Al infierno, pero no a la cárcel

Ante la inminencia de la aprobación de la iniciativa enviada al Parlamento por el gobierno socialista de España, que despenaliza el aborto hasta la semana 14 de gestación, la Iglesia Católica endureció al máximo su ofensiva, anunciando que todo político que vote a favor cometerá ?pecado público mortal? y ?caería en la herejía y en la excomunión?.

Las respuestas rechazando lo que se considera injerencia confesional no se hicieron esperar, y algunas -como el ministro de Fomento José Blanco- vienen de las propias filas católicas. Para el también vicesecretario del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y diputado, el aborto podrá ser pecado para quienes, como él, profesen esa fe, pero nunca delito. Aclara que lo que más lo irrita no es ?la deriva autoritaria de quienes pretenden que sus creencias sean ley?, sino ?la hipocresía episcopal?

 

El proyecto de ley que se debate en el Parlamento español despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación, por considerarlo un derecho de las mujeres.

La iniciativa del gobierno que encabeza José Luis Rodríguez Zapatero, sustituiría a la ley vigente desde 1985, por la que se despenalizara el aborto en casos de violación, graves malformaciones del feto y daño para la salud física y psíquica de la madre.

La nueva normativa, que se presume será aprobada, implica que en España el aborto será una prestación pública y gratuita, incluida en el Sistema Nacional de Salud. La edad mínima para poder solicitarlo fue fijada en 16 años, la misma que se requiere para las demás prestaciones sanitarias, a partir de la cual las jóvenes no necesitarían el permiso paterno.

 

CONFUSION ENTRE PECADO Y DELITO

En vigorosa embestida, el vocero de la Conferencia Episcopal de Madrid y obispo auxiliar de la misma ciudad, monseñor Antonio Martínez Camino, advirtió que los legisladores católicos que voten a favor de esa ley ?estarían en situación objetiva de pecado público mortal y no pueden ser admitidos a los sacramentos?. Agregó que además ?podrían caer en herejía, ya que para la Iglesia Católica el aborto supone quitar la vida a un ser humano. Así quien lo defiende entra en contradicción con la fe divina católica?.

En la polémica que estalló de inmediato, predominan las voces que sostienen que la Iglesia se extralimita, invadiendo temas propios del Parlamento.

Una de ellas es la del ministro de Fomento José Blanco, quien en su blog o diario personal en internet escribió: ?Soy católico. Como tal, estoy dispuesto a creer que el aborto es un pecado. Pero antes soy ciudadano y demócrata. Y como tal, no estoy dispuesto a creer ni a admitir que el aborto tenga que ser un delito?.

A mayor abundamiento, el también vicesecretario del PSOE, advierte que ?Como creyente, se me puede exigir que mi vida personal responda a los criterios morales derivados de mi fe. Pero como representante de los ciudadanos no se me puede exigir que pretenda imponer esos criterios por ley a toda la sociedad. Más bien se me tiene que exigir lo contrario: que defienda el derecho de todas las personas a vivir de acuerdo con sus propios valores, religiosos o de cualquier otro tipo?.

Blanco atribuye el hecho de que la Iglesia Católica sea vista por muchos como instrumento de opresión, a ?la confusión entre pecado y delito, la idea obsoleta de que el Estado debe actuar como brazo ejecutor de la doctrina de la Iglesia, la injusta pretensión de obligar a todos a vivir según las creencias de algunos, la nunca abandonada aspiración a hegemonizar moralmente a la sociedad a través de las leyes? y recuerda que ?En el Estado moderno no hay ninguna posibilidad de aceptar que una doctrina religiosa dicte las leyes que afectan a todos?.

 

RESPONSABILIDAD LEGISLATIVA

Con calidad didáctica, Blanco explica: ?Casi todos los delitos son pecado (aunque hay que ver la indulgencia con la que la Iglesia ha contemplado secularmente algunos de ellos); pero lo que es pecado no tiene por qué ser delito. Llevar el catecismo al Código Penal es inasumible por una sociedad civilizada. La mujer que decida libremente interrumpir su embarazo puede ser que vaya al infierno; pero de ninguna manera tiene que ir a la cárcel?.

Y en alusión directa a la amenaza de monseñor Martínez Camino, responde: ?No hay ninguna amenaza eclesiástica que pueda inducirme, como miembro del Parlamento, a promover una legislación que convierta en delincuentes a las mujeres que quieren decidir sobre su maternidad. Y la obligación del legislador democrático, cualesquiera sean sus convicciones íntimas, es garantizar que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos en condiciones de libertad y de seguridad?.

 

IMPLICANCIAS POLITICAS

Blanco aclara que lo que más lo irrita no es el autoritarismo de la Iglesia, sino ?la hipocresía episcopal?, ?Porque si el aborto es un crimen que tiene que ser perseguido, lo será de igual manera con la ley que está en vigor desde hace más de veinte años que con la que ahora propone el gobierno. Se trataría del mismo crimen cuando gobernaba el PP (Partido Popular) y se practicaban en España más de medio millón de abortos legales que cuando gobierna Zapatero?. Refiere a la ley que, en aplicación desde 1985, permite las interrupciones de embarazo por determinadas causales.

En la misma línea de pensamiento, advierte que ?habría que denigrar y excomulgar no sólo a los socialistas españoles, sino a los conservadores de todos los gobiernos europeos que han promulgado leyes de plazos iguales a la que vamos a votar en España. Habrá que organizar manifestaciones no sólo en Madrid sino en París, en Londres, en Berlín, en Amsterdam??.

Pero nadie llamó asesino a José María Aznar, que gobernó ocho años con esa ley en vigencia. El epíteto se lo dirigen a Zapatero, justamente cuando propone una norma que no sólo establece plazos, límites y condiciones objetivas para practicar legalmente el aborto, sino que da garantías sanitarias y seguridad jurídica a mujeres y médicos, y además incluye medidas para prevenir embarazos no deseados, origen de la mayoría de los abortos voluntarios.

?La jerarquía eclesiástica española ha formulado de hecho una nueva doctrina: la regulación legal del aborto es un crimen execrable siempre y cuando la impulse un gobierno socialista en España. Y es algo ante lo que puede hacerse la vista gorda cuando es la derecha quien la ampara, dentro o fuera de España?, concluye Blanco antes de anunciar enfáticamente que, como diputado, ?voy a votar la ley del aborto a mucha honra. Y como católico, voy a decirle a los obispos que su discurso sobre este tema no sólo es reaccionario: es hipócrita. Y que mentir a sabiendas no es un delito, pero sí es un pecado?.