Lula negocia para aprobar la reforma previsional

Lula se iba a reunir a lo largo del día con líderes de los partidos de la coalición que apoya a su gobierno para garantizar una victoria en la votación del proyecto de reforma del sistema de pensiones, destinado a reducir el déficit de la Seguridad Social y los privilegios de los funcionarios públicos.

La reivindicación del poder judicial de que el salario máximo de los jueces de los Estados equivalga al 90,25% del de los magistrados del Tribunal Supremo Federal (STF), y no al 75% como quiere el gobierno, seguía siendo el principal obstáculo para un acuerdo definitivo.

El gobierno estaría dispuesto a aumentar al 85,75% ese techo. Los magistrados del STF son los funcionarios mejor pagados de Brasil con 17.170 reales mensuales, casi 6.000 dólares. Los funcionarios brasileños se jubilan con su último salario completo.

Otro punto polémico es la pensión de los funcionarios públicos. Los diputados reclaman un tope de 2.400 reales –en vez de los 1.058 acordados– para las pensiones.

En cambio, ya se ha definido que los 40 millones de trabajadores del sector informal que quieran adherirse a la Seguridad Social podrán hacerlo mediante el pago de una tasa equivalente del 8% del salario mínimo (80 dólares mensuales), menos de la mitad que los trabajadores del sector formal.

Mientras las negociaciones entre gobierno y diferentes agentes implicados en la reforma se sucedían, el presidente de la Cámara de Diputados, João Paulo Cunha, abrió la sesión para discutir las últimas modificaciones al informe aprobado hace más de dos semanas en la Comisión Especial de la casa y los procedimientos para la votación.

En esta sesión, en la que había veinte oradores inscritos, se debe decidir si se vota el proyecto todavía este martes.

El gobierno sólo lo hará si tiene la garantía de obtener los 308 votos necesarios para aprobar esta enmienda constitucional.

Un sondeo realizado por el diario O Globo apunta que el gobierno puede conseguir entre 360 y 420 votos de los 513 diputados, a pesar de que unos 43 de la base gubernamental han anunciado que votarán en contra.

Una prolongación de las negociaciones transmitiría la idea a los mercados financieros y a la opinión pública de que el gobierno está con dificultades, opinan los analistas. *