Decenas de miles de hijos de haitianos, condenados a ser apátridas en República Dominicana

«Desbarató nuestros sueños (…), las aspiraciones que teníamos. Yo estaba listo para firmar (contrato con un equipo de béisbol), con las 90 y 91 millas que tiraba y tampoco pude ejercerlo porque no tenía la identidad (los documentos)», cuenta a la AFP Yuly Paredes Senfa, de 23 años.

«Temo que la generación que venga no tenga capacidad de reclamar sus derechos y que se queden en stand by, que no sean ni de aquí ni de allá, como han querido hacer con nosotros», comenta por su parte Wichna Joseph, nacida hace 20 años en el país en una familia de 10 hermanos.

Yuly y Wichna viven a 10 minutos del centro de San Pedro de Macorís, provincia oriental a 70 kilómetros de Santo Domingo, en uno de los muchos ‘bateyes’ diseminados por el país, asentamientos donde se establecían los habitianos que cruzaban la frontera para trabajar en la caña de azúcar y donde han crecido sus descendientes.

Un camino pedregoso se va adentrando en el Batey Esperanza, sin calles ni veredas, donde estos dos jóvenes viven con unas 60 familias cuyo origen es Haití, nación con la que Dominicana comparte la isla La Española.

Una radio con altoparlantes difunde de forma estridente una bachata, que se escucha en todo el sector, al estilo de cualquier barrio dominicano.

Según cifras oficiales, unos 240.000 descendientes de haitianos quedaron afectados a finales de septiembre por un fallo del Tribunal Constitucional, que determinó que los hijos de inmigrantes indocumentados y en tránsito no podrán adoptar la nacionalidad, una polémica decisión retroactiva a 1929.

La sentencia del TC se dio en respuesta al recurso interpuesto por Juliana Deguis Pierre, de 29 años, para pedir que la Junta Central Electoral (JCE) le devolviera su acta de nacimiento y su cédula como dominicana.

En 2007, este organismo resolvió anular sus actas de nacimiento y negarles la cédula a los hijos de inmigrantes ilegales, con lo que no pueden trabajar, estudiar en la universidad, abrir cuentas bancarias, acceder a servicios de salud y al plan de pensiones.

Antonio Paul Emil, activista de los derechos de los domínico-haitianos, recuerda que en anteriores dispositivos legales la transitoriedad está limitada a 10 días, por lo que es imposible pretender que los padres de Deguis se consideren de tránsito.

El ejército dominicano vigila estrechamente la frontera con Haití y en los últimos 13 meses ha repatriado a 47.700 indocumentados

Excusas presidenciales

El presidente Danilo Medina recibió el lunes a un grupo de defensores de los derechos de descendientes de haitianos, ante los cuales se excusó por este fallo y se comprometió a iniciar «un proceso de consulta para ver qué podríamos hacer en coordinación con los órganos competentes».

«La sentencia del Tribunal está apegada a la Constitución, lo que no sé es si también tiene prerrogativas para que esta sea retroactiva, porque la misma constitución establece que las leyes no son retroactivas», aseguró Medina.

La constitución de 2010 reconoce que son dominicanos quienes nacen en el territorio nacional «con excepción de los hijos e hijas de extranjeros miembros de delegaciones diplomáticas y consulares, de extranjeros que se hallen en tránsito o residan ilegalmente en territorio dominicano».

En su fallo, el máximo tribunal exhortó también al gobierno a aplicar el Plan Nacional de Regularización de extranjeros ilegales radicados en el país, con base en un mandato de la Ley de Migración que data de 2004, que considera que los descendientes de haitianos, considerados haitianos en la sentencia, podrían solicitar primero residencia y luego naturalización.

Para el abogado constitucionalista Cristóbal Rodríguez, el exhorto del Tribunal contradice la Constitución, pues «el plan de regularización está concebido para inmigrantes ilegales, no para gente que al amparo de la constitución anterior eran considerados como nacionales de la República Dominicana».

«Esas personas ya tienen la nacionalidad, tienen sus documentos es que se les está quitando», agrega Emil.

Wichna y Yuly fueron registrados con las fichas de sus padres, las que recibían como obreros beneficiados con un permiso de jornaleros temporales de la caña de azúcar que tenía vigencia desde 1929.

Hoy la JCE dice que esos documentos no son válidos, pero ellos dicen sentirse tan dominicanos como cualquier otro.

Según cifras del Fondo de Población de la ONU, en Dominicana, con una población de 9,7 millones, hay población de 458.000 personas haitianas o de ese origen.

Los casos de discriminación contra personas de origen haitiano en Dominicana han sido elevados a foros como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que el martes escuchó en Ciudad de México el testimonio de 27 dominicanos descendientes de haitianos que fueron expulsados entre 1994 y 2000. AFP