La OIT se prepara para debatir el "déficit de trabajo decente"

 

En momentos en que los países de América Latina y el Caribe enfrentan una situación marcada por el aumento del desempleo, el incremento de la pobreza y por un acusado deterioro social y laboral, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) inicia en Lima, el martes 10 de diciembre su Decimoquinta Conferencia Regional con el objetivo de trazar un balance de la realidad social de la región y de proponer –como lo señala el Informe que examinarán los delegados– «una salida productiva» que permita superar la nueva y grave crisis económica que atraviesa la región.

Los más de 400 delegados, representantes a su vez de gobiernos y organizaciones sindicales y empresariales de 35 países de las Américas, que convergerán en Lima entre el 10 y el 13 de diciembre, examinarán un Informe del director general de la OIT, el chileno Juan Somavía, titulado «Globalización y Trabajo Decente en las Américas» y pasarán revista a temas tales como el impacto de la globalización en la región, los problemas de discriminación y género, la dimensión sociolaboral de la integración regional y lo que el Informe califica como «los déficit de trabajo decente», comprendidos los déficit de empleo e ingresos, de protección social y de diálogo social.

Según el Informe, tales déficit se traducen en una oferta de empleos insuficiente para hombres y mujeres, una protección social inadecuada, la denegación de los derechos en el trabajo y deficiencias en el diálogo social. Al mismo tiempo la OIT llama la atención sobre «la grave crisis que viven algunos países de la región y que obliga a aplicar de inmediato políticas sociales de emergencia que impidan la explosión de la pobreza, el hambre y la desesperación de millones de desempleados y de desplazados por la violencia (Colombia).»

«Estamos –dice Somavia– ante poblaciones desesperadas que no entienden cómo sus propios países han podido llegar a tal situación y que en muchos casos se sienten como los auténticos parias de la globalización».

El director general de la OIT destaca que la Conferencia constituye la oportunidad de evaluar lo sucedido en la región en estos últimos diez años y llama a adoptar medidas que permitan no sólo recuperar un crecimiento económico alto sino también incorporar los objetivos sociales al interior de la política económica. «De no hacerlo –advierte– la actual situación podría deteriorarse aun más agravando la pobreza y la exclusión social y poniendo en peligro la estabilidad política de muchos países, incluso la propia capacidad de convivencia democrática».

La reunión de Lima tiene lugar en un contexto regional de bajo crecimiento económico, alto desempleo y creciente informalización del mercado de trabajo.

A las personas que no tienen un empleo, se suman aquellas cuyo empleo es de muy mala calidad, con bajos niveles de productividad e ingreso; en su inmensa mayoría estas personas trabajan en el sector informal o no estructurado de la economía. Las estimaciones de la OIT nos muestran que aproximadamente el 47 por ciento de la PEA urbana ocupada de América Latina trabaja en el sector informal. «En términos generales –subraya el Informe– podemos afirmar que siete de cada diez personas económicamente activas en el ámbito urbano de América Latina carecen de empleo o tienen un empleo de mala calidad».

Al referirse al déficit en materia de protección social, el Informe advierte que dos tercios de la población activa total en la región latinoamericana están fuera de la seguridad social, sea en materia de prestaciones de salud, sea en materia de pensiones. La situación resulta particularmente aguda en el caso de las mujeres económicamente activas quienes en un 80 por ciento carecen de toda protección de las instituciones de seguridad social, según las estimaciones de la OIT.

En lo que a accidentes de trabajo se refiere, el informe advierte que en América Latina y el Caribe fallecen anualmente unas 27,000 personas como consecuencia de accidentes ocurridos en el lugar de trabajo. «Ello representa una tasa de 13,5 por ciento por cada 100.000 ocupados».

El director general de la OIT lamenta en su informe que la afiliación sindical en la región durante la pasada década se redujo en porcentajes que oscilan entre un uno por ciento y un 29 por ciento, dependiendo de los países. Esta reducción, según el informe, se debe a múltiples causas, desde el aumento exponencial del número de trabajadores con contratos de duración determinada hasta el crecimiento de la informalidad. «Todo ello –aclara Somavía– sin desconocer el hostigamiento contra el movimiento sindical y la violencia de que fue objeto en algunos países en los años noventa, ni tampoco las dificultades que ha tenido el propio movimiento para modernizarse y expandir su representación hacia el sector informal».

El informe pasa revista a algunas de las causas que llevaron a la crisis, muchas de ellas, dice, «estrechamente vinculadas a graves deficiencias en el funcionamiento de la institucionalidad democrática, a la propagación de la corrupción hasta niveles nunca antes vistos anteriormente y a la pérdida de confianza de la sociedad en la independencia de los poderes y en la seguridad jurídica de la que toda persona y empresa debe gozar».

Al referirse a los procesos de reforma del Estado y de privatizaciones de empresas públicas que caracterizaron las políticas de la década del 90, el informe señala que en el caso de los primeros, «casi nadie está hoy satisfecho con la reforma… algunos porque piensan que se desvirtuó la naturaleza del Estado, otros porque piensan que la reforma no ha modificado una concepción del Estado que, en su opinión, dificulta el buen funcionamiento del mercado». *