La primera gran victoria política del gobierno de Lula

En la madrugada del miércoles 6, después de 14 horas ininterrumpidas de negociaciones y de debates en el plenario, la Cámara de Diputados de Brasil aprobó en primera votación la reforma de la ley de jubilaciones y pensiones de funcionarios públicos por 358 votos a favor, 126 en contra y 9 abstenciones, con la presencia de 419 de los 513 diputados. Se requerían los 3/5 de votos del total de integrantes, o sea 308 diputados. Concurrieron a la votación afirmativa 62 representantes de la oposición (29 del PSDB y 33 del PFL). En la votación general, 3 diputados del PT se pronunciaron en contra y 8 se abstuvieron. Estos últimos votaron a favor de las enmiendas en la discusión particular.

Estaba en discusión la reforma del régimen especial de pasividades de los funcionarios públicos, y dentro de éste el muy privilegiado de los jueces, motivo de intensas negociaciones que quizás continúen durante el trámite de aprobación de la enmienda, que requiere una segunda votación en la Cámara y dos votaciones en el Senado, donde también deberá reunir los 3/5 de sus 81 componentes, 49 votos.

No obstante, se destaca que la votación en Diputados constituye la primera gran victoria política del gobierno de Lula. Era para éste una verdadera prueba de fuego, con el Congreso por escenario. Aquí se jugó toda su voluntad de concertación, de negociación en la búsqueda tenaz de acuerdos, pero sin perder el rumbo. Y a pesar de todos los obstáculos, de movilizaciones en contra, de oposiciones externas e internas dentro del PT, y de una desaforada campaña mediática internacional, logró salir airoso. José Genoino, presidente nacional del PT, declaró: «Corrimos el serio riesgo de pegar en el palo, pero la votación demostró que el gobierno tiene determinación y sangre fría para correr los riesgos con humildad. Mostramos que este gobierno dialogó, sabe negociar, y que es firme en sus decisiones». El presidente postergó su anunciada gira africana para asumir el comando de las negociaciones.

El sistema de previsión social está integrado por tres regímenes: un régimen general de previsión social (RGPS) para trabajadores privados y rurales; un régimen jurídico único (RJU) para funcionarios federales o nacionales; y un régimen complementario. El segundo resulta muy ventajoso respecto al primero. Ernesto Murro (ex director obrero del BPS y miembro del equipo de representación de los trabajadores) señala que «en Brasil los parlamentarios, Fuerzas Armadas, funcionarios públicos y miembros del Poder Judicial constituyen un sector privilegiado en seguridad social, a quien se destina una parte significativa de los subsidios sociales comparativamente muy superior en relación al conjunto de los trabajadores privados y han sido tratados especialmente por las autoridades, históricamente, por clientelismo político en la selección de beneficiarios» (véase su nota en Bitácora del 23 de julio). En este sentido la propuesta del gobierno acordada con los 37 gobernadores contenía normas de aumento de la edad de retiro, gravamen a pasividades sobre determinado monto, un sistema de topes por encima del cual se implanta un régimen complementario.

El gran argumento del gobierno, que prevaleció en el debate, es el déficit creciente de las cuentas de la previsión social, que alcanzará este año a 23 mil millones de reales, 13 veces más que el presupuesto del Plan Hambre Cero, cifrado en 1.800 millones de reales (el dólar está por debajo de los 3 reales).

De los 92 diputados del PT, votaron en contra tres: João Batista –Babá– de Araújo, João Fontes y Luciana Genro. Ocho se abstuvieron: Orlando Fantazzini, Walter Pinheiro, Iván Valente, João Alfredo, Maninha, Chico Alencar, Paulo Rubem Santiago, Mauro Passos. Estos ocho, en la discusión particular votaron a favor, reuniéndose en este caso 89 de los 92 votos del PT. El caso de los tres disidentes está a examen de la comisión de ética, toda vez que el Directorio Nacional del PT resolvió en julio que debía votarse a favor del proyecto, lo que fue ratificado por la Comisión Ejecutiva.

En la votación particular sumaron sus votos los partidos aliados al PT en esta instancia, pero no en su integridad, sino que entre ellos se registraron 91 votos negativos, que corresponden al siguiente detalle: 28 del PMDB, 11 del PTB, 15 del PP, 4 del PL, 9 del PSB, 7 del PCdoB y 3 del PV, con la particularidad de que los 14 diputados del PDT de Brizola votaron en contra.

Al igual que en la votación general, diputados de la oposición contribuyeron a la aprobación de las disposiciones en particular. En el PFL, 31 votaron a favor, 35 en contra y 3 se abstuvieron. En el caso de los tucanos, el PSDB de FHCardoso, 26 votaron a favor, 28 en contra y 5 optaron por la abstención.

Después de muchas negociaciones, transacciones, reuniones con organizaciones sindicales y sociales y con los partidos, se arribó a lo siguiente: en el caso más polemizado, el de los jueces, se fijó en 85,5% del salario de los magistrados del Supremo Tribunal Federal después que el Ejecutivo propusiera 75% y la magistratura exigiera 90,25%, se grava en 11% las pensiones superiores a 1.200 reales (más de 400 dólares), los que ganen hasta esa suma se jubilan con el salario integral, y por encima se aplica una reducción del 50%; se crean fondos de pensión complementarios; se aumenta en 7 años (a 60 para los hombres y 55 para las mujeres) la edad de la jubilación, se permite a 40 millones de trabajadores del sector informal incorporarse al sistema pagando 8% del salario mínimo de 80 dólares mensuales, menos de la mitad de los trabajadores del sector formal.

El 8 de julio, once agremiaciones de funcionarios públicos, la Confederación Nacional de Trabajadores del Servicio Público Federal, se levantaron en huelga contra el proyecto. La CUT se solidarizó con los reclamos, no acompañó la huelga y participó en negociaciones con el gobierno. La CGT estableció una posición similar y Fuerza sindical (FS) apoyó la equiparación entre públicos y privados, hacia un régimen único.

Los huelguistas realizaron actos y demostraciones en rechazo a la ley, que se concentraron en Brasilia a la hora de la votación. En la manifestación del día 6 algunos grupos retiraron las barreras, rompieron vidrios del Congreso e intentaron invadir el recinto. La votación prosiguió, ningún manifestante fue herido ni detenido. Estas expresiones de violencia y de quema de banderas y carnés es lo único que difundieron los canales internacionales, al tiempo que le daban bombo a los disidentes del PT y exhibían una y otra vez los carteles que atacan groseramente a Lula.

Pocas veces se ha visto una campaña de deformación mediática tan acentuada y orquestada internacionalmente. En la misma se han acoplado la CNN y proclamados voceros de la cuarta internacional, que inundaron los correos electrónicos. Al punto que un semanario de nuestro país adopta como propia las versiones de esta agencia, en un tono denigratorio contra el gobierno brasileño. Pero ello no alcanza para ocultar el contenido de la ley y la significación política de la gran victoria del gobierno brasileño. *