El FMI pide el control sobre los planes sociales

Se realizaron preferentemente frente al Ministerio de Trabajo, no sólo aquí sino también donde existen delegaciones provinciales. La semana próxima habrá cortes de rutas si no son atendidos los reclamos, dicen los impulsores de la protesta.

Las movilizaciones son reiteradas y para el presidente Eduardo Duhalde comienzan a teñirse de tono electoral, anatema dirigido a los partidos de izquierda que en general influencian a estas entidades, que no forman un bloque homogéneo ni tienen las mismas maneras de observar el panorama político actual.

Que esto es así no es tarea solamente de los expertos. Públicamente los enfoques ya han chocado en el pasado reciente. Pero lo que al principio surgía como diferencias ideológicas penetra, en algunos casos, en el terreno del agravio. O en el de las peores acusaciones. Unos a otros –no todos– se acusan de responder a las tácticas de contención del gobierno.

Hay datos objetivos: una porción minoritaria de los 1,9 millones de planes de auxilio es controlada por las organizaciones de desocupados. Esta realidad las coloca en contacto de negociación permanente a todas ellas.

Se estima que un 40 por ciento de los beneficiados realizan alguna tarea en compensación, en general trabajos rudimentarios, vinculados a faenas comunales (mantenimientos de plazas o edificios), o actividades sociales como la asistencia a comedores escolares.

En rigor, el panorama es más sofisticado. Casi todas las organizaciones de trabajadores desocupados alientan emprendimientos productivos; modestos, claro: construyen materiales para modestas viviendas, impulsan proyectos educativos, pequeñas clínicas adonde no llegan servicios de salud, etcétera. No es un universo ideal, pero refuta la idea del asistencialismo a secas no por obra oficial sino de estas entidades surgidas de la debacle del mercado laboral que se instaló con Carlos Menem y Fernando de la Rúa y se agudizó con la devaluación de Duhalde.

Ahora se sabe que por el miniconvenio entre Argentina y el FMI por el que se reprograman los vencimientos de deudas el gobierno se comprometió a que «por lo menos dos tercios (unos 1,2 millones) de los beneficiados participaran en actividades de trabajo elegibles». Más aún: auditorías, incluso externas, deberán verificar el estricto cumplimiento de estas metas. De manera indirecta se está diciendo que se agudizará el control sobre las organizaciones de piqueteros. Estos compromisos son clave para que el Banco Mundial otorgue al gobierno un crédito de 600 millones de dólares con destino a ese plan.

Las tareas a las que se deberán comprometer los desocupados que reciben los beneficios del plan (que no contempla a los jóvenes sin trabajo mayores de 18 años, que son una multitud) se bifurcan en dos senderos. En primer lugar, la incorporación de más personas a actividades comunales o escuelas. La segunda opción es una novedad que se las trae: un subsidio a las empresas privadas que tomen beneficiarios. En este caso durante seis meses, las empresas privadas pagarán el sueldo menos los 150 Lecop (una cuasimoneda equivalente al peso) que el beneficiario seguirá cobrando del Estado.

Al cabo de ese período, la empresa podrá hacer efectivo o despedir sin indemnización al trabajador. El objetivo oficial es que las empresas absorban a unos 400 mil beneficiarios del plan para ir reduciendo el padrón total y que se integren a la actividad privada.

Según la norma aprobada por el Ministerio de Trabajo, las empresas (pequeñas y medianas) no podrán despedir a trabajadores que ya están en su planta. Pero llevan a los nuevos al extremo máximo de la flexibilización laboral, un antiguo reclamo del Fondo.

Este será aparentemente un asunto de debate. En el oficialismo se sostiene que es una oportunidad para la reinserción laboral si se cumplen las profecías de que de la recesión ya se sale y que el PBI trepará no menos del 3 por ciento este año, con el agregado de que aun con semejante inestabilidad, el que logre incorporarse a una empresa recibirá los beneficios, aunque sean transitorios, de la seguridad social, de los que hoy carecen todos. Es una postura discutible: se sostiene en otros ámbitos que es una manera de flexibilizar al mínimo la media salarial y que lo que hoy se requiere es un shock distributivo para alentar el mercado interno.

La difusión del acuerdo entre Argentina y el FMI ha desatado una discusión: si es más de lo mismo o si el gobierno logró atenuar exigencias del organismo financiero. La lectura de la carta de intención deja claro un ajuste por 4.500 millones de pesos (un dólar, 3,30 pesos, ayer) para seguir pagando la deuda externa. O que los bancos oficiales puedan recibir capitales privados.

También figura la necesidad de revisar las tarifas de los servicios públicos, no el monto, un compromiso que el gobierno busca implementar por medidas de discutible legalidad que ya motivaron reclamos para que sean anuladas en los tribunales. *