Sindicatos sellan pacto para pedir renuncia de presidente de Bolivia

Quispe, líder de los indígenas aymaras y conocido como Mallku (autoridad suprema en lengua nativa), anunció un corte de rutas en el Altiplano y advirtió que «la población tiene que aprovisionarse de alimentos» para resistir un prolongado conflicto.

Morales –cuyas fuerzas sindicales disputan hace nueve días a sangre y fuego la posesión de importantes tramos de una ruta troncal en el Chapare–, y Quispe, encabezaron en abril y setiembre de 2000 violentas protestas, cada una con un mes de duración, que pusieron en jaque al gobierno del extinto presidente Hugo Banzer (1997-2002).

Su sucesor constitucional a la muerte de Banzer, el derechista Jorge Quiroga (2001–2002), también afrontó prolongados cortes de ruta que llevaron a intensas y duras negociaciones propiciadas por la Iglesia católica y otras organizaciones humanitarias.

Ante el anuncio de Quispe de sumarse a las protestas cuando aún estaba en curso una negociación de los cocaleros con el Gobierno, el ministro de la Presidencia, Carlos Sánchez, convocó nuevamente al diálogo.

«Nosotros estamos sorprendidos con esta actitud (…). Hay avances sumamente importantes (con la Csutcb), incluso se han suscrito disposiciones legales», reaccionó Sánchez.

Sin precisar fecha, Quispe, que encabeza la poderosa Confederación Sindical Unica de Trabajadores Campesinos (Csutcb) y diputado del Movimiento Indigenista Pachacuti (MIP), anunció que ordenará un corte de las principales rutas del Altiplano, que conducen a Perú y Chile. Cabeza del insurgente Ejército Guerrillero Tupac Katari (EGTK), que operó un año a principios de la década de los 90 hasta su desarticulación, Quispe purgó cuatro años de cárcel acusado de alzamiento armado, sedición y una decena de cargos.

En un intento por desactivar el conflicto social y aislar a Morales, el gobierno había alcanzado sendos acuerdos por separado con los sindicatos minero y de jubilados. Los mineros, que reclamaban la reactivación del sector, comenzaron a negociar con el gobierno tras violentos enfrentamientos con las tropas en la sureña localidad de Machacamarquita, donde efectuaron cortes de ruta, y un minero murió a causa de un impacto de bala que le destrozó un pulmón. La administración Sánchez de Lozada suscribió la víspera un acuerdo con los ancianos jubilados que en oposición a un nuevo sistema de cálculo de sus pensiones marcharon durante ocho días a lo largo de 100 km.

Desde que comenzó el conflicto, el pasado 13 de enero, la violencia y diversos acontecimientos conexos al mismo se cobraron la vida de 20 personas, entre ellas seis cocaleros, un minero, siete ancianos y un soldado. Las protestas dejaron también más de una veintena de heridos y centenares de detenidos, la mayoría ya puestos en libertad. *