“Operación Púnica”: la mayor detención masiva de políticos y funcionarios corruptos conmueve al partido de gobierno y a la ciudadanía toda

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, sigue deteniendo políticos y funcionarios por una trama de corrupción que había reportado más de 250 millones de euros, en los dos últimos años, por el pago de comisiones que, en principio se alegó había sido para “financiar al partido” (el Partido Popular), pero ahora se descubre fue con absoluta intencionalidad de lucro personal

Francisco Granados, uno de los hombres más destacados del gobierno de Esperanza Aguirre, en Madrid, seis alcaldes madrileños (cuatro del PP, uno del PSOE y un independiente), el Presidente de la Diputación de León, y una lista de empresarios, mediadores, funcionarios y demás, están en distintas comisarías como detenidos, mientras los partidos estudian si les suspenden o no su afiliación y apoyo.

Las primeras pruebas para esta fase del caso, apuntan que la corrupción creció exponencialmente en España a partir de la construcción del Estado autonómico, en tanto la potestad económica de los municipios se multiplicó, pero no así los controles estatales para un gasto público mucho mayor.

Una lista de errores que socava la misma base del Estado

Los problemas que tampoco comenzaron ayer, pero sin dudas la jornada es la más trágica para los involucrados desde que las denuncias se iniciaron muestra pactos espúreos entre representantes de ideologías opuestas, compraventa de voluntades y encubrimiento de actitudes dudosas, todo a expensas de auditorías de cuentas que no tuvieron el fondo suficiente como para que hubiera anteriores penalizaciones sobre más involucrados.

Entre los 51 detenidos -a la noche del lunes- se mueve “una trama de corrupción municipal y regional infiltrada en varios ayuntamientos y autonomías, principalmente de la provincia y Comunidades Autónomas de Madrid, Murcia, León y Valencia”, ha publicado la fiscalía anticorrupción.

Hasta el momento se han bloqueado más de 400 cuentas en bancos y financieras, hubo 260 registros de domicilio, bajo la supervisión del juez Eloy Velasco, de la Audiencia Nacional, que trabajó con dos centenares de efectivos, en las diferentes intervenciones.

En principio los cargos por los que deben declarar los involucrados alcanzan a “blanqueo de capitales, falsificación de documentos públicos y privados, evasión fiscal, cohecho, tráfico de influencias, malversación de fondos, prevaricación, levantamiento de secreto, negocios prohibidos a funcionarios, fraudes contra la administración y organización criminal”.