Derechos Humanos

Amnistía Internacional pide ir más allá de la condena a Ríos Montt en Guatemala

La condena al ex presidente General Efraín Ríos Montt, de Guatemala, ha sido considerada “un paso histórico en la larga lucha del país por la justicia” afirmó Amnistía Internacional, que apunta ahora a no olvidar que detrás del genocida una larga lista de oficiales y subalternos, compartieron la responsabilidad.

Ex dictador guatemalteco Rios Montt condenado a 80 años de prisión

La afirmación toma particular valor ante la absolución por los mismos cargos que a Ríos Montt, del jefe de inteligencia del régimen, José Mauricio Rodríguez Sánchez.

Efraín Ríos Montt fue declarado culpable y condenado a 80 años por su papel como autor intelectual de los asesinatos de 1.771 personas y el desplazamiento forzado de decenas de miles de personas de la región del Triángulo Ixil del departamento de Quiché Sur -en 1982 y 1983- durante el conflicto armado interno que vivió la nación centroamericana.

La ONU denunció 200.000 desaparecidos o muertos

“Con esta condena, Guatemala lidera con su ejemplo en una región donde la arraigada impunidad de los crímenes del pasado sigue siendo lamentablemente la norma», dijo Sebastián Elgueta, investigador de Guatemala de Amnistía Internacional.”Guatemala debe ahora dar continuidad a este momento histórico, garantizando que todos los que participaron en el asesinato, la tortura, la violación y desaparición de decenas de miles de personas sean llevados ante la justicia”, enfatizó.

La comisión de la verdad que contó con el aval de ONU, reconoció que entre 1960 y 1996, más de 200.000 personas murieron o desaparecieron, como consecuencia de la guerra interna: el 80% eran indígenas mayas.

En la actualidad las fuerzas armadas guatemaltecas siguen siendo “poco cooperativas en lo que respecta a las investigaciones de violaciones de los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado”, recuerda Amnistía. La falta de documentación y la negación a proporcionar datos sobre las desapariciones forzadas supone “una pesada carga para las familias o víctimas que buscan justicia o simplemente tratan de encontrar el paradero de sus seres queridos desaparecidos”, apunta la organización.

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