Indígenas lanzan nueva ofensiva en Bolivia contra carretera amazónica

La marcha que trepó durante dos meses desde las calurosas tierras amazónicas hasta el frío andino de La Paz volcó el objetivo de su protesta hacia la anulación de una ley que llama a consulta a los pueblos del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) acerca del tramo carretero.

Los cientos de manifestantes que llegaron este miércoles a La Paz rechazan esa consulta que el gobierno quiere poner en marcha de julio a agosto y piden la simple nulidad del proyecto vial en que está empeñado Morales.

«Pedimos la nulidad de la ley 222 porque viola la Constitución, viola los convenios internacionales y viola la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas», proclamó Fernando Vargas, uno de los líderes de la movilización.

En la réplica, el ministro del Interior, Carlos Romero, dijo en rueda de prensa que «no hay posibilidad de eludir la consulta», porque está amparado en la normativa nacional y los convenios internacionales, de manera que «no podemos inaplicar la Constitución».

A pesar del antagonismo, tanto Vargas como Romero manifestaron por separado su intención de entablar negociaciones.

«Los dirigentes de la marcha han solicitado el diálogo, pero ningún personero del gobierno ha acudido a la marcha», se quejó Vargas. Romero respondió que «el gobierno tiene toda la disposición para instalar el diálogo de manera inmediata».

Además, los marchistas insisten en dialogar directamente con Morales quien se trasladó este jueves a la ciudad argentina de Mendoza para participar de las cumbres del Mercosur y de la Unasur, que debatirán posibles sanciones a Paraguay tras la destitución de Fernando Lugo de la Presidencia.

El cientista político y docente universitario Carlos Cordero destaca que «la indiferencia con la que el gobierno de Evo Morales ha recibido a los marchistas del TIPNIS responde a una estrategia usada contra otros sectores con los cuales jugó al desgaste y a la desacreditación, mientras esperaba que éstos ya debilitados acepten negociar».

Por el momento, los indígenas cesaron sus movilizaciones «porque ha muerto una bebé (traída en la marcha por sus padres) y nos vamos a dedicar a eso», dijo Vargas. La pequeña, de 6 meses, aparentemente falleció por una complicación broncopulmonar.

Sin embargo, para los días siguientes están planificándose diversas movilizaciones por el centro de La Paz, donde se encuentran las sedes de los poderes Ejecutivo y Legislativo.

Morales insistió repetidamente en la construcción de esa polémica vía de 300 km por el TIPNIS, región rica en flora y fauna, a pesar de la oposición de grupos indígenas que consideran que la ruta provocará grave daño ambiental y abrirá la posibilidad de nuevos cultivos de coca, insumo de la cocaína.

Los amazónicos realizaron el año pasado una marcha a La Paz contra la construcción de la carretera y obligaron a Morales a vetarla mediante una ley, pero el oficialismo, semanas después, aprobó otra norma para realizar una consulta indígena a fin de construir la vía.

La otra campana

El Gobierno boliviano reiteró hoy la disposición a dialogar con la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano, 60 corregidores del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure y las organizaciones regionales indígenas.

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, señaló en conferencia de prensa en el Palacio Quemado que el Ejecutivo tiene toda la disposición de instalar ese diálogo de manera inmediata, porque tiene como filosofía de trabajo la concertación y el escuchar a la gente.

Romero subrayó que si el objetivo es tratar la problemática de la intangibilidad y la construcción de una carretera por el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), entonces debe debatirse con los 60 corregidores de las comunidades del bosque amazónico y las tres organizaciones del territorio.

El diálogo, acotó el titular de Gobierno, debe realizarse en el marco de lo que establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el cual señala que la consulta se hace con los pueblos interesados o susceptibles de ser afectados con un proyecto o iniciativa estatal.

La denominada novena marcha, convocada por la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano demanda la anulación de la Ley 222 de Consulta a los habitantes del Tipnis.

Los marchistas arribaron a La Paz con solamente dos corregidores del Tipnis y pocos originarios en sus filas, pero con la presencia de representantes de otros sectores, entre ellos políticos de los opositores Movimiento Sin Miedo y Convergencia Nacional, así como activistas medioambientales.

La caminata esgrime la protección de los territorios indígenas, la biodiversidad y el respeto a la Ley Corta que prohibió construir caminos por el Tipnis y lo declaró zona intangible, pero también busca anular una ley de consulta indígena, que determinaría la construcción o no de una vía interdepartamental por el parque amazónico.

Para el gobierno del presidente Evo Morales la consulta es un derecho fundamental de los pueblos indígenas, y la que se pretende realizar en el Tipnis, para decidir la construcción o no de una vía interdepartamental a través de esa reserva natural, recibió el beneplácito del Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia.

Los dirigentes de la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano decidieron la movilización a pesar de la anulación del contrato para construir la carretera Villa Tunari (Cochabamba) y San Ignacio de Moxos (Beni), un proyecto que demandan varios sectores, incluso indígenas, para el desarrollo regional.

El camino acercaría importantes servicios de salud y educación, facilitaría el comercio de las comunidades indígenas asentadas en esa reserva natural, así como ayudaría en la integración de varios departamentos del país.