Corte IDH juzgará a Estado chileno por condenas de hasta 10 años de prisión a líderes mapuches por terrorismo

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) realizará audiencias, los días 29 y 30 de mayo en San José, sobre las alegadas violaciones de los derechos de varios dirigentes de la etnia indígena mapuche de Chile, condenados en 2002 por terrorismo, informó el tribunal en un comunicado.

El caso, conocido en el proceso como «Norín Catrimán y otros», se refiere a la condena de siete líderes mapuches y una activista y simpatizante, a penas de hasta 10 años de prisión en juicios que, según organizaciones humanitarias, estuvieron plagados de irregularidades.

En particular, los demandantes alegan que a las víctimas se les aplicó una ley ambigua, que permitió calificar conductas imputadas a los dirigentes indígenas como «terroristas», con base en su origen étnico.

El caso fue elevado a la Corte IDH por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)el 7 de agosto de 2011.

En su alegato ante la Corte, la CIDH señala que las condenas se basaron en un contexto denominado «conflicto Mapuche» que no distingue las reivindicaciones legítimas de ese pueblo y su expresión en diversas formas de protesta social, con los actos de violencia en que han incurrido ciertos grupos minoritarios.

En tal sentido, el Estado chileno enfrentará cargos por violación al debido proceso y discriminación étnica.

Durante los dos días de audiencia, la Corte IDH escuchará la declaración de dos presuntas víctimas y dos testigos, así como el dictamen de tres peritos propuestos por las partes.

Las presuntas víctimas son los dirigentes del pueblo mapuche Segundo Aniceto Norín Catrimán, Pascual Huentequeo Pichún Paillalao, Florencio Jaime Marileo Saravia, José Huenchunao Mariñán, Juan Patricio Marileo Saravia, Juan Ciriaco Millacheo Lican y Manuel Ancalaf Llaupe, así como la activista Patricia Roxana Troncoso.

La Corte IDH realizará su 99 periodo de sesiones del 13 al 31 de mayo, durante el cual presidirá otras tres audiencias, una de ellas relativa al caso de una joven guatemalteca asesinada en 2001 que se ha convertido en emblema de la impunidad de cientos de feminicidios ocurridos en ese país centroamericano.

Los otros casos son el conocido como «J» contra el Estado de Perú, relativo a la detención arbitraria, tortura y violación de un ciudadano peruano, y el de un subcomisario argentino, Jorge Omar Gutiérrez, asesinado cuando investigaba un caso de corrupción. AFP