Responsabilizan a oficialistas y antichavistas

Estos sucesos prologaron el efímero golpe de Estado que separó del poder por 48 horas al presidente venezolano Hugo Chávez, restituido luego por sus simpatizantes.

«Allí hay responsabilidades de ciudadanos identificados con el gobierno y de ciudadanos identificados con la oposición», enfatizó Mundaraín al presentar un informe de los sucesos a la Asamblea Nacional (legislativo).

El informe señala también que 41 personas murieron entre el 12 y el 15 de abril de 2002 en hechos que podrían estar vinculados con la violencia posterior al golpe o en hechos delictivos.

Este es el primer informe oficial sobre los sucesos de ese día: la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General conforman el Poder Ciudadano, el quinto poder del Estado, junto al Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral.

Se trata de «una reconstrucción de los hechos» que busca ir más allá de las versiones interesadas de las dos partes involucradas: gobierno y oposición, afirmó Mundaraín.

Explicó que el informe contiene el desarrollo de las marchas y concentraciones del gobierno y de la oposición el 11 de abril de 2002.

Además, se ubican los lugares donde estaban enclavados los grupos policiales que ese día tenían la misión de evitar que ambas concentraciones se encontraran, dijo.

Aseveró que ese 11 de abril la situación se descontroló cuando la Policía Metropolitana, adscrita al opositor alcalde Metropolitano Alfredo Peña, rompió la barrera y se desplazó hacia donde estaban los partidarios de Chávez.

«Vemos cómo la Policía Metropolitana se desplaza hacia el norte de la ciudad, hacia Puente Llaguno y allí se rompió lo que venía siendo la barrera», puntualizó.

El informe contiene los lugares exactos donde cayeron las víctimas, incluso los heridos y el tema de los «tiradores encubiertos» o francotiradores que se ha denunciado actuaron en esos disturbios, destacó.

«Es doloroso decirlo: la cifra de sectores de oposición (fallecidos) es muy similar a la de los sectores identificados con el gobierno. En cuanto a los lesionados sí pareciera existir una pequeña desproporción», dijo, sin precisar detalles.

Afirmó que en Venezuela existe una «tradición de impunidad» y mencionó algunos ejemplos. «Creemos que hay esa tradición de impunidad que es necesaria vencerla porque la justicia es el único camino para garantizar la paz y porque la justicia es necesaria para reconciliar el país».

«Es necesario que se investiguen los tiradores encubiertos que fueron detenidos en las puertas de hoteles del centro de Caracas después de haber usado armas de fuego y el 12 (de abril) fueron puestos en libertad» por el gobierno provisional del empresario golpista Pedro Carmona, ahora exiliado en Bogotá.

Estimó que la sentencia que exculpó de los delitos de rebelión a los efectivos involucrados en el golpe es «una contribución a la impunidad. No es posible que los que secuestraron al Presidente e insurgieron contra el Estado de derecho estén paseándose por las calles».

«Todo el país vio cómo ciudadanos desde Puente Llaguno usaron armas de fuego», dijo al referirse a un grupo de chavistas. Se han producido «hechos concretos» como el enjuiciamiento de los pistoleros de Llaguno, «pero resultan pocos y queremos más», concluyó. *