Videla fue notificado de que puede ser extraditado

Es un procedimiento insoslayable respetando todas las normas del derecho. El desfile de ex represores incluyó, además de Videla, a los marinos Rubén Franco, Jorge «Tigre» Acosta, el prefecto Héctor Febres, Juan Orlando Rolón y el ex general Carlos Guillermo Suárez Mason.

Todos cumplen arresto domiciliario o detenciones por estar involucrados en distintas causas relacionadas a violaciones a los derechos humanos. Videla está arrestado por la causa de robo sistemático de bebés nacidos en cautiverio. El ex almirante Emilio Eduardo Massera, coautor del golpe de Estado de 1976 y comandante de la primera junta militar, está convaleciente en su domicilio a raíz de un derrame cerebral. También cumple prisión preventiva domiciliaria por estar acusado en las causas sobre robo de bebés y apoderamiento de bienes de los desaparecidos.

Por el reclamo de Garzón, cuyo exhorto se espera aunque en Madrid ha sufrido impugnaciones, Canicoba Corral dispuso la detención de 40 militares y un civil requeridos por Garzón, mientras siguen prófugos los militares Arturo González Naya y Antonio Arrechea Andrade, así como el capitán de navío retirado Jorge Vildoza.

Aplicando la doctrina jurídica de la Justicia Universal para delitos de lesa humanidad, Garzón tramita desde 1996 un juicio a represores de la dictadura militar. Procesó por «genocidio», «terrorismo» y «torturas» a 98 de ellos, entre los cuales figuran los 44 militares con orden de detención.

De hecho los reclamos del juez español pusieron en primer plano qué hacer con las leyes de punto final y de obediencia debida que han protegido hasta ahora, junto con los indultos firmados por Carlos Menem, a los responsables y ejecutores del terrorismo de Estado, para que fueran juzgados en Argentina.

Apoyo de organismos de DDHH

Además, el presidente Néstor Kirchner derogó el decreto que firmó Fernando de la Rúa que rechazaba sin atenuantes cualquier reclamo de extradición en materia de derechos humanos, factor decisivo para dar impulso por diversos y a veces controvertidos intereses a la derogación de las leyes de impunidad.

Ayer Kirchner recibió en la Casa Rosada el respaldo de personalidades como Estela de Carlotto, la insoslayable referente de las Abuelas de Plaza de Mayo y de Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, ambos integrantes de una Comisión por la Verdad de la Provincia de Buenos Aires que le brindó respaldo al Presidente por su postura contra la impunidad.

Una gran movilización se aguarda para el próximo 12 frente al Parlamento para acompañar la sesión de ese día donde, en principio, debería tratarse la derogación de los efectos de aplicar las leyes de impunidad y los indultos. Dicho de otra manera: el propósito del proyecto que impulsa la diputada de Izquierda Unida, Patricia Walsh, busca despejar de todo obstáculo el juzgamiento en el país de todos los acusados de violaciones a los derechos humanos.

En teoría, nadie se opondría, pero sea por razones jurídicas atendibles, sea como modo de taponar la iniciativa, lo cierto es que un sector de la Cámara baja, que atraviesa tanto a peronistas como radicales en los bloques de diputados más importantes, se opone a la iniciativa, actitud que es mucho más fuerte entre los senadores nacionales. Ayer, en un día muy fuerte de movilizaciones piqueteras que cortaron rutas nacionales, puentes que unen la Capital Federal con la Provincia de Buenos Aires, que se extendieron por el Parlamento y la Plaza de Mayo, se levantó como una de sus demandas la derogación de las leyes de impunidad.

El debate llega a la calle

Hay quienes tienen otra óptica. Son los llamados «procesistas», por aquel nombre que se dio la dictadura: Proceso de Reconstrucción Nacional. Han convocado para hoy a Plaza de Mayo para pedirle a Kirchner que impida las extradiciones y ponga un manto de olvido sobre el pasado.

A su manera, la Sociedad Rural, al inaugurar el pasado sábado su feria anual, hizo saber que no desea «retornar al pasado». Kirchner no fue al acto inaugural, aunque días más tarde visitó la exposición sin hacer mención a esa postura de la directiva de la Rural, hegemonizada por los grandes propietarios.

El forcejeo entre impunidad y verdad con justicia ha vuelto a instalarse. La Iglesia, cuya conducción estuvo con el Presidente el miércoles, oscila entre una y otra postura, aunque busca diferenciarse de cualquier solidaridad con los militares responsables del terrorismo de Estado.

Como están las cosas, el trámite de extradición puede extenderse por años, según dijo a este diario un especialista en la materia y de posiciones muy definidas en contra de la impunidad.

Y si la decisión del Parlamento fuera favorable a derogar los obstáculos para el juzgamiento, la última palabra la tendrá la Corte Suprema de Justicia. Aquí sus integrantes están divididos, pero el contexto político puede acelerar las definiciones para antes de fin de año.

Aún debe incorporarse a ese cuerpo Raúl Zaffaroni, nominado por Kirchner para ocupar el sillón que dejó Julio Nazareno, ex titular supremo, al renunciar para evitar el juicio político.

Zaffaroni debe pasar por el acuerdo del Senado, donde varios legisladores derechistas lo aguardan con el cuchillo bajo el poncho. Para esa veta política y para los defensores más fuertes del gran capital, Zaffaroni es el enemigo a derrotar. No es casual que todo el espectro de organizaciones de derechos humanos le da el respaldo. Ayer, fue explícito ante Kirchner en el encuentro que éste tuvo en la casa de gobierno, como se cuenta en la crónica.

En la Corte habrá más novedades. La semana próxima se inicia el juicio político contra otro as del menemismo: Eduardo Moline O’Connor, cuyo defenestramiento encontrará escollos pero parece insalvable por sus amigos en el Parlamento y arrastraría a otros dos supremos.

Kirchner tiene una carta guardada: la ratificación del tratado de imprescriptibilidad firmado en los años 70 e incorporado a la carta magna como ley de la Nación. Aporta un elemento más para propender al juzgamiento de militares y poner al Presidente al frente de la solución del tema complejo.

Es, como se ve, un proceso muy enervado donde se juega el gran proyecto presidencial de reformar a fondo al Poder Judicial y mostrar que el delito –en todos los órdenes– se paga. *