Agosto, mes de grandes definiciones

Hay en este proceso una suerte de derrota cultural de la impunidad que instalaran los militares cuando adoptaron la Doctrina de la Seguridad Nacional y que no pudieron o no quisieron revertir los gobiernos constitucionales.

La derecha impugnará hasta el hartazgo la política de Kirchner sobre derechos humanos, explicando que es un arma de construcción política y de desvío del interés publico de sus problemas más afligentes, empleo y seguridad, por caso. O como modo de esconder las limitaciones del gobierno para enfrentar las presiones del FMI y de las grandes corporaciones.

Es un lugar común leer en la prensa que refleja los intereses del capital concentrado que el Gobierno carece de programa económico o que no le queda resto de manipulación política para cuando deba ajustar los cinturones de los argentinos a la hora de las definiciones en las negociaciones con el Fondo, las empresas privatizadas que reclaman incrementos de tarifas, de los bancos que claman por compensaciones o con los acreedores externos.

La realidad es más rica. Un mérito de Kirchner es que instala la agenda que a él le importa privilegiar y que no es la que hubieran deseado los grandes intereses. Hay otro argumento que tiene un costado de verdad pero no es absoluta: que el Presidente con sus prioridades únicamente busca fortalecerse para la puja latente dentro del peronismo, especialmente con el poderoso caudillo de la provincia de Buenos Aires, Eduardo Duhalde.

Hacia cambios en la legislación sindical

Un lado de este sesgo puede inscribirse en la propuesta tendiente a conformar una nueva identidad política, de sentido ecuménico entre los que con distinto pasado tienen objetivos estratégicos parecidos. Un pimpollo de ello es la coalición Fuerza Porteña que apoya –no sólo ella– la reelección de Aníbal Ibarra como jefe de Gobierno para vencer al menemismo disfrazado de novedad que tan bien logra representar el empresario Mauricio Macri.

Hay otros afluentes como los encuentros entre el Presidente con organizaciones sociales que no son solamente para canalizar reclamos. El jueves, por caso, el ministro de Trabajo le prometió a diez legisladores del espacio progresista, dar curso a dos reclamos de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA).

Uno, que tiene el apoyo de la OIT, para modificar la ley sindical que solo le da poderes al gremialismo de vieja raigambre peronista. La otra: que se desprocese a dos mil militantes de base con el peligro de ser condenados por ocupar empresas o cortar rutas, para demandar trabajo.

Curiosamente, antes de este encuentro, el ministro Carlos Tomada tuvo un encuentro con Rodolfo Daer, líder de los «gordos», como se conoce a la CGT oficialista. ¿Le informó de las novedades? Es probable, lo nuevo es que Kirchner decide comenzar a dar cumplimiento al reclamo de la OIT que se reitera de año en año.

A todo hay que darle tiempo a que madure. Lo más cercano es el 24 de agosto cuando se concretan los comicios porteños (que además renueva los legisladores locales y 13 diputados nacionales).

Al Presidente no le queda espacio para despegarse de Ibarra. Hay una campaña mediática tendiente a instalar el triunfo del empresario con el objetivo de conseguirlo, claro, pero como utiliza encuestas raras, tiene el tufillo de intento de bloquear a Kirchner su apoyo a la conjunción progresista.

El ensayo porteño

En «Fuerza Porteña» confluyen los restos del Frente Grande, el ARI, de Elisa Carrió, los socialistas, independientes y el justicialismo de matriz kirchnerista. En rigor, amigos del Presidente juegan también desde el nuevo Partido de la Revolución Democrática que encabeza el periodista Miguel Bonasso que apoya a Ibarra pero busca imponer los candidatos a los otros cargos desde su identidad afín al peronismo de izquierda de los ´70. Tropa propia para Kirchner que busca sumar en elecciones que habrá las próximas semanas en casi todos los distritos.

Si Ibarra –cuyo perfil de campaña no entusiasma a Kirchner– consigue «nacionalizar» el comicio porteño, esto es, vincular su suerte, y con ello de la coalición integrada por ahora de manera ad hoc, a la del Presidente, puede remontar los obstáculos de diferente origen y ganar una elección crucial.

Retornemos a las leyes de impunidad. Ya se sabe que su importancia reaparece con la incursión del juez Baltasar Garzón y sus reclamos de extradiciones, que Kirchner acompaña derogando el decreto que impedía siquiera considerarlas. Garzón abrió la gran dicotomía: o juzgamiento acá, bloqueado por las leyes mencionadas y por indultos de Carlos Menem en 1989 y 1990 o extradiciones para que en Madrid (pero puede ser París, Berlín, Roma, Tel Aviv, Estocolmo) se los procese. Francia ya envió el exhorto para que envíen a Astiz.

¿Cómo reabrir la posibilidad de verdad y justicia sin destapar la caja de los truenos? Por ahora el Presidente domina los acontecimientos y sus enemigos esperan que su popularidad, avasallante por estos tiempos, caiga para obligarlo a retroceder. Suponen que ello ocurrirá con las concesiones que le arranque el FMI. Ya llegaremos a ello.

La Corte que tiene en su agenda discutir la constitucionalidad o no de las leyes del perdón, está en proceso de recambio muy profundo, vía renuncias o de juicio político de supremos que obedecían al menemismo, o sea al modelo neoliberal de los que ya se denomina la «década obscena», necesita de su tiempo de adaptación y de reflexión.

¿Cómo anular y que sea nulo?

Para apurarla, es que el Parlamento hará lo suyo. Hay propuestas, como la de la diputada de Izquierda Unida, Patricia Walsh, que pide la anulación de los efectos de las leyes de marras así como de los indultos menemistas. Hay objeciones constitucionales a este propósito.

El bloque de diputados justicialistas cree haber encontrado la fórmula jurídica, la de la «inoponibilidad», de compresión difícil y traspolada del derecho civil, como reemplazo del concepto de nulidad. En esencia, la idea implica sostener que ninguna norma jurídica –incluido los indultos de Menem– puede oponerse a la acción penal dispuesta por los pactos internacionales firmados por la Argentina que declaran imprescriptibles los crímenes de lesa humanidad o de violación de derechos humanos.

Hay una biblioteca que dice que es posible, otra que no, que prefiere la nulidad, criterio de Elisa Carrió por caso. La senadora Diana Conti, frentista, sostiene que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos utiliza «incompatibles», las leyes de impunidad con el derecho público internacional.

Es inocultable que hay una deseo del peronismo parlamentario de no permitirle a la izquierda y sus aliados, a que saquen réditos de una victoria posible, al menos en la cámara baja. Los analistas sostienen que cualquiera de las posibilidades planteadas –que deben pasar luego el Senado que es renuente– serán un grito político más contra la impunidad ya que todos los caminos «culminan en Plaza Lavalle» (donde están los despachos de la Corte).

Hasta los indultos como frontera, Duhalde, que es crítico de la política de Kirchner en la cuestión militar, respalda el pronunciamiento parlamentario.

Un argumento para no introducir los indultos en la inhabilitación, es que no solo benefició a la jerarquía castrense que pergeñó y condujo el terrorismo de Estado, sino a dirigentes Montoneros y otros más cercanos, a Enrique Gorriarán Merlo.

¿Teoría de los dos demonios?

Parece una argucia. Primero, es incorrecto atar los crímenes por medio del Estado a los delitos de sangre inclusive de los irregulares. Lo que condena la ley internacional es lo primero. A los Montoneros y al Ejército Revolucionario del Pueblo, aniquilados por métodos de horror en l
a mayoría de los casos, lo juzga la historia. Además a los sobrevivientes se los puede imputar desde la política pero no que hayan secuestrados a miles de argentinos, un delito permanente, o robaron niños en cautiverio.

Es una manera que alguna gente de buena fe apoya que reinstala la teoría de los dos demonios.

El debate llega a la calle: ¿divide a la sociedad o aísla a la derecha extrema? Los esfuerzos de sectores que repudian la política de Kirchner, no pueden movilizar a casi nadie. Pero desde las sombras hay intimidaciones.

Para el 12, previsto como inicio de la discusión en Diputados, se aguarda una concentración de gran envergadura que Kirchner ve con más que simpatía: no es por casualidad que recibió la semana pasada a líderes de entidades defensoras de derechos humanos que, a la vez, le dieron respaldo a este aspecto de su política. O que se encontró con el poeta Juan Gelman quien le pidió apoyo a su reclamo a Jorge Battle: donde están los restos de su nuera. La reunión fue el mensaje.

La negociación con el FMI

Vienen días movidos coincidentes con las negociaciones con el FMI. ¿Están estas bien encaminadas, como quieren hacer creen en venas del oficialismo, o están en su peor momento, como gritan desde el sector financiero? Ni uno ni otro sesgo. Lo cierto es que Kirchner le ordenó al ministro de Economía, Roberto Lavagna que no firme ningún acuerdo que exige un superávit fiscal de más del 3% del PBI. Le piden el 4,5%, con las consecuencias de recesión y bronca.

El Presidente reclama también un convenio que dure todo su mandato, no de solamente un año. ¿Cuál sería el precio? ¿Las viejas demandas de «reformas estructurales» que pide el Fondo? Ya no se oculta que se negocia un programa de incremento de tarifas, reformulación de la banca pública, compensaciones a los bancos privados por los efectos de la devaluación. ¿Hay presiones, más allá de los reclamos? Hubo un apagón eléctrico que el gobierno sospecha como intencional.

No en todos estos temas las partes cantan la misma melodía aunque el título de la canción sea el mismo. No es lo mismo escuchar el trino de un pájaro de día que de noche. Aunque, ¿alguien oye gorjeos en la oscuridad? *