Directivos de La Nación y Clarín a la Justicia por “apropiación ilícita” amparada por la dictadura militar

La directora del Grupo Clarín, Ernestina Herrera de Noble y el CEO del mismo grupo Héctor Magnetto, así como el director del diario La Nación, Bartolomé Mitre, entre otras personas, están ahora imputados por “extorsión y persecución” en el marco de la causa por la apropiación ilegal de Papel Prensa en los primeros meses de la dictadura.

El fiscal Leonel Gómez Barbella pidió al juez federal Julián Ercolini tomar declaración indagatoria a los acusados por “haber obligado mediante intimidación al grupo Graiver –dueños de la compañía– y sus allegados a suscribir tres convenios cuyos objetos fueron la transferencia de capital social de la empresa Papel Prensa S.A. a favor de la Sociedad Anónima La Nación, Arte Gráfico Argentino (AGEA S.A.) y La Razón Editorial Emisora Financiera, Industrial, Comercial y Agropecuaria”, según dice el escrito presentado al juez. “Y todo ello en el marco de persecución política contra las víctimas y sus negocios, ordenada por la primera junta durante la última dictadura”, añade el documento partes del cual reproduce el diario argentino Página 12.

Cómplices de Videla, Massera, y Martínez de Hoz

El fiscal apunta en su acusatoria que junto a otros responsables de esos diarios, actuaron en complicidad con Jorge Rafael Videla, Emilio Massera y José Alfredo Martínez de Hoz, en la apropiación de Papel Prensa, lo que ha sido calificado de “ilícito” en tanto producto de la extorsión “y de una persecución por motivos políticos y religiosos. Según su acusación, esto último constituye un delito de lesa humanidad y, por ende, es imprescriptible”, puntualiza Página 12.

La Junta Militar quería desarticular el grupo empresario Papel Prensa, por sus “estrechas vinculaciones y colaboración con la subversión”, mientras que La Nación y Clarín querían controlar la producción de papel que aún hoy mantienen.

El acallamiento editorial e informativo de las persecusiones, la represión y la tortura, así como las desapariciones y muertes, fue parte del pago que los diarios acordaron con los dictadores, a cambio de la colaboración para quedarse con la empresa.

Mientras tanto, los abogados de los diarios Clarín y La Nación atribuyeron la solicitud del fiscal para indagar a la cúpula de los diarios a las “presiones públicas del aparato de comunicación oficial (…) La estrategia oficial apunta a distraer la atención pública sobre las causas judiciales que conmueven al Gobierno (…) No existe ninguna evidencia para que la venta de las acciones de Papel Prensa pueda ser considerada un delito, y menos aún, un delito de lesa humanidad. Se trató de una operación comercial, lisa y llana, ajena al conocimiento de los tribunales penales”, publicaron en los medios cuyos jerarcas están imputados.