AUTORIDAD

Gobierno rechaza ante la JIFE expresiones de su presidente referidas a que Uruguay es “pirata” por ley de marihuana

El vicecanciller, Luis Porto, rechazó ante la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) de Naciones Unidas las expresiones del jefe del organismo Raymond Yans, quien había definido a Uruguay como un país “pirata” por la Ley sobre la marihuana.

Raymond Yans se refiere a Uruguay como un país «pirata» por la ley de marihuana

“Somos una nación respetuosa de la democracia y la separación de poderes, y tenemos autoridad moral para que se comprenda que en forma soberana, nuestro gobierno tiene la iniciativa de regular responsablemente el mercado de cannabis”.

Este martes Uruguay defendió ante Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) de la ONU la Ley que habilitó el cultivo y comercialización de la marihuana, aunque bajo control estatal.

La JIFE, organismo que vigila el cumplimiento de los convenios internacionales sobre drogas, había expresado a través de su presidente Raymond Yans, que Uruguay es un país “pirata”, por aprobar la Ley de marihuana.

Este martes el organismo recibió la postura del gobierno uruguayo a través del vicecanciller, Luis Porto.

“No nos escondemos, no somos piratas señor Presidente, somos respetuosos de la democracia y de la separación de poderes”, expresó Porto en su alegato ante la JIFE.

En ese marco, el jerarca explicó los principales ejes de la estrategia uruguaya en su política antidrogas. Dijo que ellos son: “El fortalecimiento de los sistemas de salud y tratamiento del consumidor como sujeto de salud pública, el Estado como promotor de la paz, intensificar el foco en tráfico ilícito de armas y blanqueo de dinero, y la nueva regulación para algunos cultivos”.

Asimismo, resaltó los importantes avances que logró Uruguay en la lucha contra el lavado de activos y en la regulación del sistema financiero.

“Tenemos antecedentes y autoridad moral en la materia, para que se comprenda que en forma soberana, nuestro gobierno tiene la iniciativa de regular responsablemente el mercado de cannabis, estableciendo pautas de control del Estado y en el marco de acciones de la Estrategia por la Vida y la Convivencia, que supone acciones para garantizar el derecho a la seguridad ciudadana”, sentenció el jerarca.

En cuanto a las normas internacionales, dijo que el objetivo de las Convenciones sobre Estupefacientes aprobadas en 1961, 1971 y sobre todo la de 1988 es “combatir el tráfico ilícito de estupefacientes y los efectos nocivos del narcotráfico”. Por ello añadió que “todas las medidas que adopte Uruguay en el combate contra el narcotráfico serán compatibles con la Constitución de la República sin desconocer ni desproteger los derechos fundamentales”.

Asimismo, recordó que el consumo es legal en nuestro país desde 1974. Agregó que la Ley actual “no promueve el consumo de cannabis, sino que sigue siendo una Ley restrictiva, que, en determinadas condiciones y con intervención estatal, habilita el acceso al mismo, pero no varía lo que ya se encontraba reconocido como lo es el consumo de cannabis”.

El jerarca de gobierno remarcó que el consumo de cannabis, “no se introdujo por la Ley en cuestión, sino que ya se encontraba vigente en nuestro derecho positivo”.

Agregó que “lo que debe ser analizado en cuanto a la consistencia de la Ley con la Convención, refiere a las cuestiones adjetivas y novedosas de la misma, pero no a la sustancia”.

No somos piratas

“No nos escondemos, no somos piratas señor Presidente, somos respetuosos de la democracia y de la separación de poderes, ni más, ni menos, manifestó Porto, en alusión a las expresiones de Yans.

Por otro lado, el vicecanciller dijo que Uruguay no recibió a una delegación de la JIFE antes que se aprobara la Ley porque “no es inútil remarcar que en Uruguay existe separación de poderes, y que el Poder Ejecutivo envió un proyecto de ley al Parlamento, de artículo único, que fue absolutamente modificado por el Legislativo y que perfectamente pudo no haber sido aprobado por dicho Poder”.

“Por lo anterior, no correspondía que el gobierno del Uruguay recibiera delegación alguna de la JIFE hasta tanto el Poder Legislativo no se pronunciara, y la Ley resultante fuera finalmente promulgada, hecho que sucedió hace pocos días”, sentenció Porto.

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