Amnistía Internacional 06 de mayo de 2013, 11:11hs

Europa: rige el Protocolo de protección a derechos básicos de los ciudadanos

Con la entrada en vigor del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, cualquier ciudadano de la Unión Europea tiene, desde este lunes, posibilidad de reclamar justicia ante la Organización de Naciones Unidas, en tanto se vulneren derechos que incluyen: agua, alojamiento adecuados, alimentación, salud, trabajo, seguridad social y educación.

Los ciudadanos tienen derecho a reclamar justicia ante la ONU, en caso que su gobierno no le proporcione un resarcimiento adecuado, ante la falta de esos derechos.

Pero el actual contexto de crisis recesiva y contracción de la economía en los países europeos, determina que los gobiernos de la mayoría de los países se estén mostrando reticentes ahora a ratificar el mismo documento que diseñaron y presentaron a la ciudadanía, que sí lo aprobó con su voto.

Con este escenario Amnistía Internacional está convocando a movilizarse para que los Estados miembros de la Unión Europea, empiecen a tomar en cuenta el impacto de las medidas de austeridad que han adoptado, en los derechos humanos de los vecinos.

Un compromiso de 27 países, sin cumplir

Para Amnistía la ratificación por parte de los 27 miembros de la Unión Europa, constituye una garantía de que los países respetarán los derechos humanos cuando aprueben normas económicas, en tanto conllevan la posibilidad de rendiciones de cuentas internacionales, cuando se hayan agotado todas las vías judiciales en un país miembro.

Aministía ha enfatizado que la Unión Europea no tenga en cuenta el impacto de las medidas de austeridad en los derechos humanos, en tanto ni siquiera es un tema que se aborda en las discusiones, aún cuando las normas comunes –que antecedieron al Protocolo- garantizan que toda persona puede disfrutar de derechos económicos, sociales y culturales sin discriminación, máxime “durante las recesiones, sobre todo porque las comunidades vulnerables corren un riesgo especial”.

Según la organización las actuales medidas deben garantizar que “no sumen a las personas aún más en la pobreza”, fijando niveles mínimos de derecho, como por ejemplo que ninguna persona quede sin techo, sin atención médica básica, pase hambre “o sea vez abocada a la indigencia”.