Juicio al presidente en el Senado paraguayo

El plenario giró el documento a la Comisión de Asuntos Constitucionales, que se reunirá el 30 de diciembre para tratar la viabilidad del enjuiciamiento, que desde hace meses amenaza la continuidad en el poder de González Macchi.

El presidente de la Comisión, Miguel Angel Ramírez, aclaró sin embargo que en el encuentro del 30 de diciembre «no vamos a dictaminar sobre el fondo de la cuestión sino sólo vamos a establecer el procedimiento a seguir en el tratamiento del tema».

El Senado, que asume el papel de tribunal para juzgar a González Macchi, no tiene plazo establecido para finalizar el juicio político, pero en esferas parlamentarias se estima que el plenario iniciará su estudio el jueves 2 de enero, concluidos los festejos del Año Nuevo.

La Cámara alta requiere de una mayoría de dos tercios de los votos de sus 45 miembros (o los presentes en la sesión) para tomar una decisión.

En caso de que encuentre culpable al presidente, éste debe ser destituido del cargo y pasar sus antecedentes a la Justicia ordinaria.

Según la acusación preparada por los senadores, durante el gobierno de González Macchi «la corrupción y el desgobierno han sido la constante y como consecuencia, los problemas económicos y sociales se han agudizado, elevando los niveles de desempleo, pobreza y pobreza extrema en nuestro país».

El texto agrega que, como nunca antes bajo otro gobierno, el Estado paraguayo se endeudó sin haber generado las condiciones para devolver los préstamos.

En cuanto a hechos concretos de corrupción, se acusa a González Macchi de haber participado, junto a familiares y allegados, en el desvío de 16 millones de dólares de bancos privados intervenidos por el gobierno a cuentas particulares en Estados Unidos.

Se suman a la acusación la utilización del mandatario de un automóvil robado en Brasil, el haber protegido presuntamente a funcionarios acusados de corrupción y apañar graves irregularidades en el proceso de privatización de empresas públicas, entre otros cargos.

Como conclusión, el escrito expresa que «en base a todo lo expuesto, por la ineficiencia de su gestión y por la corrupción generalizada (…) el presidente Luis González Macchi carece de idoneidad y autoridad moral para el ejercicio del cargo».

El impulso inicial que había cobrado la aprobación del enjuiciamiento a González Macchi se diluyó un tanto ante la incertidumbre de quién ejercerá el cargo hasta la toma de posesión del nuevo presidente que deberá surgir de las próximas elecciones, en agosto de 2003, en caso de destitución.

La vicepresidencia, en efecto, permanece vacante tras la renuncia de Julio Franco y no hay consenso sobre un nuevo candidato.

En la actual línea sucesoria se ubica en primer lugar el cuestionado titular del Congreso, Juan Galaverna, rechazado por la mayoría de los sectores políticos.

Galaverna, a su vez, está acusado de tráfico de influencia y hechos de corrupción. Públicamente el legislador llegó incluso a jactarse de violar la Constitución para evitar el juramento de un senador ligado al ex militar golpista Lino Oviedo. *