Multitudinarias manifestaciones en España y Portugal contra la austeridad impuesta por sus gobiernos para capear la crisis

«Stop al terrorismo social», «Los que roban a Portugal deben ser juzgados», «Pronto el Estado robará a los muertos», se podía leer en algunos de las pancartas que esgrimían los manifestantes en Lisboa.

«Que la troika se vaya al diablo», era no obstante el principal eslogan de los manifestantes para expresar el rechazo a las medidas de rigor impuestas por los tres acreedores públicos de Portugal, la Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Central Europeo (BCE), a cambio de un plan de rescate de 78.000 millones de euros acordado al país en mayo de 2011.

Según las estimaciones de los organizadores, más de 50.000 personas manifestaron en Lisboa y la misma cantidad den Oporto, importante ciudad del norte del país, mientras que varios miles se reagruparon en unas treinta ciudades. La policía portuguesa no comunica estimaciones de participación.

En Lisboa unas escaramuzas se produjeron entre manifestantes y policías delante del Parlamento sin causar víctimas.

Las manifestaciones fueron convocadas a través de Facebook por universitarios, artistas, poetas o músicos.

La movilización reivindicó un carácter apolítico aunque hayan recibido el respaldo de unos partidos de extrema izquierda y del principal sindicato portugués, el CGTP.

El descontento aumentó en Portugal tras las decisiones del gobierno de proceder este año a nuevos aumentos impositivos y de prever para 2013 un alza de 11% a 18% de los aportes salariales, una medida que, según los expertos, equivale a la pérdida de un mes de salario.

Desde que Portugal obtuvo el plan de rescate, el gobierno procedió a bajar los salarios de los funcionarios y a aumentar los impuestos.

Desde que anunció el refuerzo de las medidas de rigor, el primer ministro Pedro Passos Coelho está bajo el fuego de las críticas de la oposición pero también de varios de sus aliados políticos e incluso de la patronal.

La austeridad, principal eje de la política del gobierno, provocó una fuerte contracción de la economía de 3,3% en el segundo trimestre mientras que el desempleo es superior al 15% de la población activa.

El gobierno reconoció que no podrá cumplir este año su compromiso de llevar el déficit público a 4,5% del PIB por lo que la «troika» le acordó al gobierno un plazo adicional para reducir su déficit.

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