JUSTICIA FISCAL

Subir impuestos: FMI propone gravar los altos ingresos, una minirrevolución en Washington

¿Gravar los altos ingresos o centrarse en las multinacionales?: el FMI dio la sorpresa esta semana en Washington al sugerir luchar contra los déficits con un alza de los impuestos.

Sede del FMI en Washington.

Escondido en un pasaje del informe sobre la deuda pública, este punto de inflexión se ha visto ampliamente eclipsado por la preocupación por la crisis presupuestaria de Estados Unidos, pero no escapó al escrutinio de los expertos y de las ONG.

«Debimos leer dos veces el informe para estar seguros de que habíamos comprendido bien», asegura a la AFP Nicolas Mombrial, director de la ONG Oxfam en Washington, «son raras las propuestas del FMI tan sorprendentes», agregó.

El guardián de la ortodoxia financiera, el Fondo Monetario Internacional, que celebra su asamblea general esta semana en Washington, insta tradicionalmente a los Estados en dificultades a recortar sus gastos públicos para reducir el déficit.

Pero en un informe titulado «El tiempo de los impuestos», el Fondo sugiere gravar a los más ricos y su patrimonio para «reforzar la legitimidad» de los planes económicos y para luchar contra el aumento de la desigualdad.

«Parece existir un margen suficiente en muchos países avanzados para obtener más dinero de los altos ingresos», escribe el Fondo, que apunta que los impuestos a los más ricos ha ido «claramente» a la baja durante los últimos 30 años.

Mantener la tasa de los años 80

Según sus estimaciones, gravar a los más ricos con las mismas tasas que en 1980 supondría en promedio ingresos fiscales equivalentes al 0,25% del PIB en los países desarrollados.

«Las ganancias serían mucho mayores en ciertos casos, como en Estados Unidos», donde representarían el 1,5% del PIB, asegura el FMI, que denuncia igualmente los perjuicios de la optimización fiscal de las multinacionales.

Sólo en Estados Unidos, estas técnicas legales privan al fisco de recaudar 60.000 millones de dólares, estima el Fondo.

La institución precisa que no desea «entrar en el debate» sobre la necesidad o no de gravar a los más pudientes, pero asegura que existe una «oportunidad» única de modificar la arquitectura de la fiscalidad internacional.

Justicia fiscal

La directora general del FMI, Christine Lagarde, reforzó por su parte esta nueva orientación de la institución. Una fiscalidad más justa «interesa claramente a los ministros de Finanzas y es necesaria para encontrar un equilibrio en las finanzas públicas», declaró el miércoles en una mesa redonda. «Hay tantas oportunidades perdidas», estimó.

Mientras el gobierno francés defendía un impuesto del 75% sobre los altos ingresos, impugnado por el Consejo Constitucional, su ministro de Economía acogió tímidamente las sugerencias del Fondo.

«Si la idea de base es que la política fiscal es una política que trata de reducir las desigualdades, no me quejaría», declaró Pierre Moscovici en una conferencia de prensa en Washington. El ministro saludó la «evolución positiva» pero rechazó cualquier «cambio radical» del FMI.

A la cabeza de la lucha contra los paraísos fiscales y la evasión fiscal de las multinacionales, la OCDE por su parte felicitó al FMI por unirse a su lucha.

 «Vemos esto con buenos ojos. Hay lugar para todo el mundo. El Fondo puede suponer una verdadera contribución para los análisis económicos», indicó a la AFP Pascal Saint-Amas, jefe de la división fiscal de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico.

Entre bastidores, una batalla silenciosa se libra entre las dos organizaciones para tomar el liderazgo de la ofensiva contra los paraísos fiscales en el marco de los países del G20.

La revolución copernicana del FMI no está más que en su infancia. En el informe, el FMI continúa apostando por ampliar la base del IVA, considerado por muchos el impuesto más desigual por naturaleza, y al descenso del gasto público.

«Estas propuestas van en el buen camino, pero queda mucho por hacer», comenta Mombrial, que pide al Fondo que haga algo contra los flujos ilícitos de capital que suponen pérdidas, según la ONG, de 800.000 millones de dólares de ingresos a los países del Sur. AFP

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