Saqueos y disturbios
Saqueos, edificios tomados y miles de personas en las calles enfrentando a la policía fue la respuesta que recibió el presidente de Perú, Alejandro Toledo, a la declaración del estado de emergencia nacional, que implicó la militarización del país, por la ola de huelgas y reclamos sociales.
El canciller peruano, Allan Wagner, defendió la decisión tomada en la noche del martes al afirmar que «en el momento en que los reclamaciones laborales se transforman en formas violentas de alterar el orden público y de impedir a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos, el Estado debe tomar medidas al respecto».
En Lima, trabajadores en huelga del Poder Judicial tomaron por asalto la sede de la Corte de Suprema en el Palacio de Justicia, tras un enfrentamiento con las fuerzas del orden. Reclaman aumentos de salarios, al igual que los maestros y los trabajadores del agro.
Los trabajadores lanzaron objetos contundentes contra decenas de policías pugnaban por ingresar a la sede del Palacio de Justicia, mientras otros 2.000 trabajadores también en huelga coreaban lemas en apoyo de los que ingresaron a la sede judicial.
Varios mercados y tiendas comerciales fueron saqueados en diversas localidades, informó la policía, mientras los enfrentamientos se tornaban cada vez más contundentes en ciudades del centro, sur, norte y noreste del país.
La policía reportó enfrentamientos en Arequipa, Trujillo, Chiclayo, Cajamarca, Huaraz, Tacna, entre otras ciudades donde las fuerzas de seguridad parecían desbordadas por los manifestantes, según testimonios. A pesar de los llamados de obispos católicos como Luis Bambarén, los huelguistas, principalmente maestros, continuaron organizando marchas y enfrentándose con policías y militares.
Fuentes cercanas al Ministerio del Interior informaron a ANSA que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Dirección Nacional de la Policía Nacional admitieron no tener suficiente personal para neutralizar las distintas manifestaciones en varias ciudades peruanas.
Una radio limeña emitió la llamada urgente del obispo de la localidad de Huari, en la ciudad de Pativilca, que reclamaba de manera desesperada la presencia de militares para evitar que los huelguistas continúen atacando a los vehículos que intentan cruzar el puente del lugar del mismo nombre, a unos 240 kilómetros al noreste de Lima. *
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