¿Quién protege y por qué al ex capitán Alfredo Astiz?

París lo quiere por el secuestro y asesinato de las monjas francesas Alice Demon y Léonine Duquet. Allí ya fue condenado por estos cargos en ausencia. La ley de extradición argentina veda remitir al exterior a un condenado, pero el fallo que lo sancionó a prisión perpetua le garantiza uno nuevo con todos los requisitos de defensa.

Como ex oficial dado de baja, Astiz no debería estar cumpliendo el arresto preventivo que le dictó el juez Rodolfo Canicoba Corral a raíz del pedido de Interpol, paso previó a la decisión si se lo extradita o no, cuando lleguen los fundamentos del exhorto del tribunal madrileño.

Pero está esperando la decisión del juez (o de otro) en una unidad naval que se guarda en reserva, se dice entre los marinos, para impedir que las organizaciones de derechos humanos lo hostiguen.

El periodista Juan Bautista Yofre, que fuera titular de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) cuando Carlos Menem llegó al gobierno en 1989, aseguró por un canal de cable que cuando Astiz llegó a su lugar de arresto fue recibido «con una formación de honor».

La afirmación fue imposible de corroborar y es contemporánea a otros trascendidos que indican que los marinos no permitirían la extradición del «Angel rubio de la muerte».

Se le atribuye al presidente Néstor Kirchner haber dicho en su círculo íntimo que utilizará el caso Astiz como escarmiento  es decir, extraditarlo  si la Corte Suprema demora demasiado su definición sobre si son constitucionales o no las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, por las que zafó el ex marino de un proceso judicial, al igual que otros centenares de represores.

Es dudoso que Kirchner desconozca que el presidente puede permitir la extradición solamente si la ordena el Poder Judicial. Y todo lo que ocurre por allí es de larga duración. Más aun: si la Justicia dispusiera que no hay mérito para extraditarlo, sea a Madrid o a París, el presidente no tiene facultad para modificar ese criterio.

Movilización y debate sobre la impunidad

La repercusión periodística del estado de gracia en que vive Astiz su arresto es probable que disponga la intervención del Procurador del Tesoro, que es el jefe de los fiscales, para que el juez Canicoba Corral le ordene otro lugar donde esperar su destino. Digamos que el ministro de Justicia, Gustavo Beliz, puede requerirle al Procurador esta intervención.

De todas maneras, el caso desnuda la resistencia cultural que existe entre los militares a afrontar el fin de la impunidad. Nadie cree hoy que las decisiones judiciales sobre el ex marino como de los represores detenidos pongan en peligro las instituciones democráticas. Hay una pregunta: ¿por qué el jefe de la Armada, almirante Jorge Godoy, consiente que un no oficial sea cuidado en una unidad naval? Buena pregunta que debería hacerle el ministro de Defensa, José Pampuro.

El caso Astiz siempre ha sido paradigmático. Por eso, cuando le confesó a una periodista que era el único preparado para matar a políticos y periodistas, sin más que la palabra de su interrogadora, un juez lo proceso y condenó y Menem lo envió a su casa, sin el beneficio de una jubilación.

Desde hacía tiempo que se suponía que Astiz vivió protegido en algún país vecino con documentos falsos para eludir a Interpol. En el gobierno se sorprendieron cuando se presentó en el edificio Libertad, sede de la jefatura naval, en calidad de arrestado antes de presentarse ante el juez Canicoba Corral.

Mañana habrá una gran movilización popular para que el Parlamento derogue los efectos de las leyes de impunidad, de manera que los requeridos por Garzón y otros acusados de violaciones a los derechos humanos puedan ser procesados.

Es que mañana debe comenzar una sesión especial de la Cámara de Diputados para debatir sobre un proyecto de anulación pedido por la diputada Patricia Walsh, de Izquierda Unida, y que tiene, entre otros, el respaldo de Elisa Carrió, la legisladora líder del ARI.

El bloque de diputados del justicialismo posiblemente pida un cuarto intermedio (si hay quórum para comenzar la discusión) para acabar de darle forma a su propio proyecto.

El mismo menciona la «inoponibilidad» de las leyes del perdón respecto a los tratados internacionales, que Argentina adhirió y por las cuales se puede juzgar a los represores, incluso a los indultados por Menem, nada menos que los organizadores de la masacre de los tiempos del horror.

Sin dar por terminado los efectos de los indultos, y una biblioteca dice que no es posible porque esa voluntad de Menem era constitucional y otra sostiene lo contrario a la luz de los compromisos mundiales, se daría la paradoja de que los oficiales superiores no podrían ser juzgados ahora, y sí los inferiores.

Carrió sostiene que si no se precisa que las leyes son nulas, todo otro subterfugio jurídico será una manera de engañar a la gente. El abogado Eduardo Barcestat, un activo militante democrático, sostiene, al igual que la senadora Diana Conti y las Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que las leyes del perdón son «incompatibles» con los tratados internacionales e incluso con la propia carta magna.

Y que eso es lo que debería decir expresamente con la anulación el Parlamento.

Días fuertes. *