La solidaridad con Venezuela y el presidente Chávez

Crecen las expresiones de solidaridad con la revolución bolivariana y el presidente Hugo Chávez, contra la ofensiva de las Fedecámaras, el monopolio comunicacional, la cúpula seudosindical y los partidos desplazados del poder, que procuran reeditar el golpe de Estado del 11 de abril. El presidente chileno Ricardo Lagos señaló que Chávez «está al frente de un gobierno constitucional y legítimo», Lula envió a su asesor internacional Marco Aurelio García a dialogar con el mandatario en Caracas, el XI Encuentro del Foro de São Paulo expresó su apoyo al proceso revolucionario venezolano y a la promoción de un amplio movimiento solidario con su pueblo y su gobierno, al que adhieren con medidas de movilización las organizaciones populares y sociales de Colombia. En este cuadro se inserta la resolución de la OEA del día 16.

El petróleo, objetivo mayor

A esta altura rompe los ojos que uno de los objetivos mayores de los golpistas apunta a la empresa estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa). Procuran paralizarla, generar el desabastecimiento –que en parte se ha producido– y crear las condiciones para su privatización, tras la cual está acechando el trust petrolero. El Tribunal Supremo de Justicia ordenó reanudar la producción petrolera. Los gerentes llamaron a desacatar la decisión. El comandante del Ejército, Julio García Montoya, calificó los actos cometidos contra instalaciones de Pdvsa y el secuestro de los buques tanqueros (véase nuestra nota del 17) como «una agresión contra la supervivencia del Estado y que, por lo tanto, sobrepasa los límites del juego democrático (…) vendido con el camuflaje de la protesta cívica y la acción política legalmente válida». De paso, conviene conocer los sueldos de los «ejecutivos golpistas de Pdvsa», como se les llama. Edgar Paredes percibe 54 mil dólares por mes, Vincenzo Paglione 62.500, Karl Mazeika más de 63 mil. En total, 22 ejecutivos se llevan 9.390.000 dólares por año, un promedio superior a 35.500 dólares mensuales cada uno. Quieren seguir prendidos, pero se les va a terminar.

Mientras el gobierno se ha movido en todos los casos con apego estricto a la Constitución, a la ley y a la decisión de los órganos del poder del Estado, los golpistas tienen ahora además en su contra la resolución de la OEA. Esta se reunió a instancias del canciller venezolano, escuchó su presentación inicial y tomó en cuenta «la iniciativa del gobierno de Venezuela de impulsar y realizar un proceso de diálogo, sin exclusiones». Sobre esas bases resolvió: «Respaldar plenamente la institucionalidad democrática y constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, cuyo gobierno preside Hugo Chávez Frías, y rechazar categóricamente cualquier intento de golpe de Estado o alteración del orden constitucional venezolano» (punto 1). El punto 2 respalda las gestiones de Gaviria, del Centro Carter y del PNUD. En el punto 3 se urge a ambas partes para que «en negociaciones de buena fe alcancen una solución constitucional, democrática, pacífica y electoral», formulación reiterada a lo largo del documento.

El artículo 72

Esta alude directamente al artículo 72 de la Constitución Bolivariana, que establece: «Todos los cargos y magistraturas de elección popular son revocables. Transcurrida la mitad del período, un número no menor del 20% de los electores inscriptos en la correspondiente circunscripción podrá solicitar la convocatoria de un referendo para revocar su mandato. Cuando igual o mayor número de electores que eligieron al funcionario hubieren votado a favor de la revocatoria, siempre que haya concurrido un número de electores igual o superior al 25% de los inscriptos, se considerará revocado su mandato. Durante el período para el cual fue elegido el funcionario no podrá hacerse más de una solicitud de revocación de su mandato».

Téngase presente que Chávez fue electo presidente el 6 de diciembre de 1998 con 56,2% de los votos; en mayo de 1999 logró 88% a favor de su propuesta de Asamblea Constituyente; en diciembre de ese año un 71% respaldó en referendo la Constitución Bolivariana; y el 30 de julio de 2000 fue reelecto con 59,75% de los votos.

Con estos datos se comprende por qué los golpistas quieren derribar a Chávez por cualquier medio y ahora, sin esperar el plazo constitucional de agosto de 2003.

Razones de urgencia

Pero hay razones adicionales muy importantes. En particular, que el 1º de enero de 2003 entran en vigencia las leyes de hidrocarburos y de tierras.

«La Ley de Hidrocarburos –escribe Heinz Dietrich Steffan– permitiría desmantelar el metaestado de Pdvsa, es decir, la nomenclatura corrupta del petróleo que controla la economía del país. Hoy día, sólo el 20% de esta megaempresa es integrado a las arcas del Estado; el 80% figura como ‘costos operativos’ que enriquecen las cuentas secretas de los beneficiarios de este cáncer económico». Esa proporción rige desde 1998. En 1974 era la inversa: 80% para el Estado y 20% de «costos operativos». El analista concluye: «Es lógico que van a luchar hasta la muerte –de la nación– para defender ‘su’ oro negro».

La Ley de tierras afecta a los grandes latifundistas y también a los especuladores inmobiliarios y a los propietarios de terrenos baldíos en las zonas urbanas.

Respaldo colombiano

Las tres centrales colombianas: CUT, CGTD y CTC dieron un fuerte respaldo al presidente y al proceso democrático en el país vecino. La Federación de trabajadores petroleros colombianos propuso enviar afiliados suyos para apoyar a la industria petrolera venezolana contra el sabotaje. El parlamentario Wilson Borja planteó el tema en el Congreso en nombre del Polo Democrático y Gloria Gaitán, hija del asesinado líder liberal Eliécer Gaitán, acusó a la oligarquía venezolana. El 7 de enero una caravana de camiones unirá Bogotá con Caracas para expresar el apoyo de las 150 organizaciones del Comité de Solidaridad con el pueblo de Venezuela. *