Policías negocian cese del motín y marcha indígena retrasa entrada a La Paz

Mientras transcurren las negociaciones, cientos de uniformados alzados volvieron a manifestarse este martes en las afueras del palacio de Gobierno, en la Plaza de Armas, donde el mandatario despachó en la mañana, según una fuente del Palacio Quemado consultada por la AFP.

Paralelamente, grupos sociales afines a Morales, entre ellos muchos empleados de la administración pública, se reúnen en una plaza de las afueras de La Paz para un acto de apoyo al presidente, quien asistirá a esa concentración, según fuentes de la casa de Gobierno.

«Que no llamen a ese acto (público de apoyo porque) lamentablemente va a haber enfrentamientos y va a empeorar la situación», advirtió Guadalupe Cárdenas, la líder de las esposas de policías amotinados.

Preocupado por la huelga policial en Bolivia y por su posible politización, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, pidió en Washington a las partes negociar para hallar una solución al conflicto.

«La huelga del cuerpo armado encargado de custodiar el orden público ya genera de por sí una sensación de incertidumbre», declaró Insulza, según un comunicado de la OEA.

«Pero cuando una legítima reivindicación gremial parece confundirse con objetivos políticos de desestabilización, eso debe preocuparnos mucho más», añadió.

En La Paz, llegaron a la Plaza de Armas, sede de los poderes Ejecutivo y Legislativo y generalmente vedada a los manifestantes, grupos de maestros de la educación pública (dirigidos por trotskistas) para solidarizarse con los uniformados que, paradójicamente, normalmente son sus represores.

En medio de ese clima de crispación, una delegación policial reanudó sin embargo este martes negociaciones con tres ministros de Estado para levantar el motín de policías rasos que en seis días se extendió a los nueve departamentos de Bolivia.

La base del diálogo gira en torno al pedido de un salario básico de 2.000 bolivianos (unos 287 dólares al cambio), abrogación de un régimen disciplinario de la policía, jubilación con el 100% del último salario, creación de una defensoría policial y garantías de que los agentes amotinados no sufrirán represalias.

Firme en su tesis de que se intenta fraguar un golpe de Estado, la ministra de Comunicación, Amanda Dávila, declaró a la estatal radio Patria Nueva que «éste no es un movimiento cualquiera: tiene el poder de las armas, de los gases lacrimógenos y todas las herramientas» que ahora ha volcado «contra el Estado Plurinacional».

En la misma dirección, los gobernadores de ocho departamentos del país, excepto Santa Cruz, rechazaron el martes, convocados por el gobierno, los supuestos intentos conspirativos contra el presidente Morales.

«Repudiamos y condenamos los afanes y propósitos de grupos conspiradores y sediciosos que están generando hechos de violencia y cuyos actos están orientados a desestabilizar el proceso democrático promoviendo un golpe de Estado», manifestó el gobernador de La Paz, César Cocarico.

Dávila puso como evidencia de la presunta conspiración un atentado con dinamita que cortó esta madrugada las transmisiones de una radio del sindicato campesino de Oruro, afín al gobierno.

Además, el edificio del Congreso sufrió la noche del lunes un atentado con dinamita que provocó daños en el despacho de la presidenta de la Cámara de Diputados, denunció este martes un influyente parlamentario del oficialismo.

Con el fin de evitar acusaciones de conspiración contra Morales, la marcha de indígenas de la Amazonia, que rechaza la construcción de una carretera por su territorio, considerado área protegida, postergó su ingreso a La Paz, después de caminar más de dos meses desde las tierras bajas hasta la sede de Gobierno (un trayecto de 600 km).

Alrededor de unos mil indígenas amazónicos acamparon a 12 km de La Paz, en la localidad de Urujara, en medio de un drástico frío invernal que ha afectado particularmente a mujeres y niños que acompañan la caminata.