos y esos expedientes terminaron de caer en el letargo.

A mediados de los años 90 hubo una tímida apertura: la Cámara Federal de la Capital Federal, en pleno, dispuso que si bien aquellas causas no podrían reabrirse a los efectos penales sí podía investigarse «la verdad» de las desapariciones, a los efectos de dar con «el destino final» de los desaparecidos, es decir, con sus cadáveres. Fueron los llamados Juicios de la Verdad. Las otras cámaras de apelaciones siguieron el ejemplo.

Se avanzó luego algo más cuando los mencionados tribunales de apelaciones resolvieron que había dos tipos de expedientes que podían seguir indagando al margen de las leyes de amnistía, porque no estaban alcanzados por los beneficios de estas normas: por un lado, los juicios por sustracción de menores, y por otro, los juicios por delitos que cometieron represores que se apropiaron de los bienes de los desaparecidos.

Y hacia fines de los 90 varios jueces comenzaron a dirigir causas penales directamente contra los ex represores, aunque estuvieran amnistiados o indultados. Lo hicieron a partir del argumento de que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles y no pueden ser amnistiados ni indultados.

Las causas que ahora se abran o reanuden deberán ser tramitadas ante diversos jueces federales con asiento en las provincias.

Luego vendrá la intervención de los tribunales orales federales, de la Cámara Nacional de Casación Penal y de la Corte.

Escribe La Nación: «Es imaginable que este primer debate será largo y será decidido, en última instancia, por la Corte. Mientras tanto, habrá otro debate, éste de fondo, sobre la constitucionalidad de la ley que eventualmente se dicte para declarar nulas, inoponibles o inconstitucionales las citadas leyes de amnistía y los indultos, y también el que se suscite por las extradiciones».

Cada intervención del Parlamento y de los jueces irá abriendo nuevos debates y nuevos juicios, en un camino que se bifurcará con planteos y que terminará, después de años, en la Corte. *